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2. MOVIMIENTOS SOCIALES POR LA DEMOCRACIA Y OTRO MODELO ECONÓMICO
ОглавлениеEn la España de la Transición, los movimientos sociales están en plena efervescencia. Los sindicatos de clase —la materialización por excelencia del movimiento obrero— se han recompuesto y tienen presencia en las fábricas y en las calles. Las organizaciones feministas, pacifistas y ecologistas florecen, expuestas a los nuevos aires que soplan para estos tres movimientos en todo el mundo desarrollado. Aunque no en su totalidad, la mayoría de las organizaciones movimentales se alinean en contra de la dictadura, ayudando en distinta forma y medida a su erosión. La visión de los movimientos como impulsores de democracia contradice el enfoque sostenido por la historiografía tradicional que ha dominado el paradigma transitológico según el cual la transición sería una transformación inducida y controlada por las élites desde el Estado en el que unos líderes carismáticos tienen un papel trascendente. Esta visión soslaya la influencia de los actores definidos por su clase social, ensombrece el papel de los colectivos y subordina las acciones de estos últimos a las estrategias de las élites estatales; un error a la luz de los estudios de casos que revelan la importancia de la ciudadanía en la llegada de la democracia.54
En España, la revisión del paradigma elitista ha puesto de relieve que la movilización y la protesta encauzada en gran medida por viejos y nuevos movimientos sociales contribuyeron al desgaste de la dictadura, manteniendo una conflictiva interacción con las autoridades franquistas que terminó por socavar su legitimidad dentro y fuera de las fronteras hasta hacer imposible el continuismo defendido por las fuerzas intransigentes del régimen.55
Hasta 1979, el movimiento vecinal y, sobre todo, el estudiantil concentran sus esfuerzos en la acción directa. A partir de ese momento, con el comienzo de la primera legislatura, apaciguan sus ánimos. Otros movimientos, como el feminismo, el pacifismo y, principalmente, el sindicalismo, combinan acción con discurso. Acción y discurso son igualmente importantes en un momento en el que el apoyo a la democracia es socialmente limitado56 y en el que, por tanto, resulta trascendente tanto terminar con el régimen autoritario como crear un sentimiento y un convencimiento en los principios democráticos que, primero, incline definitivamente la balanza hacia la conformación de un régimen de libertades y, segundo, garantice la continuación de esta en el tiempo.
La difusión de las ideas democráticas se hace tanto desde el espacio movimental como desde los medios de comunicación, la abogacía y la Universidad. Todos ellos resultan focos de cultura democrática cuya existencia es fundamental para la posterior y generalizada extensión de los valores democráticos durante el proceso de institucionalización. Como dicen McDonough, Barnes y López Pina, la cultura democrática permitió la implementación de las instituciones democráticas y, al mismo tiempo, el desarrollo institucional propició el florecimiento de la correspondiente cultura.57 Ambas cosas son concurrentes, aunque si ha de asignarse alguna prioridad a uno de los dos ítems en esta interrelación, por pequeña que sea, ha de ser a la cultura. Además, hay que añadir que, a tenor de la revisión transitológica, la institucionalización no es una obra que deba atribuirse solamente a la élite, pues estas diseñan una democracia sobre un camino preparado previamente por un ciclo de luchas movimentales.58 De hecho, como explican Ortiz, Castellanos y Martín, la agenda política de los pactos que conducen a la democracia —legalización de partidos y organizaciones sindicales, restauración de las libertades y derechos políticos, proceso autonómico, etc.— reproduce las reivindicaciones que durante más de una década emanaban de la lucha antifranquista.59 Como se ha adelantado, el movimiento que contribuye en mayor medida a la erosión del régimen franquista es el movimiento obrero. En primer lugar, porque su supervivencia depende de la llegada de la libertad y eso hace que su narrativa priorice el fin de la dictadura. Segundo, porque en ese momento ya cuenta con organizaciones sindicales clandestinas pero bien constituidas, así como con publicaciones para la difusión de su pensamiento. El sindicalismo es también el único movimiento que mayoritariamente se declara en sus inicios abiertamente anticapitalista y no satisfecho con modificaciones parciales del modelo económico imperante, por muy sustanciales que estas sean.
