Читать книгу Transición y democracia en España - Julio Pérez Serrano - Страница 16

Este segundo enfoque, más fiel a la experiencia inicial de Porto Alegre, privilegió discursos sobre participación dirigidos al «empoderamiento ciudadano», la regeneración democrática y la transformación social; e influyó en políticos y consultores sin responsabilidades de gobierno o que constituían o apoyaban minorías de izquierda en coaliciones más amplias que, en algunos casos, llegaron a dirigir áreas o procesos locales de participación.³⁰

Si el primer enfoque se orientó a su aplicabilidad institucional, al asesoramiento de gestores políticos locales, este segundo bloque observó los mecanismos participativos desde su virtual utilización para la acción de los movimientos y colectivos sociales. Se mostró crítico con las prácticas participativas escoradas hacia el reforzamiento de la legitimidad institucional y la mejora de la eficacia y eficiencia de la acción de gobierno, aunque mantuvo puntos de aproximación hacia aquellas posiciones, aun institucionalistas, receptivas a procesos participativos ciudadanos más abiertos. Frente a lo «política y socialmente correcto», la democracia participativa fue esgrimida como una opción transformadora, vinculada al desarrollo humano, la sostenibilidad medioambiental, el republicanismo o a la lucha contra el neoliberalismo (Blas e Ibarra, 2006).

Su objeto de interés fueron los movimientos sociales y la acción social: la participación sociopolítica no institucionalizada, contemplando los mecanismos institucionales en la medida en que pudieran ser permeables a las luchas sociales. Se pretendía aprovechar estas posibilidades en coyunturas políticas concretas, ajenas al bipartidismo hegemónico, para sumar poder social y realizar reformas alternativas o experimentar nuevas metodologías de organización y pedagogía social, más allá de la mera corrección de algunas deficiencias del sistema representativo. Tomaron como referente político y simbólico el Orçamento Participativo de Porto Alegre y la acción de una «nueva izquierda postautoritaria» latinoamericana que observa el ámbito local —«la micropolítica»— como terreno para la radicalización democrática (Chávez y Goldfrank, 2004). Así entendidos, los procesos participativos actuarían en el marco de una confrontación cultural gramsciana, como «excusas para cambiar las relaciones sociales, políticas y económicas» (Blas e Ibarra, 2006) y como un instrumento útil para combatir las fuerzas neoliberales y limitar el poder de decisión del mercado. Desde esta argumentación, Santos (2004) vio en estos procesos una «forma de globalización contrahegemónica», de resistencia frente a la exclusión y en favor de la democracia —«democracias»— y la redistribución social: la democracia participativa como bandera de las nuevas izquierdas contra el capitalismo.³¹

Así, en las políticas locales de participación se abriría un frente entre varias propuestas: unas, de las administraciones; otras, autónomas, al margen del poder. Si las primeras constituirían una cesión comedida a la ciudadanía para participar de manera «débil» en asuntos de segundo orden, territoriales de barrio o distrito, las segundas, se sostenía, perseguían la «irrupción de la sociedad en el Estado» o de «la ciudadanía y sus organizaciones en el espacio público» (Navascués, 2005; Blas e Ibarra, 2006), para intervenir sobre el conjunto de necesidades e intereses ciudadanos. Con un sentido estratégico inequívoco: la transformación social; y una concreción táctica que pasaría por impulsar y extender procesos de presupuestos participativos.

Este segundo enfoque influyó en núcleos políticos o de consultoría próximos a un sector del Partido Comunista de Andalucía-PCE e Izquierda Unida y estuvo muy presente en varios de los procesos andaluces de presupuestos participativos más relevantes. Estos sectores incorporaron a su discurso, no sin generar polémica, estrategias de investigación-acción participativa (IAP) de especialistas o colectivos y redes de activistas que, orientados hacia la intervención social comunitaria y desapegados de la acción institucional y partidista, promueven procesos participativos enfatizando las metodologías para la acción y las potencialidades pedagógicas sociales y transformadoras de la acción misma; desde una concepción de la democracia participativa fundamentada en «procesos participativos conversacionales» donde la ciudadanía es llamada a participar en la producción de conocimiento, elaboración de propuestas, toma de decisiones, planificación, ejecución, gestión y evaluación de lo realizado (Montañés, 2004).