Читать книгу Transición y democracia en España - Julio Pérez Serrano - Страница 15

El Informe Stoker ejemplificó la formulación más moderada, tecnocrática e institucionalista dirigida a canalizar algunas demandas ciudadanas, reforzar las instituciones locales y facilitar la acción de gobierno. En este plano local y pragmático, algunos estudiosos propusieron modelos «consultivos» para «simular» «la expresión de la opinión pública» (Sánchez, 2006), sumando complicidad ciudadana para una gestión más eficiente y legitimada y, en ocasiones, instrumentalizando la participación en auxilio de decisiones controvertidas.²⁵ Otras propuestas abogaron por una nueva gobernabilidad para afrontar, con el concurso de la participación, las dificultades de los regímenes democráticos —«crisis del gobierno tradicional»— y la mayor complejidad urbana —«nuevos retos locales»— (Brugué y Gomà, 1998; Blanco y Gomà, 2002; Brugué y Jarque, 2002; Subirats, 2002; Brugué, Gomà y Subirats, 2005; Borja et al., 2006); reclamando «radicalidad democrática» e integración de la ciudadanía al ejercicio de gobierno con sistemas de participación más sólidos, consensuados y plurales para decidir sobre temas relevantes y extender la cultura participativa (Font y Blanco, 2003; Anduiza y De Maya, 2005). Estos mismos autores señalaron, no obstante, los riesgos de una «governance elitista» entre elites políticas y sociales y, en consecuencia, de escaso «valor añadido» a efectos del objetivo de contribuir a la legitimación democrática. Como ya avanzara Alberich (1994) difícilmente estos sistemas institucionales motivan a la ciudadanía.

Las estrategias instrumentales fueron matizadas incluso desde el propio ámbito institucional. Un informe de la FAMP²⁶ criticó el recurso utilitarista a la participación, proponiendo «sistemas integrales de participación» orientados a la toma de decisiones, con un discurso más crítico y exigente en favor de la democracia participativa. El problema residía en que los sectores proclives a estas propuestas, aun en el interior de los partidos mayoritarios, particularmente del PSOE de Andalucía, constituían sensibilidades minoritarias.

Las tesis institucionalistas progresistas encontraron una nueva dimensión en la inserción de la participación, de manera transversal, en la planificación y gestión integral de unas ciudades tomadas por abanderadas de la profundización democrática (Castells, 1997; Muixi, 2003; Borja, 2006). El ámbito urbano fue privilegiado para consolidar derechos existentes y desarrollar, desde el poder político local y con participación de la ciudadanía, una nueva generación de derechos cívicos frente a otros poderes públicos y privados; un marco de gobernabilidad compartida que, eso sí, presuponía la disposición de las autoridades locales para tal empresa.²⁷ En esta línea, se propuso extender los presupuestos participativos para superar prácticas de participación en asuntos menores, junto con otras iniciativas que, con mayor o menor extensión, pusieron en práctica algunos de los principales ayuntamientos andaluces gobernados por PSOE e IU.²⁸

Con semejante enfoque innovador reformista, Pindado brindó reflexiones «pegadas al terreno» dada su trayectoria asociativa y profesional. Si hubo autores que gozaron de seguimiento entre dirigentes políticos y «poli-técnicos» o entre consultores urbanos, Pindado y su «modelo estratégico de participación» fueron, además, referentes de parte del asociacionismo vecinal y de empleados públicos locales especializados. Este primer enfoque «institucionalista», «sensibilizado», en determinados casos «institucionalista crítico», tuvo particular proyección desde politólogos y urbanistas vinculados a actividades académicas y profesionales de carácter social e incluso a áreas dependientes de administraciones catalanas dirigidas por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y, en menor medida, por Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV). Desarrollaron una importante producción desde ópticas progresistas y comprometidas al tiempo que desde pretensiones técnicas «posibilistas». Su influencia fue notable entre cuadros políticos y técnicos de participación ciudadana de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y en algunos ayuntamientos andaluces gobernados, hasta 2011, por el Partidos Socialista Obrero Español (Sevilla o Jerez) o Izquierda Unida (Córdoba o Puerto Real); aunque, en el caso de Izquierda Unida, no fue así cuando sus grupos municipales participaban en Gobiernos locales desde una posición minoritaria.²⁹ Como caso singular, el ayuntamiento de Málaga, gobernado por el Partido Popular, ensayó algunas iniciativas ubicadas en el ámbito más moderado de las propuestas referidas. Pero, a pesar de su carácter institucional, la influencia general de este primer enfoque fue limitada, pues la cuestión de la participación continuó ocupando, más allá de la retórica, una posición marginal en el conjunto del municipalismo andaluz.