Читать книгу Lecciones de economía española - José Colino Sueiras - Страница 42

La dotación de recursos, a la que hasta ahora se ha hecho mención, compone un soporte decisivo para la actividad económica, pero cada vez cobran una mayor importancia las cuestiones ambientales y los grandes retos que plantean en la actualidad. La sostenibilidad y la lucha frente al cambio climático, en particular, han adquirido el carácter de desafío global y han pasado a constituir requisitos indispensables para el crecimiento económico, con el respaldo de una creciente concienciación y sensibilidad social.

La degradación del medio ambiente y el cambio climático (cuyos efectos palpables se perciben en el aumento de temperatura del planeta, la desertificación, las sequías o las inundaciones, el deshielo de los polos, la subida del nivel del mar o los fenómenos meteorológicos extremos) amenazan con graves impactos en los ecosistemas, los sectores económicos y el bienestar humano y constituyen un peligro existencial al que se enfrentan Europa y el resto del mundo, al tiempo que sitúan a España en una de las zonas geográficas de mayores riesgos y más vulnerables al calentamiento global.

La inquietud mundial ante estos retos llevó, hace unas décadas, a la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y cristalizó en un primer y emblemático acuerdo internacional con el Protocolo de Kioto de 1997. Sin embargo, la inoperancia en la aplicación de los acuerdos establecidos se prolongó en el tiempo, a pesar de las sucesivas Cumbres del Clima (COP) celebradas a lo largo de los últimos decenios, hasta llegar al histórico Acuerdo de París, suscrito por 195 países en diciembre de 2015. En ese Acuerdo se recogían objetivos e instrumentos más ambiciosos de los logrados hasta entonces, al fijar la meta global de limitar el aumento de la temperatura media mundial en 2 grados, comprometer medidas más eficaces para la reducción de emisiones, incorporar a China y Estados Unidos –los mayores emisores–, prever la movilización de recursos financieros y, en fin, propugnar una economía más «limpia», sostenible y baja en emisiones.

Para alinearse y cumplir con esos objetivos del Acuerdo de París, e impulsar al tiempo una economía sostenible, la Unión Europea ha puesto en marcha la ambiciosa estrategia de Green Deal, destinada a reducir las emisiones, vincular el crecimiento económico con el uso eficiente de los recursos y contribuir a la transformación y modernización de la economía, movilizando cuantiosos recursos para la inversión y generando nuevas oportunidades de empleo y actividad.

El Pacto Verde Europeo, aprobado en 2019, y los variados planes y medidas a las que ha dado lugar, recogen los objetivos, medidas e instrumentos de esa estrategia y establece los compromisos de impulsar el proceso de descarbonización y alcanzar la neutralidad climática –con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero– en el horizonte del año 2050. A la par, se desarrollan actuaciones destinadas a disminuir la contaminación y restaurar la biodiversidad, incorporar tecnologías limpias, promover modelos de transporte y movilidad no contaminante, procurar la eficiencia energética y avanzar en el uso y gestión eficiente de los recursos y en la cooperación medioambiental internacional.

En el marco de la Agenda 2030, puesta en marcha por las Naciones Unidas, la Unión Europea se encuentra comprometida igualmente con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y ha puesto en marcha un Plan de Acción para la Economía Circular, con iniciativas dirigidas a fomentar el reciclaje y la reutilización de recursos, así como una Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030, que prevé el refuerzo de zonas protegidas y la restauración de sistemas degradados, el aumento de la agricultura ecológica y la reforestación.

Europa ha convertido, pues, la «transición verde» en una absoluta prioridad y, en las actuales circunstancias de la pandemia de la COVID-19, en uno de los pilares fundamentales de los objetivos de recuperación que persigue la ingente movilización de fondos del programa Next Generation.

Esos mismos compromisos y objetivos han sido plenamente asumidos por nuestro país, mediante una estrategia, alineada con la de la Unión Europea, de «transición ecológica», lucha contra el cambio climático y avance hacia una economía sostenible y circular, basada en el potencial de los recursos naturales disponibles en la esfera de las energías renovables y concebida como una oportunidad de transformación de nuestra economía y un instrumento de impulso a la recuperación tras la pandemia.