Las dos centrales mantienen exactamente los mismos objetivos —fin de la dictadura, ruptura con el régimen anterior y sociedad socialista— aunque lo expresen de distinta manera. Cada sindicato enfatiza en su discurso aquellas cuestiones en las que destacan. Si las Comisiones cuentan con una base obrera más amplia, la UGT tiene más historia. La primera se encarga de difundir su presencia y combatividad en las empresas, así como los logros que de ellas se derivan para los trabajadores. La segunda se esfuerza por transmitir tanto su patrimonio ideológico (salpicando la revista ugetista de los escritos de su fundador) como su patrimonio simbólico (explicitando el reconocimiento internacional mantenido a lo largo del tiempo). De esta forma, intenta, tras décadas de ausencia en el país, recomponerse y reivindicar un sitio en las luchas obreras.60
El anclaje histórico y el interés por compensar la mayor combatividad de las Comisiones Obreras en la empresa explican la mayor radicalidad narrativa de la UGT durante el fin del franquismo y el principio de la transición. La radicalidad puede verse en las calificaciones hechas sobre la forma en la que se desarrolla el proceso y el papel de la Corona.61 En contraste, Comisiones Obreras emplea un lenguaje menos mordaz para realizar una defensa de la libertad más profusa y constante. La conquista de la libertad democrática se erige como su prioridad por encima de cualquier otro objetivo, entendiendo que es vital para el movimiento obrero, pues modifica la correlación de fuerzas a favor de los trabajadores al otorgarles capacidad para organizarse, manifestarse y hacer huelgas legalmente.62 Esta priorización, fruto de la concepción de la democracia como mecanismo para posteriores conquistas, es una prueba de confianza en la estrategia de la revolución por fases. Tal confianza podría haber llevado a Comisiones a una aceptación de una democracia sin contenido, aunque fuera de forma poco animosa a tenor del convencimiento de que la democracia política sin democracia social y económica es, según expresión de Comisiones, «puro camelo», pues «solo un socialismo en libertad es capaz de superar la opresión del hombre por el hombre y la miseria».63
Tanto UGT como Comisiones reconocen en sus principios fundacionales que su finalidad es la sustitución de la sociedad capitalista por una sociedad socialista en la que desaparezca la explotación del hombre por el hombre, así como que dicha tarea corresponde a la clase obrera. Esta declaración es más copiosa en UGT y más escasa en Comisiones pero justifica que ambas se definan como sindicato de clase y otorgan un sentido rector a las demandas particulares que realizan cotidianamente. La actitud de la UGT y las Comisiones cambia drásticamente cuando se presenta la redacción definitiva del texto constitucional en 1978: dejan de lado las críticas a la forma en la que el proceso transicional está desarrollándose y pasan a defender el documento de manera entusiasta, pidiendo a sus afiliados y simpatizantes su voto favorable en el referéndum. Argumentan que el texto supone la «ruptura con todo el entramado legal e institucional del franquismo» que han estado persiguiendo;64 que es la Constitución por la que han luchado: una Constitución «de y para todos los españoles» que «solo margina a los nostálgicos de la dictadura, a los golpistas y enemigos de la paz», y que es un marco legal donde «los trabajadores pueden avanzar en su lucha hacia una sociedad sin clases».65 Resulta difícil imaginar que los sindicatos acogiesen de esta manera tan vehemente la Constitución si esta, además de contener un reconocimiento a su papel en democracia, no hubiese incluido los «principios rectores de la política social y económica» del título I y los derechos económicos del título VII. Esto es, si la democracia naciente se hubiese definido sin contenido social alguno. Después de todo, aunque la Constitución establece una economía de mercado, también ampara las principales reivindicaciones de los trabajadores: crecimiento y justa distribución de la renta y la riqueza, empleo, vivienda, salud, educación, prestación por desempleo, pensiones dignas e, incluso, acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
Ahora bien, lo característico del movimiento obrero no es pretender un mayor bienestar para las personas (cosa que puede ser compartida por quienes no se adhieren a él), sino visualizar las relaciones socioeconómicas y, por tanto, la consecución de este bienestar como una lucha entre las fuerzas del capital y el trabajo. Esto, no solo lleva a enmarcar estas reivindicaciones en esta lucha, sino a la denuncia expresa y directa de los poderes abusivos y antidemocráticos del capital. Efectivamente, las grandes centrales sindicales delatan en sus escritos: la desigualdad entre el poder de los ciudadanos y el poder económico de los monopolios, de las grandes empresas multinacionales, de las oligarquías financieras e industriales; la necesidad de que los ciudadanos se unan para conseguir paliar los efectos y la explotación de la concentración desmedida de ese poder;66 la responsabilidad y culpa de los poderosos en la generación de las crisis;67 la recaída de los costes de las crisis en los trabajadores mientras los poderosos se enriquecen con ellas;68 la utilización de las crisis para cambiar el modelo económico, atacar el Estado de bienestar, esquilmar recursos públicos y recortar libertades;69 la socialización por parte del Estado de las pérdidas del capital, incluso estando provocadas por sus propias operaciones especulativas;70 la utilización de los planes de austeridad para aumentar la acumulación de capital por parte de los que más tienen;71 la deuda externa como forma de explotación de los países menos desarrollados y la necesidad de declarar su moratoria o suspensión definitiva;72 la imposibilidad de una verdadera democracia sin democracia económica; la falta de democracia en los centros de trabajo, y, por último, la ilusoria democracia o «democratismo formal» de un sistema en el que las mismas personas que tienen un cargo de representación política se encuentran en consejos y asambleas de las grandes empresas que ostentan el poder económico.73 Todas estas cuestiones están presentes en las publicaciones sindicales de la década de los setenta, de manera cada vez más elaborada durante los ochenta y de manera contundente a partir de 2007.
