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JAVIER DE LUCAS

Universidad de Valencia

En los dos últimos años, todos los sondeos del CIS (y de otras agencias de estudios de opinión, como los de Sigma-Dos o Metroscopia) nos muestran un retrato robot de la imagen de los políticos entre la ciudadanía que puede describirse fácilmente: desfondamiento, malestar, desafección política y miedo al futuro. La media se acerca a un 40% de los españoles que se siente ajeno al modelo institucional y muy concretamente a sus representantes políticos en las Cámaras. Parece aumentar en la ciudadanía el hartazgo y el rechazo a una política que podría llegar a convertirse en rechazo y hartazgo de «la política».¹⁰ Pero lo cierto es que, si no nos quedamos en la superficie, es posible atisbar otra hipótesis más compleja, que nos habla de una crisis institucional profunda que afectaría al modelo mismo de democracia representativa tal y como se encuentra diseñado en nuestra Constitución, de donde las voces que sostienen que la única salida es una radical: la de un nuevo proceso constituyente.

Quizá podríamos rebajar la dimensión de la crisis reconociendo, como nos proponía José María Maravall,¹¹ que no estamos ante una novedad, sino solo ante un proceso de incremento de las razones que alimentan el déficit representativo de las democracias. El profesor Maravall —como saben sus lectores— subraya cuatro: la primera, las asimetrías de información entre ciudadanos y políticos. La segunda, la carencia de incertidumbre suficiente sobre los resultados electorales, estímulo básico para que los gobernantes atiendan los intereses de los ciudadanos. La tercera, la frecuente usurpación de la voz del pueblo por parte de los políticos, que aumenta la distancia entre las preferencias de los ciudadanos y las decisiones políticas. La cuarta, la hostilidad respecto de las instituciones, en particular, de los partidos políticos.

Frente a esos procesos de degradación, Maravall sostiene que hay posibilidades de reacción, que pasan ante todo por mantener que el juego electoral es genuino, que no es cierto que —como pretenden los que convencionalmente denominamos «antisistema»— todos los programas políticos y todos los partidos sean iguales. El mismo profesor insiste en dos líneas de acción clave: la necesidad de iniciativas —mecanismos, normas, instituciones— que pongan coto a la impunidad, a la irresponsabilidad electoral y a la corrupción y, además, la necesidad de una reacción cívica sostenida frente a esos comportamientos.