Читать книгу Transición y democracia en España - Julio Pérez Serrano - Страница 17

Las nuevas propuestas participativas, más allá de los discursos y esfuerzos de sus impulsores o de sus logros concretos, tuvieron débil relevancia social e incidieron de manera marginal en las políticas locales de Andalucía. Cierto es que contribuyeron a difundir entre ámbitos restringidos, institucionales y sociales, nuevas iniciativas y el debate sobre la democracia participativa como vía para complementar —o para regenerar— el sistema político representativo. De la misma forma, grupos de ciudadanos y ciudadanas participaron, aunque en dimensiones muy ajustadas y con niveles de implicación y satisfacción muy distintos, en procesos presididos, así fuera de manera nominal, por formulaciones favorables a la aproximación de las autoridades locales a la ciudadanía, la cogestión de los asuntos públicos, el aprendizaje colectivo, la corresponsabilidad cívica… Son logros que deben ser considerados. Pero los compromisos del conjunto de autoridades con estas iniciativas fueron, cuando existieron, débiles y contradictorios, soportados las más de las veces en discutibles motivaciones partidistas. Ni tuvieron una adecuada inserción en las políticas municipales ni estas se modificaron de manera apreciable en sentido democratizador.

De la misma forma, tuvieron poca sociedad detrás. Tras esta afirmación asoman complejas contradicciones estructurales y en algunas de ellas las formaciones políticas tienen indudables responsabilidades. Responsabilidades con resultados de frustraciones y desconfianzas que contribuyen a explicar la amplia desafección y las críticas sociales hacia los partidos políticos y los espacios institucionales político-partidistas aun cuando estos estén gobernados por fuerzas «progresistas». En gran medida, las políticas de participación han continuado siendo una expresión más de un sistema marcadamente partitocrático, del que el caso español es paradigmático, donde los partidos —en particular, sus órganos dirigentes— han ostentado un dominio casi absoluto del ámbito político institucional.

De hecho, la mayor parte de iniciativas participativas se impulsaron en Andalucía desde delegaciones o áreas de participación ciudadana, esto es, desde áreas de escasa relevancia política y presupuestaria e impacto periférico, no transversal, en el conjunto de la política local. Las políticas de participación ganaron terreno discursivo, pero, a pesar de la proliferación de algunas «buenas prácticas», su desarrollo fue limitado y ajeno a los «grandes temas» de las agendas políticas urbanas. Se dividieron entre dos grandes polos: uno, más institucionalista; otro, de mayor radicalidad formal, pretendidamente dirigido a facilitar la acción autónoma de la ciudadanía. El primero tuvo mayor eco institucional; el segundo, mayor extensión entre las minorías partidistas más críticas. Ambos contribuyeron a revisar unos mecanismos preexistentes con síntomas de agotamiento, muy formalizados e institucionalizados al tiempo que de escaso impacto ciudadano y con connotaciones de clientelismo político. Pero, en conjunto, a pesar de sus acabadas presentaciones metodológicas, en ocasiones de fuerte cariz tecnocrático, y a pesar de su barniz académico y de las valoraciones autocomplacientes de sus impulsores, alcanzaron magros resultados con relación a los objetivos que decían perseguir.

Los más institucionalistas propusieron modelos ideados desde el ámbito de las instancias gobernantes, dirigidos a racionalizar una suerte de recetas pragmáticas para gestores políticos poco atentas a la acción ciudadana y sus expresiones autónomas. Sus propuestas, que otorgaban centralidad en los mecanismos participativos a las autoridades, venían a certificar la crisis de los modelos de participación que estas mismas autoridades habían impulsado con el concurso de los sectores asociativos y de asesores más institucionalizados y dependientes. Y, en buena medida, la superación de esta crisis confiaba lo fundamental de la rectificación a la voluntad política de unas autoridades y gestores a quienes, no queda claro por qué motivos, se suponía receptivos a los modelos «más democráticos» y «más participativos» ahora propuestos.

El segundo enfoque centró sus discursos en Andalucía en la promoción de los presupuestos participativos, entendidos como la respuesta más idónea, casi exclusiva, a los intereses y necesidades de la ciudadanía. Pero, por un lado, la relación entre presupuestos participativos e «intereses» y «necesidades» ciudadanos no es fácil de respaldar a la luz de los datos, pues los procesos que realmente existieron ni obedecieron a demandas relevantes de la ciudadanía ni alcanzaron logros de importancia relacionados con las necesidades apuntadas. Cabe también cuestionar las referencias descontextualizadas, sin atender a sus concreciones, sobre la «autonomía ciudadana» de determinadas acciones impulsadas y gestionadas por dirigentes y fuerzas partidistas desde los Gobiernos locales. Y deben ser impugnados los razonamientos que relacionaron estos procesos con el «empoderamiento ciudadano» o la generación de «capital social transformador».