Otros movimientos sociales no hacen en la transición una defensa escrita de la democracia tan rotunda como el sindicalismo, principalmente porque su supervivencia no depende del fin de la dictadura y, por tanto, no es su prioridad. No obstante, se manifiestan a favor y ligan sus causas a la llegada y afianzamiento de un régimen democrático.
El feminismo es muy activo en la transición. Además de un feminismo institucional vinculado al Gobierno de turno, destaca por encima de todo un feminismo asociado a distintas corrientes políticas de izquierda que plasma su rico debate en actas congresuales y publicaciones, algunas de ellas de vida efímera. El alto grado de politización de las organizaciones feministas hace que se mantengan alertas y críticas con el proceso de construcción de la nueva democracia, expresando, por ejemplo, abiertamente que una verdadera democracia no puede dejar de reconocer a todas las fuerzas políticas. Además, fieles a su razón de ser —la igualdad entre hombres y mujeres—, las organizaciones exponen que una democracia real no puede construirse sin la participación política activa de las mujeres;74 sin la igualdad social, que pasa obligatoria y prioritariamente por la igualdad en el ámbito educativo y laboral, y sin la democracia en el hogar, que ha de conseguirse a través de la reasignación de roles en la familia. Lo que el feminismo viene a decir certeramente es que una verdadera democracia es aquella en la que hombres y mujeres disfrutan plenamente de la ciudadanía tanto de derecho como de hecho. Esta idea es central y se repite en la literatura feminista más allá de la Transición, tanto desde posiciones radicales como desde el propio feminismo institucional: «La democracia está inacabada», titula un artículo de la revista del Instituto de la Mujer en 1982.
Con el planteamiento de que no hay democracia sin igualdad, las organizaciones feministas elaboran una serie de propuestas para su inclusión en la Constitución; igualdad de ambos cónyuges en el matrimonio, derecho al divorcio, derecho al control de la fertilidad, igualdad de los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio, patria potestad compartida e igualdad en el ámbito educativo y laboral (incluidas las Fuerzas Armadas). Excepto el derecho al divorcio, que tendrá que esperar a una ley específica publicada en 1981, el resto de cuestiones son admitidas o, al menos, no negadas en el texto. Por ejemplo, no se alude al derecho de la mujer a controlar su fertilidad pero se interpreta que puede ser defendido como parte del derecho a la intimidad. Esto hace que haya, bien cierta satisfacción, bien cierta expectación a la espera de la materialización de las difusas proclamaciones propias de este tipo de textos fundacionales. «La Constitución, ni fu, ni fa», dice literalmente Lidia Falcó en el número 25 de Vindicación.
La filiación izquierdista del feminismo de los setenta no se trasluce ni en las propuestas ni en las interpretaciones que el feminismo vierte sobre la Constitución, pues la mayoría de estas las podría compartir un feminismo liberal. La filiación izquierdista está presente en sus congresos y publicaciones, sobre todo, en forma de debate —sempiterno, no resuelto y común al feminismo de todos los lugares— sobre la relación entre el feminismo y el capitalismo. Cabe recordar que desde el feminismo se hace la reflexión más rica desde Marx sobre el proceso de mercantilización.
