Читать книгу Lecciones de economía española - José Colino Sueiras - Страница 36

España forma parte de la Eurozona desde su nacimiento en 1999. En el periodo transcurrido desde la creación del euro, España ha registrado etapas muy diferenciadas. Los primeros diez años fueron de un elevado crecimiento económico que generó una convergencia real con las economías europeas más prósperas gracias a un aumento de la renta per cápita, una gran expansión del empleo y una reducción significativa de la tasa de paro a pesar de la fuerte corriente migratoria que llegó al país (gráficos 1 y 2). En esos primeros diez años, de aparente éxito, se fueron creando divergencias y desequilibrios en el seno de la Eurozona que la hizo vulnerable a cualquier perturbación económica. A esa etapa le siguió una crisis económica más profunda y prolongada que la registrada en las economías más prósperas de la Unión. Las principales variables económicas mostraron peores registros que en cualquier otra crisis experimentada por la economía española en los últimos sesenta años. Fueron los años de la gran divergencia y el inicio de los fuertes conflictos en el seno de la Eurozona en los que se temió por la continuidad del euro. Solo la voluntad y compromiso político con el proyecto europeo permitió la pervivencia del euro a pesar del grave perjuicio económico y social que estaba ocasionando. Desde finales de 2013 se inició una etapa de crecimiento económico que permitió recuperar el nivel del PIB per cápita, aunque no la tasa de paro alcanzada en la etapa de prosperidad. Por último, la pandemia debida a la COVID-19 ha supuesto un shock económico de enorme magnitud, cuyas consecuencias en la producción, el empleo y el bienestar todavía son inciertos.

Gráfico 1. PIB per cápita, 1999-2020

(1999 = 100)

Fuente: Comisión Europea, AMECO.

España se pudo incorporar a la Eurozona porque el principal requisito para formar parte del euro fue el logro de una cierta estabilidad macroeconómica, especialmente mantener una tasa de inflación baja y unas finanzas públicas cuyos indicadores de déficit y deuda no superasen ciertos umbrales. Y mediante un moderado esfuerzo para conseguir esos objetivos el país se incorporó a una zona monetaria común sin satisfacer los requisitos que recomienda la teoría de las AMO sobre la flexibilidad y eficiencia de los mercados de bienes, servicios y factores, así como la conveniencia de una mayor integración financiera y fiscal. Es decir, se renunció a una autonomía monetaria y cambiaria sin disponer de los estabilizadores automáticos a escala de la Eurozona que facilitasen los ajustes ante eventuales desequilibrios macroeconómicos. Además, la respuesta europea a la crisis financiera, forzando medidas de austeridad, desactivó los estabilizadores automáticos nacionales.

Gráfico 2. Tasa de desempleo, 1999-2020

(porcentajes)

Fuente: Comisión Europea, AMECO.

El efecto inmediato de la incorporación de España a una zona monetaria de baja inflación fue una fuerte caída de los tipos de interés nominales y reales que acabaría teniendo unos efectos procíclicos desestabilizadores de la economía española. Ello, unido a la abundante liquidez internacional existente entre 1999 y 2007, impulsó una entrada masiva de capitales en España a un coste muy bajo. Los bancos alemanes, y de otros países de la Eurozona y de fuera de la misma, vieron la oportunidad de prestar en España a tipos algo superiores a los vigentes en sus países. Esta entrada de recursos financieros exteriores alimentó una fuerte presión de la demanda sobre una oferta carente de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las pautas de gasto. El resultado fue un notable aumento de los precios, muy superior al registrado por los de nuestros socios comunitarios (entre 1999 y 2007 el deflactor del PIB creció un 41 por 100 mientras que en Alemania creció el 7,7 por 100 y en Francia el 17 por 100), de manera que se produjo una pérdida de competitividad frente a la mayoría de los países de la Eurozona. Asimismo, la fuerte presión de la demanda llevó a un incremento de las importaciones, originando un creciente déficit por cuenta corriente desde la entrada en el euro (en 2010 alcanzó el 10 por 100 del PIB) y un aumento sustancial del endeudamiento exterior. En definitiva, el propio euro fue el que causó un shock asimétrico al impulsar artificialmente la actividad económica y generar una pérdida de competitividad que trajo consigo un crecimiento insostenible del endeudamiento exterior (gráfico 3). El resultado ha sido que a finales de 2020 la deuda bruta española, pública y privada, frente al resto del mundo alcanzó los 2.236 miles de millones de euros (199,7 por 100 del PIB), siendo la deuda neta de 945 miles de millones de euros (84,4 por 100 del PIB). La magnitud del endeudamiento puede constituir, ante un posible aumento de los tipos de interés, un obstáculo para el restablecimiento de un crecimiento económico sostenido.