Tras años de retraso, la nueva Ley de cambio climático supone un verdadero cambio de paradigma, al incorporar los objetivos de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23 por 100 en 2030 respecto a los niveles de 1990 (gráfico 1). La meta final propuesta es la de alcanzar en 2050 la «neutralidad climática» y llegar al 100 por 100 de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, al tiempo que se fomenta la movilidad sostenible, mediante el coche eléctrico y la instalación de una amplia red de puntos de recarga. La norma incorpora igualmente el veto a las extracciones de hidrocarburos y a la técnica de la fractura hidráulica (fracking) y estimula la rehabilitación de edificios para lograr superiores cotas de eficiencia energética. Objetivos como esos han sido incorporados ya al Plan de energía y clima (PNIEC) 2021-2030, que ha sido remitido recientemente a la Comisión Europea y con el que se podría contribuir a movilizar cuantiosas inversiones públicas y privadas (estimadas en 240 mil millones) y crear hasta 350 mil nuevos empleos. Estas favorables estimaciones no deberían hacer olvidar, en todo caso, la necesidad de acompañarse de mecanismos de compensación destinados a los sectores y territorios más perjudicados por los impactos negativos que también comporta ese proceso de «transición verde».

La nueva Ley de cambio climático plantea asimismo objetivos y actuaciones dirigidas a la protección de la biodiversidad y la conservación y restauración de los ecosistemas. Nuestro país es el que cuenta con un mayor número de reservas de la biosfera del mundo, para las que se perfilan nuevas estrategias de relanzamiento capaces de generar impulsos de desarrollo socioeconómico en las zonas de la «España vaciada» y más afectada por el despoblamiento, en las que se localizan principalmente. Junto a ello, se proponen otros objetivos encaminados a corregir las deficiencias en la gestión de los recursos naturales y ambientales, en particular en la mejora de la gestión de los cultivos agrícolas, el desarrollo rural, la conservación de suelos, la gestión forestal sostenible y la reforestación, la recuperación de humedales o la mejora en la planificación sostenible del agua y del litoral. En ámbitos como estos, al igual que en los de implantación de nuevos modelos menos contaminantes de transporte y movilidad, en la eficiencia energética y el reciclaje y la rehabilitación, existen significativas oportunidades para la inversión, la generación de empleos y actividad y el impulso de la innovación, apoyados en nuevas tecnologías como la del hidrógeno y en iniciativas como las de almacenamiento energético o de la denominada «economía azul» para el aprovechamiento de los recursos marinos.

Gráfico 1. Evolución de las emisiones totales brutas en España por sectores, 1990-20301 (millones de toneladas de CO2 equivalente)

Notas: (1) Los datos de 2020, 2025 y 2030 son estimaciones del Escenario Objetivo del PNIEC. (2) Incluye: Otros sectores, Residuos, Emisiones fugitivas, Gases fluorados y Uso de productos.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2019.

Entre los desafíos ambientales de nuestro país, no cabe olvidar los relacionados con la contaminación y la calidad de aire, especialmente preocupantes en algunas grandes urbes y zonas industriales, y el de la generación y el tratamiento de residuos sólidos. Estos últimos tienden a aumentar con el nivel de renta y han experimentado una notable progresión en las últimas décadas. En el Programa Estatal de Prevención de Residuos se ha establecido una senda para su reducción, junto a otra serie de medidas encaminadas a la optimización de los sistemas de recogida, la mejora de las infraestructuras de tratamiento y la valorización de la parte no reciclable de los residuos. Pese a los avances registrados y a una inicial disminución, la producción de residuos urbanos en España ha registrado un ligero incremento en los últimos años, hasta llegar a los 486 kilogramos por habitante. A ello se une que, según los últimos datos ofrecidos por Eurostat para 2019, la tasa de reciclaje y reutilización de los residuos municipales en España se sitúa en el 34,7 por 100, más de 15 puntos por debajo del objetivo fijado por la Unión Europea, y ha experimentado una tendencia al empeoramiento en los últimos años.

Definidas de este modo las grandes orientaciones de las políticas ambientales, lo que resultará decisivo será el acierto y la agilidad en su aplicación, la eficacia en la movilización de recursos financieros y en la captación de fondos europeos, en la capacidad para promover alianzas público-privadas que faciliten su desarrollo y en la existencia de unos adecuados esquemas de fiscalidad, en los que España ha de dar todavía pasos importantes hacia una reforma impositiva verde, ya que actualmente se encuentra entre los países europeos con menores ingresos por fiscalidad ambiental.

El conjunto de esta estrategia debería servir, en definitiva, como elemento esencial para la protección, conservación y ampliación de los recursos ambientales y como revulsivo y reforzamiento de nuestro «capital natural», convertido en protagonista y factor esencial en la lucha contra la pérdida de diversidad y, simultáneamente, en instrumento de generación de empleo y actividad. España puede, y debe, aprovechar estas oportunidades que ofrece la economía circular y hacer de ellas una pieza central para la reactivación económica tras la pandemia, en línea con las orientaciones y prioridades establecidas por la Unión Europea en la cuantiosa dotación de fondos destinados a este fin.