La interpretación que hace el feminismo del capitalismo evoluciona a la par que las transformaciones del propio capitalismo y la situación de la mujer en él. Primero, lamenta la desvalorización del trabajo femenino no mercantilizado y critica el repliegue de la mujer al hogar porque eso invisibiliza los costes de reproducción de la mano de obra; costes que asumen las mujeres y de los que se sirve un tipo de capitalismo. Por ello, impulsa a las mujeres a incorporarse al mercado laboral. Después, advierte que dicha incorporación y la forma de resolver el cuidado de las personas (a través de la mercantilización) o de no resolverlo (mediante la doble jornada) también sirven a otro tipo de capitalismo. Igualmente, denuncia con constancia la feminización de la pobreza y la mayor incidencia de las crisis capitalistas sobre las mujeres. El capitalismo productivo keynesiano y el capitalismo financiero neoliberal son distintos procesos y modos de valorización del capital que anteponen la ganancia a las necesidades de la vida y, en ese sentido, se califican como perjudiciales para la mujer.75
Pensar en las necesidades de la vida va mucho más allá de pensar en la compatibilización de vida laboral y familiar y es por ello por lo que supone un cambio y no una acomodación del modelo económico vigente. Implica, incluso, una modificación del planteamiento obrerista basado en la lucha trabajo-capital porque introduce un tercer término, el de vida. Ahora la contienda es vida-trabajo-capital y busca anteponer la vida al capital sin deificar el empleo retribuido. El feminismo denuncia la forma en la que los poderes económicos moldean la vida social, en vez de ser la economía la que se pliegue y adapte a la forma de vida socialmente deseada. Este tipo de feminismo centra sus demandas en la defensa de servicios públicos de calidad, en su gestión directa por parte de las instituciones públicas y en un mayor avance en el reparto de roles.76
El movimiento pacifista y por la no violencia tiene en España una trayectoria irregular marcada por la agenda de los acontecimientos. Las violentas represiones del tardofranquismo, el fin del servicio militar obligatorio, el fin de la prestación social sustitutoria, el mantenimiento de bases militares extranjeras, la entrada en la OTAN, el terrorismo de ETA y la guerra de Irak son los grandes temas para la movilización.
Dentro del variado mundo de este movimiento, durante la transición destaca el pacifismo cristiano, pues es el que tiene unas organizaciones que al estar amparadas por la Iglesia católica están en la legalidad y tienen una trayectoria consolidada; se prestan a dar cobertura a las nuevas demandas del movimiento y a quienes las sustentan, y sostienen unos principios que inspiran a buena parte de líderes y filosofías. Estas organizaciones son PAX-Christi, hoy prácticamente desaparecida en España, y Justicia y Paz, que, al contrario de la anterior, ha ido creciendo con el tiempo. Además de estas, son trascendentes la lucha del Movimiento de Objeción de Conciencia y la presencia del Colectivo de Acción no violenta y los antimilitaristas.
La Transición ha quedado relatada y fijada en el imaginario colectivo como un cambio pacífico, aunque el nivel de violencia en la calle y la amenaza latente de que esta podía recrudecerse no era nada despreciable en aquel momento. Se calcula que entre el 20 de noviembre de 1975 y el 31 de diciembre de 1983, 591 personas murieron defendiendo o ejerciendo la libertad democrática.77 El movimiento pacifista y de la no violencia contribuye a la búsqueda pacífica del cambio y la transformación social. A pesar de la represión que es denunciada tanto dentro del país como a nivel internacional, el deseo de acceder a un régimen de libertades se contiene. Algo que, por otro lado, se alinea con la voluntad de quienes pilotan el proceso y que es funcional para quienes no desean una ruptura radical. Ya en democracia, el pacifismo y la no violencia protagonizan, primero, uno de los tres únicos referéndums celebrados a nivel estatal en 35 años, el de la OTAN, y, segundo y más importante, la mayor manifestación en la historia de la democracia, la que tiene lugar en 2003 contra la guerra de Irak. Con la intervención de España en esta guerra en contra de la opinión mayoritaria de la población se evidencia una enorme carencia democrática. Es en este momento, en opinión de Lamo de Espinosa,78 cuando comienza el desconcierto de la ciudadanía que da lugar a la solicitud de la segunda transición.