Gran parte de los recursos captados en los mercados financieros internacionales se canalizaron hacia la construcción de viviendas y otras actividades inmobiliarias. La fuerte presión de la demanda produjo un crecimiento de los precios de la vivienda muy elevado (212 por 100 entre 1997 y 2008), a pesar de la gran expansión de la oferta de viviendas. La consecuencia fue la generación de una burbuja inmobiliaria que cuando explosionó, a partir de 2008, puso en evidencia los desequilibrios acumulados durante el periodo de prosperidad. El elevado flujo de capitales exteriores canalizados a la construcción de viviendas llevó a un enorme endeudamiento frente al resto del mundo, difícil de devolver, ya que dichos recursos se destinaron a la inversión en actividades incapaces de generar superávit en la cuenta corriente a través de las exportaciones. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria los prestamistas internacionales cuestionaron la solvencia de España, y no solo cortaron radicalmente la provisión de liquidez, sino que reclamaron la devolución de los préstamos a su vencimiento. Pero España pertenecía a un sistema monetario que no tenía previsto como suministrar liquidez en caso de salida masiva de capitales de un país miembro. Y tampoco disponía de instrumentos para realizar los ajustes ante un desequilibrio de tal magnitud. En esta situación, la única vía disponible para reequilibrar las cuentas exteriores de una economía que había perdido competitividad externa, y estaba muy endeuda con el resto del mundo, fue verse forzada a una «devaluación interna».

Gráfico 3. Posición inversora internacional neta, 1999-2020

(en porcentaje del PIB)

Fuentes: Comisión Europea, AMECO, Eurostat, y Banco de España.

Así pues, tras diez años de alegre expansión económica, se entró en una etapa en la que la necesidad de desapalancamiento financiero del sector privado ocasionó una fuerte caída de la demanda interna, que se redujo el 18 por 100 entre 2007 y principios de 2014, provocando una contracción de la producción del 7 por 100 y una destrucción de 3,5 millones de empleos, de manera que la tasa de paro llegó a superar el 26 por 100. Una caída tan brusca de la actividad y del empleo desencadenó unos círculos viciosos de impagos (privados y públicos), cierres de empresas, fragilidad de las entidades financieras y recortes en la prestación de algunos servicios públicos que desembocaron en una depresión económica profunda y duradera.

Si la crisis no fue todavía más profunda y duradera, dadas las deficiencias institucionales sobre las que se había creado el euro, fue porque el BCE, con gran retraso y tras varios errores (subida de tipos cuando la economía estaba hundiéndose), suministró, desde mediados de 2011, liquidez de emergencia para evitar quiebras bancarias y del sector público en España y en Europa (los principales acreedores eran las instituciones financieras alemanas). El sistema bancario español recibió a través del Target 2 (el mecanismo a través de la cual circula la liquidez en la Eurozona) los recursos necesarios para evitar su estrangulamiento financiero y contribuyó a financiar un sector público maltrecho. El sistema de pagos del área del euro sirvió como mecanismo opaco de rescate y evitó el desmoronamiento del euro. El BCE no solo cubrió las necesidades de financiación de la economía española, sino que también compensó las salidas de capitales que tuvieron lugar desde mediados de 2011 hasta mediados de 2012, de modo que las entidades de crédito acumularon un gran endeudamiento con el Eurosistema.

Salvado el estrangulamiento que estaba ocasionando la falta de liquidez en el sistema económico, el gran reto era como realizar el ajuste de una economía tan desequilibrada interna y externamente. Ante la ausencia del tipo de cambio nominal para devaluar la moneda y de un presupuesto comunitario que realizase transferencias corrientes de fondos para suavizar el ajuste, se hizo imprescindible recurrir a la austeridad y la represión salarial para reequilibrar la economía. Esta devaluación interna, a la que colaboró la reforma laboral de 2012, ayudó significativamente a realizar una recomposición de la producción, que pasó de estar centrada en la demanda interna a orientarse hacia el exterior, al tiempo que se generaba un fuerte crecimiento de la productividad para salir de la recesión. Y ello se hizo destruyendo el empleo en las actividades menos productivas y también en aquellas orientadas fundamentalmente al mercado interior.

