Читать книгу Aspectos tributarios de la financiación de la vivienda - Juan Enrique Varona Alabern - Страница 7

Relativo a los gastos que provoca la vivienda en las economías de los hogares, las familias destinaron de media un 30,45% de sus ingresos totales a este fin entre 2006 y 2020, creciendo de media más de diez puntos porcentuales, de 24,94% en 2006 a 35,64% en 2020 (INE, 2021). Este aumento llama especialmente la atención ya que la porción del presupuesto destinada a otros gastos básicos y fundamentales aumentó en menor medida o, incluso, llegó a decrecer. Es el caso de los gastos en salud o transporte, los cuales se incrementaron menos de un punto porcentual, y los correspondientes a educación o comida, los cuales disminuyeron. En otras palabras, el gasto destinado a vivienda por parte de los hogares cada vez tiene un mayor protagonismo en el consumo familiar ya que supone un mayor porcentaje de sus ingresos totales.

No obstante, este peso tan notable que presenta sobre el gasto del hogar no va en la misma línea que el gasto social destinado a esta partida por parte del Sector Público. España destaca entre los países de la Unión Europea por el escaso gasto público que destina a vivienda, ya que, según datos de 2019, únicamente designa un 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB) a políticas de vivienda, aunque la media de los países de la UE-28 no se encuentra muy alejada, en un 0,6% de su PIB. No obstante, hay países como Croacia o Bulgaria que se sitúan muy por encima de la media, destinando un 2,0% y un 1,2% de su PIB, respectivamente. También es importante añadir que España no es el país que menos destina a vivienda, sino que otros países como Dinamarca, Grecia o Suiza apenas destinan un 0,2% del PIB. La realidad muestra la existencia de un bajo nivel de gasto público en términos de vivienda en cada uno de los países considerados (ver Tabla 1) en comparación con el resto de las partidas analizadas. Por tanto, el problema de la vivienda y cómo afrontarlo continúa siendo la “gran asignatura pendiente” en Europa desde el ámbito público dado el desajuste existente entre la compra o alquiler de una vivienda y el salario medio de cada ciudadano/a, hecho que puede llegar a dificultar, y en realidad lo hace, la accesibilidad a una vivienda en condiciones de normalidad, siendo necesarios mayores niveles de protección social y, de este modo, combatir posibles problemas de exclusión residencial.

Entre las distintas partidas en las que los países de la Unión Europea reparten su presupuesto, la correspondiente a vivienda es la que recibe una menor cantidad de recursos públicos, tal y como acabamos de señalar. Muy cerca de ella, encontramos a Defensa y Medio Ambiente, destinándole España un 0,8% y un 0,9% del PIB, respectivamente, y situándose en esta última partida por encima de media de los países que conforman la UE-27. Las restantes partidas de manera individual, excepto una, no llegan a superar el 10% del PIB en el Gasto Público total: Cultura (1,1%), Orden Público y Seguridad (1,8%), Asuntos Económicos (4,0%), Educación (4,0%), Servicios Públicos Generales (5,5%) y Sanidad (6,1%). Finalmente, los países de la Unión Europea están más concienciados en cubrir las necesidades reales de sus ciudadanos/as y, por ello, destinan una mayor cantidad de recursos a la partida de protección social, un 19,3% del PIB es la media de los países de la UE-27 y un 17,4% del PIB el correspondiente a España.

En comparación con la media de países que conforman la UE-27, España destina una mayor cantidad de recursos públicos en las partidas de Orden Público y Seguridad y Medio Ambiente. En el resto, destina una menor proporción, probablemente debido al propio retraso en cuanto a su evolución de nuestro joven Estado de Bienestar.

TABLA 1. Gasto total de las administraciones públicas por función, 2019 (en porcentaje del PIB).