Las concreciones de ambos enfoques en Andalucía fueron impulsadas por autoridades y dirigentes auxiliados por consultores y técnicos políticamente próximos y, durante su desarrollo, estuvieron, a pesar de algunas expresiones teatralizadas, más que tuteladas por las organizaciones partidistas a las que pertenecían aquellas autoridades y dirigentes, quedando al margen, cuando no posicionadas en contra, otras sensibilidades y organizaciones políticas. Y registrando muy poco seguimiento entre las organizaciones sociales más relevantes y entre la generalidad de la ciudadanía. La supresión de estas iniciativas por parte del Partido Popular, tras hacerse en 2011 con los Gobiernos locales que las habían impulsado, no suscitó, significativamente, resistencias ciudadanas apreciables. Si el primer enfoque fue dominante en la acción de autoridades y dirigentes del PSOE de Andalucía, el segundo tuvo su reflejo en un sector de Izquierda Unida. Otras expresiones, impulsadas por concejalías gobernadas por PSA, PA o PP, alcanzaron menor relevancia. Pero ambos enfoques, aun desde distintas sensibilidades de izquierda, no se correspondieron necesariamente con una u otra fuerza política sino, más bien, con trayectorias y compromisos de sus artífices directos y, algo muy relevante, con la posición de mayoría o minoría dentro del Gobierno local en el que se encuadraban estos artífices. Y siempre, es pertinente insistir en ello, en un contexto general de poca receptividad a estas propuestas novedosas entre las formaciones políticas mayoritarias.

Las propuestas participativas no encajaron en las prácticas dominantes del municipalismo andaluz. Los principales planes y proyectos, en los que se tomaron las decisiones «importantes», donde confluyeron la mayor parte de los recursos políticos, técnicos y financieros, no contaron, en el mejor de los casos, sino con espacios participativos «débiles», informativos o consultivos. Por el contrario, las nuevas iniciativas participativas tuvieron apoyos muy limitados y trataron sobre cuestiones de segundo orden.

Un elemento que ganó terreno en uno y otro bloque fue la apuesta por cauces de participación «a título individual» frente a la interlocución con asociaciones, tal y como venía siendo dominante desde la década de los ochenta. Argüida en aras de una supuesta «universalidad» de la participación, esgrimió de manera simplista la esclerosis de una parte del movimiento vecinal para excluir a la generalidad del tejido asociativo. Tal formulación, sostenida por autoridades y consultores de muy distinto signo político-partidista, puede facilitar objetivamente la labor de los dirigentes políticos en tanto suprime la interlocución con sectores organizados que pudieran resultar «incómodos» por críticos y reivindicativos. Además, así ha podido observarse, no impiden que miembros de los partidos políticos, de las estructuras municipales o de grupos próximos a sus responsables políticos incidan de manera organizada, en ocasiones actuando de manera coordinada con estos responsables políticos.

Por lo demás, algunas de estas propuestas fueron presentadas como las herramientas más idóneas para fomentar la participación o, en su caso, para construir la democracia participativa, incluso con pretensiones de validez exclusiva y universal. Tales pretensiones desatendieron de manera radical la complejidad y diversidad de contextos locales no ya en el ámbito global, europeo o estatal, o entre distintos pueblos y ciudades de Andalucía, sino incluso entre distintos barrios y distritos de una misma ciudad.

En los dos últimos años vienen proliferando en Andalucía movilizaciones y redes de activistas sociales autogestionadas, con seguimientos puntualmente masivos, de respuesta civil a las consecuencias de la crisis inducida por la especulación financiera y a la degeneración del sistema político representativo, muy celosas de su independencia de instituciones y partidos políticos. En sus reivindicaciones y propuestas apuntan a temas nucleares y sistémicos, locales y globales, con un protagonismo incontestable de las generaciones jóvenes y una orientación sin precedentes de las redes sociales y las nuevas tecnologías al servicio de la acción social. La participación es amplia, así como la sintonía entre importantes sectores de la ciudadanía, en ocasiones desbordando la instalada dualidad entre «derecha e izquierda» y provocando la toma de postura de sólidas organizaciones políticas y sociales. En estos movimientos y redes, en sus núcleos más activos, hay quienes no parecen pretender tomar el poder político institucional o tan siquiera acceder a controlar parcelas del mismo. Parecen haber optado, desde la diversidad, por un esquema distinto: que la ciudadanía se movilice fuera de las instituciones y estructuras políticas existentes para incidir sobre quienes ejercen un poder político del que cuestionan la legitimidad de su representación, demandando mayor participación y control de la ciudadanía en la toma de decisiones y profundización de las libertades y los derechos sociales. Constituyen ejemplos de participación política ciudadana que tienen muy poco que ver con las bases teórico-ideológicas y con las prácticas de los procesos participativos institucionales comentados. Porque estos se desarrollaron entre una doble impotencia: ni acababan de insertarse convenientemente en las estructuras institucionalizadas por el poder local ni, dado su carácter precisamente institucional, limitado —a temas no centrales— y marcadamente partidista, suscitaron interés relevante entre la ciudadanía.

La experiencia invita a reflexionar sobre las magras potencialidades de las instituciones formalmente democráticas, por sí mismas, confiadas al estrecho marco del sistema de partidos y al margen de la acción social y ciudadana, para una regeneración política fundamentada en la democracia participativa. Más aún en el actual contexto político.