Tras varios años de ajuste, la economía española comenzó a dar los primeros signos de recuperación a finales de 2013, conforme factores internos y externos se mostraron más propicios para impulsar la actividad económica. Internamente, se realizaron esfuerzos para recuperar la competitividad, como pone de manifiesto la evolución de los costes laborales unitarios nominales, fruto del ajuste laboral y salarial (gráfico 4). Al mismo tiempo, las familias realizaron grandes esfuerzos para reequilibrar sus finanzas y a finales de 2013 comenzaron a aumentar sus gastos e impulsar la demanda interna. Y externamente hay que destacar el buen comportamiento de las grandes empresas exportadoras españolas que, representando tan solo el 1 por 100 del total de empresas exportadoras (unas 800 empresas), fueron responsables del 64,6 por 100 del volumen de ventas exteriores en el periodo 2010-2019. Estas empresas han conseguido incrementar sustancialmente sus envíos al exterior, tanto en la etapa expansiva como durante la Gran Recesión, ya que han logrado mantener crecimientos moderados de costes y precios debido a los notables crecimientos de su productividad. El reto de España era que, dada la magnitud de sus desequilibrios, necesitaba una mejora de su competitividad, y mientras que esto no comenzó a producirse no se pudo iniciar la salida de la recesión. Aunque solo cuando el BCE cambió la orientación de la política monetaria y tuvo lugar la depreciación del euro, a partir de 2014, se consolidó la recuperación de la economía española. Ello se vio favorecido por la caída del precio del petróleo, de manera que el sector exterior pasó de ser una restricción al crecimiento a comportarse como el principal impulsor de la actividad productiva. Esta estrategia de mejora de la competitividad permitió recuperar los niveles de competitividad compatibles con el equilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos y, por tanto, restablecer la confianza en la economía española.

Gráfico 4. Costes laborales unitarios nominales, 1999-2020

(1999 = 100)

Fuente: Comisión Europea, AMECO.

Mediante estos ajustes internos y externos se logró retornar al nivel de producción de los años previos a la Gran Recesión y se avanzó en la lenta recuperación del empleo y la correspondiente reducción de la tasa de paro, en un marco equilibrado que auguraba un crecimiento sostenido a medio plazo. No obstante, en el primer trimestre de 2020, la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha provocado un shock económico nunca antes registrado en España en tiempos de paz. En esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis financiera y pese a las desfavorables condiciones en los mercados internacionales, las ventas al exterior han reaccionado con gran fortaleza ya que la economía española ha recuperado su competitividad. Así, las exportaciones son el componente de la demanda que está ayudando en mayor medida a la recuperación de la actividad productiva; y ello sin contar con una de sus principales partidas, como es el turismo, que todavía no ha podido colaborar debido a las restricciones sanitarias. Además, en esta ocasión, la pertenencia a la Unión Europea constituirá un apoyo notable para la salida de la crisis, pues por primera vez se ha aprobado un plan de estímulo global para las 27 economías que propiciará su recuperación coordinada. Con todo, y a pesar de la cuantía de las ayudas, la Unión Europea sigue quedándose corta ante la magnitud del problema al que se enfrenta la sociedad europea. Es por ello que España tiene que acometer reformas estructurales que configuren mercados de bienes y factores más flexibles y competitivos para poder absorber perturbaciones en el seno de una unión monetaria cuyas economías siguen teniendo comportamientos dispares. De hecho, en los últimos años se han iniciado reformas dirigidas a flexibilizar el funcionamiento de los mercados de trabajo y de bienes y servicios. Sin embargo, ha faltado ambición y determinación para romper definitivamente las barreras que impiden el adecuado funcionamiento de los mercados. Solo mediante reformas institucionales que combatan las regulaciones y comportamientos anticompetitivos se conseguirá fortalecer la estructura productiva, de modo que la economía española sea menos vulnerable a desequilibrios internos y perturbaciones externas que periódicamente limiten el crecimiento económico y la prosperidad nacional.

En cualquier caso, las perspectivas de la economía española en el seno de la Eurozona van a depender crucialmente de los cambios institucionales que hagan viable la moneda única. El euro es algo más que una moneda. Es un proyecto político que implica la pérdida permanente de la soberanía nacional. Pero, como reconoció Robert Mundell ya en 1961, la moneda es la expresión de la soberanía nacional y una reorganización de las monedas, como se ha hecho en Europa, solo es factible si va acompañada por cambios políticos profundos. Estos cambios tienen que ir en la dirección de una mayor integración política. Para que diversos países y regiones puedan compartir una moneda es necesario no solo, ni principalmente, una mayor sincronización de los ciclos económicos y una mayor convergencia real, sino disponer de un conjunto de reglas e instituciones comunes que anulen muchas de las parcelas de soberanía nacional que todavía existen. En particular, es preciso que entren en funcionamiento mecanismos de transferencias de fondos dentro de los miembros de la Eurozona, de manera que, ante cualquier desequilibrio en algún país o región, los instrumentos estabilizadores eviten ajustes tan dolorosos en términos de producción y empleo como los que hubo que realizar para superar la Gran Recesión. Para alcanzar este objetivo es necesario que los países de la Eurozona sean conscientes que comparten un destino común y se den pasos ambiciosos en la integración política, pues ello será la garantía de que el periodo de paz y prosperidad iniciado en los años cincuenta se prolongue indefinidamente en sociedades abiertas y democráticas.