	Servicios Públicos Generales	Defensa	Orden Público y Seguridad	Asuntos Económicos	Medio Ambiente	Vivienda	Sanidad	Cultura	Educación	Protección Social	Total
UE-27	5,8	1,2	1,7	4,4	0,8	0,6	7,0	1,2	4,7	19,3	46,6
UE-28	5,5	1,3	1,7	4,3	0,8	0,6	7,1	1,1	4,7	18,6	45,8
Zona euro	5,8	1,2	1,7	4,3	0,8	0,6	7,2	1,1	4,6	19,8	47,0
Alemania	5,7	1,1	1,6	3,3	0,6	0,4	7,4	1,0	4,3	19,7	45,2
Austria	5,7	0,6	1,3	5,8	0,4	0,3	8,3	1,2	4,8	20,1	48,4
Bélgica	6,9	0,8	1,7	6,7	1,3	0,3	7,6	1,3	6,2	19,4	52,1
Bulgaria	2,8	1,2	2,8	6,5	0,7	1,2	5,0	0,7	3,9	11,5	36,3
Chipre	7,5	1,8	1,7	4,6	0,3	1,6	4,0	0,9	5,4	12,4	40,0
Croacia	5,6	1,0	2,2	8,2	0,7	2,0	6,3	1,5	4,8	14,5	47,0
Dinamarca	6,0	1,1	1,0	3,1	0,4	0,2	8,2	1,6	6,3	21,4	49,2
Eslovaquia	5,4	1,1	2,3	5,1	0,8	0,5	7,7	1,2	4,2	14,4	42,7
Eslovenia	5,2	1,0	1,6	4,5	0,6	0,4	6,7	1,4	5,5	16,5	43,3
España	5,5	0,8	1,8	4,0	0,9	0,4	6,1	1,1	4,0	17,4	42,1
Estonia	3,5	2,1	1,8	3,9	0,7	0,4	5,3	2,0	6,0	13,2	38,9
Finlandia	7,9	1,2	1,2	4,2	0,2	0,3	7,1	1,5	5,6	24,0	53,2
Francia	5,5	1,7	1,6	6,0	1,0	1,1	8,0	1,4	5,3	23,9	55,6
Grecia	7,9	2,0	2,1	4,0	1,4	0,2	5,3	0,8	4,0	19,8	47,5
Hungría	8,2	1,0	2,1	8,0	0,5	0,8	4,5	3,0	4,7	12,7	45,6
Irlanda	2,7	0,2	0,9	2,3	0,4	0,7	4,7	0,5	3,1	8,9	24,5
Islandia	7,2	0,1	1,5	4,9	0,6	0,6	7,9	3,0	7,1	11,0	43,8
Italia	7,5	1,3	1,8	4,0	0,9	0,5	6,8	0,8	3,9	21,2	48,6
Letonia	3,8	1,9	2,2	5,3	0,6	1,0	4,2	1,5	5,8	12,1	38,4
Lituania	3,5	1,6	1,4	3,0	0,4	0,5	6,2	1,2	4,6	12,3	34,6
Luxemburgo	5,0	0,4	1,2	5,2	0,9	0,6	5,0	1,3	4,7	18,0	42,2
Malta	5,6	0,7	1,3	5,1	1,4	0,4	5,5	1,1	5,3	10,8	37,1
Noruega	4,8	1,9	1,2	6,0	0,9	0,8	8,7	1,8	5,6	19,7	51,5
Países Bajos	4,1	1,3	1,8	3,8	1,4	0,4	7,7	1,2	5,0	15,4	42,0
Polonia	4,2	1,6	2,1	4,8	0,5	0,5	4,9	1,3	5,0	16,7	41,8
Portugal	6,7	0,8	1,7	3,6	0,6	0,5	6,6	0,9	4,4	16,9	42,5
Reino Unido	4,3	2,0	1,8	3,5	0,6	0,8	7,7	0,6	4,9	14,8	41,0
República Checa	4,4	0,9	1,9	6,1	0,8	0,7	7,6	1,4	4,9	12,6	41,3
Rumanía	4,2	1,7	2,2	4,7	0,7	1,1	5,0	1,0	3,6	11,9	36,2
Suecia	6,9	1,2	1,3	4,4	0,5	0,7	7,0	1,3	6,9	19,0	49,3
Suiza	4,2	0,8	1,6	3,9	0,6	0,2	2,1	1,0	5,4	12,9	32,7

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat (2021).

Así, se pone en evidencia la necesidad de aumentar el gasto público para promover vivienda social. Junto a ello se requiere también una modificación fiscal en lo que a impuestos que gravan la vivienda se refiere. Más concretamente, se plantea la posibilidad de depender en menor medida de los impuestos relativos a las transacciones de vivienda, para hacerlo en mayor medida de los impuestos anuales sobre la propiedad del inmueble. Es decir, que en lugar de gravar la compra de vivienda (a través del Impuesto sobre el Valor Añadido –IVA– en la vivienda nueva o el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales –ITP– en la vivienda usada) se grave la tenencia de la misma (mediante el Impuesto de Bienes Inmuebles –IBI–). De esta manera, se verían disminuidas las dificultades asociadas a la movilidad, se favorecería el ajuste del mercado de trabajo y se fomentaría el crecimiento económico. Asimismo, cabe señalar que la supresión de los incentivos fiscales a la compra de vivienda recae en mayor medida sobre los colectivos con menor poder adquisitivo, tales como jóvenes, hogares unipersonales o monoparentales, etcétera.

La retirada o reducción de incentivos fiscales para los titulares de hipotecas también se plantea como modificación para detener las presiones sobre los precios de la vivienda y facilitar el acceso a la misma, pero de manera gradual, ya que puede generar desequilibrios en el corto plazo. A pesar de que en un principio esto entorpecería la adquisición de vivienda por parte de población joven, en el medio y largo plazo ayudaría a que los precios se redujeran, garantizando un progreso equilibrado. Además, se lograría fomentar la eficiencia del mercado, generándose el incremento de la oferta en zonas de elevada demanda, tal y como se ha discutido previamente. Por ello, es importante que la eliminación de la desgravación de los intereses hipotecarios se realice gradualmente.

De esta manera, el Gobierno de España considera una propuesta en la cual las reducciones fiscales podrían llegar al 90% en el rendimiento bruto para los propietarios que alquilen sus viviendas en las zonas tensionadas con una reducción del 10% del precio del último contrato existente. En este caso, se aboga por incentivar en lugar de prohibir, ya que de este modo se espera evitar que los propietarios y rentistas sigan manteniendo sus viviendas dentro del mercado del alquiler.

Por otro lado, se está valorando la posibilidad de imponer deducciones del 10 y 20% para aquellos propietarios y rentistas que oferten sus viviendas rehabilitadas y/o en zonas de precios altos a familias vulnerables o menores de 35 años para, así, estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles. Dichas deducciones serían a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas –IRPF– y se sumarían a las ya existentes del 60% en el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual. Es decir, un propietario de vivienda podría alcanzar una reducción de hasta el 90% en el IRPF. La situación impositiva actual logra el objetivo de que haya un mayor número de viviendas en alquiler, pero no es del todo claro que facilite el acceso a las mismas por parte de los hogares de rentas bajas, especialmente en grandes áreas metropolitanas. Es por ello por lo que la AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (2020) propone enunciar de nuevo este incentivo poniendo el foco en las personas con menor renta, jóvenes y colectivos más vulnerables.