Tanto durante la transición como después, la no violencia favorece la profundización democrática al apoyar formas alternativas de acción colectiva como la objeción; solicitar trasparencia en las acciones de gobierno, y revelar la importancia de los aspectos socioeconómicos para la salud democrática. La no violencia hace una defensa de la democracia extensa y la economía alternativa a través de la ampliación del concepto de violencia y la definición de la justicia social como precondición para la paz. Una democracia es un régimen de libertad y soberanía del individuo y eso es algo absolutamente contrario no solo a la violencia física, sino a la violencia institucional política y económica. Esta última se ejerce mediante la imposición de medidas económicas y políticas socialmente perniciosas que, además de ser injustas para quienes las padecen, son causa de conflicto y más violencia. La idea de que sin justicia social no hay paz da lugar tanto a la solicitud de una humanización de la economía que no menciona expresamente un modelo económico distinto al capitalismo de mercado como a una superación de este.
La idea fundamenta la reivindicación de una distribución y un control de las partidas presupuestarias para otorgar más recursos a gastos sociales y menos a la carrera armamentística (ligada a grandes intereses económicos). Esta reivindicación es tan firme que da lugar a la primera y más larga campaña de objeción fiscal de la historia de España vigente desde 1983 hasta hoy. La idea sin justicia no hay paz también sostiene la campaña para la donación del 0,7% del producto interior bruto a la cooperación al desarrollo. Esta campaña es iniciada por Justicia y Paz en 1981 y pronto seguida por organizaciones de carácter diverso. Supone un hito en la historia democrática por lograr movilizar a tantas personas en torno a un objetivo solidario alejado físicamente, como es la pobreza en el Tercer Mundo, así como por obtener una respuesta por parte de los poderes públicos tanto a nivel estatal como, sobre todo, a nivel local y autonómico. Influye en ello el hecho de no suponer una alteración del modelo económico aunque pida un trasvase de riqueza.
La idea de sin justicia social no hay paz propone cambios económicos profundos y, muy importante, ligados a una democracia de calidad. Entre las medidas propuestas para salir de la crisis, ya en 1985, Justicia y Paz habla de reforma del sistema financiero y monetario; nuevas políticas monetarias y financieras; potenciamiento de estructuras bancarias estructuradas éticamente; democratización de las finanzas como precondición de la democratización política, y formación contra una única ideología mercantilista.79 Con la crisis de 2008, este discurso se amplía y autodefine claramente como antiliberal.
De los movimientos sociales estudiados, el ecologismo es el que menos atención presta a la cuestión democrática y el que tiene un discurso económico más disruptivo. Esto es así porque, además de que su supervivencia no depende de la conquista de la libertad, la distribución y difusión de medios escritos mediante los que se expresa es irregular. Es irregular en el sentido de que aquellas organizaciones pertenecientes a corrientes políticamente moderadas —las conservacionistas— son las únicas que disponen de publicaciones seriadas antes y después de la transición, mientras que las más radicales hacen acto de presencia, bien tarde, bien pronto, pero de manera entrecortada.
Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción son las dos organizaciones que claramente se manifiestan anticapitalistas y ligan su posicionamiento económico con razones democráticas. El objetivo de este ecologismo social no es la existencia de «un capitalismo que se acomode a las presiones ecológicas» por lo que no se contenta con «no contaminar el planeta hasta el punto de hacerlo inhabitable, porque la supervivencia sin más no es un fin en sí misma». Su objetivo es la «revolución económica, social y cultural que acabe con las presiones del capitalismo e instaure una nueva relación del hombre con la colectividad, con su medio ambiente, con la naturaleza».80 Advierte sobre la estrategia capitalista de apropiarse de las demandas ecologistas para desarmar al movimiento. Denuncia el control ejercido por los poderes económicos, su menosprecio por la vida y la salud de las personas, así como la marginación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones importantes. Estas ideas que aparecen ya en el primer número de la revista Oxígeno, de Amigos de la Tierra, y en la primera etapa de El Ecologista, de Ecologistas en Acción, retornan y se amplían con la extensión de las políticas neoliberales y la crisis de 2008.81 Entonces se acentúan las denuncias sobre la especulación capitalista del suelo y los recursos naturales; la mercantilización de recursos naturales como el agua y el aire limpio; el control de los grandes capitales de las fuentes de energía; la política energética de los Gobiernos a favor de los grandes oligopolios, y el obligado e insostenible consumismo que requiere el mantenimiento del capitalismo en un sistema cada vez más tecnificado. El ecologismo traduce todo esto en pérdida de soberanía energética, alimentaria, de salud y de vida.