Читать книгу Transición y democracia en España - Julio Pérez Serrano - Страница 14

Las políticas locales de participación comenzaron a estructurarse por los ayuntamientos democráticos tras el franquismo, de manera desigual, en un contexto de fuerte presencia municipal de partidos de izquierda y de un activo asociacionismo vecinal, suscitando ciertas expectativas cuando aún permanecían activas algunas energías movilizadas durante la Transición (Castells, 1992; Pindado, 2002, 2008). Las primeras delegaciones de participación ciudadana promovieron, bajo discursos de «descentralización y proximidad», nuevas divisiones distritales, reglamentos, equipamientos y actividades socioculturales en barrios. En gran parte influidas por lo que Pindado ha denominado «contener y contentar», fueron dirigidas a asociaciones, sobre todo vecinales, a menudo con el objetivo de su aproximación al ámbito municipal, incluyendo apoyos selectivos y cierta cogestión de actividades culturales y recreativas, acaso pequeñas actuaciones urbanísticas, pero sin abordar el debate general sobre la ciudad (Borja, 2006). La tensión sociopolítica fue decayendo y el movimiento vecinal se resintió, aumentando su desmovilización e institucionalización. Se produjo un trasvase de líderes a espacios institucionales y las concejalías de participación primaron la interlocución con sectores asociativos afines distanciándose de otros más reivindicativos.

Ya en los noventa, experimentaron algunos cambios y sus estructuras, por lo general con débil peso político, se fueron consolidando en los organigramas municipales. Se intervino en nuevos temas, se hizo más presente «lo local» y la proyección de las ciudades o la difusión de imágenes «de marca» urbanas… Importantes ayuntamientos, sobre todo en las capitales andaluzas, comenzaron a ser gobernados por expresiones políticas más conservadoras e impulsaron estrategias de comunicación con fuertes tintes propagandistas. Más allá de las entidades vecinales surgieron nuevas redes y colectivos ciudadanos y nuevas demandas en materia de servicios o solicitando la intervención de los Gobiernos locales en negociaciones con otras administraciones o empresas (Brugué, 2000; Pindado, 2002, 2008). Se actualizaron reglamentos, se avanzó en cierta descentralización de gestiones y, en algunos casos de ayuntamientos y diputaciones gobernados por sectores de la izquierda, se constituyeron nuevos órganos consultivos: consejos económicos y sociales, agendas 21, iniciativas informativas sobre planes de ordenación urbana… Las asociaciones vecinales, aún más condicionadas, tendieron a posicionarse en función del signo político de los ayuntamientos originando a veces duplicidad de federaciones o coordinadoras.

Coincidiendo con síntomas de agotamiento de este modelo de escasa relevancia social, débil incidencia política y no pocas connotaciones clientelares, algunos espacios institucionales introducirían, en gran medida obedeciendo a trayectorias políticas y personales de dirigentes y empleados públicos concretos, el debate sobre la «innovación democrática local» o los «nuevos derechos ciudadanos» y conectarían con redes de ciudades comprometidas con la participación. En casos más críticos se proyectarían iniciativas democráticas participativas más ambiciosas y la política local otorgó cierta centralidad formal a «la cuestión de la participación ciudadana».²³

En la última década, estas nuevas propuestas se dispusieron en un eje político en cuyos extremos se ubicaron dos grandes enfoques con algunas líneas de aproximación al tiempo que cierta diversidad interna. El primero de estos enfoques agrupó los discursos más orientados a prácticas institucionales de gobernabilidad democrática proponiendo políticas reformistas de carácter «posibilista»; y relacionó la participación con la mejora técnica de la acción de gobierno, con la legitimación de las políticas locales y la canalización de algunos conflictos urbanos, abogando, en los casos más osados, por ampliar derechos cívicos y renovar los mecanismos participativos. Un segundo enfoque, de menor resonancia institucional aunque presente en círculos políticos e intelectuales críticos, enfatizó las potencialidades transformadoras de los procesos participativos por su contribución a la presión popular sobre las políticas públicas. En cualquier caso, unas y otras fueron propuestas de solo relativa incidencia en el conjunto de un municipalismo caracterizado, salvo excepciones puntuales, por un tratamiento normativista y vacuo de la participación.²⁴