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III. El gasto social español y sus componentes
ОглавлениеNo hay unanimidad en la delimitación del gasto público orientado, en general, a cubrir las necesidades básicas de las personas, o gasto social. Además del gasto en protección social, dirigido al sostenimiento de la renta, se suelen añadir los servicios sanitarios y el gasto en educación, debido a su impacto sobre la igualdad de oportunidades. Así, dentro del gasto social, se consideran tres partidas de la Clasificación funcional del gasto de las Administraciones Públicas (COFOG, en siglas inglesas): Salud, Educación y Protección social. Este último agrupa las diversas prestaciones sociales (dinerarias o en especie) en siete grandes áreas de protección o funciones: Enfermedad e incapacidad; Edad avanzada; Supervivencia; Familia e hijos; Desempleo; Vivienda y Exclusión social.
Gráfico 3. Gasto social y sus componentes, España y UE, 2009-2019 (% PIB)
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, General government expenditure by function (COFOG).
El gráfico 3 ofrece la evolución del gasto social realizado por el conjunto de las administraciones públicas entre 2009 y 2019, expresado en porcentaje del PIB, para el total español y el promedio de los países de la UE, incorporando también sus tres componentes. Como se observa, el gasto social español se sitúa por debajo de la media europea todos los años y en todas sus partidas, siendo el gasto en educación el que menos distancia mantiene.
El gasto social en porcentaje del PIB experimenta una evolución alcista hasta 2013, tanto en España como en la UE, debido sobre todo a la fuerte caída del PIB de esos años. Ante el abultado déficit público español registrado en 2009, se toman las primeras medidas de ajuste en 2010, que se van sucediendo y reforzándose, sobre todo, a partir de 20129. Por este motivo, el gasto social reduce su crecimiento a partir de 2010 y hasta 201310. Así, la ratio entre el gasto social y el PIB tiende a aumentar debido a que la caída del PIB supera a la disminución del gasto social en España hasta 2013, pareciendo que converge hacia los niveles de la UE11. Una vez la economía española vuelve a crecer, a partir de 2014, el gasto social en porcentaje del PIB tiende a disminuir, alejándose de nuevo del promedio europeo. Como resultado, en 2019, el gasto social español se sitúa 3,5 puntos por debajo de la media de la UE, acortando en un punto esta distancia con respecto a la mantenida en 2009 (gráfico 3).
Gráfico 4. Gasto en protección social por funciones, España y UE, 2019 (% PIB)
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, General government expenditure by function (COFOG).
La estructura por funciones del gasto en protección social español difiere en algunos aspectos de la media europea (gráfico 4). Así, aunque las rúbricas más importantes en ambos espacios hacen referencia al pago de las pensiones de vejez (Edad avanzada) y a la asistencia sanitaria (Enfermedad e incapacidad), las partidas de Desempleo y de Supervivencia son más relevantes para España, siendo las únicas en las que el porcentaje español supera al promedio europeo. En cambio, las funciones de Familia e hijos y Exclusión social en España suponen la mitad de la cifra alcanzada por la media europea. Además, el porcentaje de la función vivienda en España resulta irrelevante.
Desde el punto de vista territorial, solo se dispone a nivel regional de las tres partidas del gasto social (Salud, Educación y Protección social) para el periodo 2012-2019, sin que se puedan desagregar cada una de ellas, como sí ocurre a nivel nacional. De acuerdo con sus competencias, la mayor parte del gasto social de las comunidades autónomas se destina a sanidad y educación, quedando la protección social a cargo principalmente de la Administración de la Seguridad Social. El gasto en protección social de las comunidades autónomas, siendo relativamente bajo, está claramente orientado a los colectivos más desfavorecidos, incluyendo prestaciones monetarias y en especie dirigidas a la población en riesgo de exclusión (rentas mínimas, ayudas al alquiler, asistencia domiciliaria, acogimiento, etc.). Está descentralización del gasto público, que permite equiparar a nuestro país con aquellos que tienen una estructura federal, se ha visto acompañada de un incesante debate sobre los dos sistemas de financiación, foral y régimen común12. Aunque en teoría ambas formas de financiación podrían ser equivalentes, en la práctica, las comunidades forales han dispuesto de unos mayores recursos y, por tanto, de una mayor capacidad de gasto para atender necesidades sociales, en comparación con las comunidades de régimen común; lo que ha supuesto un evidente problema de equidad13.
Se ha calculado el total del gasto social autonómico per cápita, expresado en euros por habitante y en función de la media regional, que toma el valor cien, para cada año del periodo analizado y como promedio para el conjunto de los ocho años, así como la variación porcentual experimentada entre 2012-2019 (tabla 2).
Tabla 2. Gasto social por autonomía, 2009 y 2019 (€/habitante y %)
Autonomía | 2012 | 2019 | Promedio 2012-2019 | VR (%) | |||
€/hbte. | Total = 100 | €/hbte. | Total = 100 | €/hbte. | Total = 100 | 2012-2019 | |
Navarra | 2.868 | 122,2 | 3.583 | 131,3 | 3.112 | 126,4 | 24,9 |
País Vasco | 3.114 | 132,7 | 3.552 | 130,2 | 3.261 | 132,4 | 14,1 |
Cantabria | 2.636 | 112,3 | 3.167 | 116,1 | 2.853 | 115,9 | 20,2 |
Extremadura | 2.587 | 110,3 | 3.129 | 114,7 | 2.828 | 114,8 | 21,0 |
Asturias | 2.462 | 104,9 | 3.032 | 111,2 | 2.707 | 110,0 | 23,2 |
Castilla y León | 2.494 | 106,3 | 2.960 | 108,5 | 2.655 | 107,8 | 18,7 |
La Rioja | 2.484 | 105,9 | 2.935 | 107,6 | 2.654 | 107,8 | 18,2 |
Aragón | 2.455 | 104,6 | 2.923 | 107,2 | 2.623 | 106,5 | 19,1 |
Murcia | 2.546 | 108,5 | 2.904 | 106,4 | 2.630 | 106,8 | 14,0 |
Galicia | 2.350 | 100,2 | 2.801 | 102,7 | 2.528 | 102,7 | 19,2 |
Castilla-La Mancha | 2.349 | 100,1 | 2.782 | 102,0 | 2.456 | 99,8 | 18,4 |
C. Valenciana | 2.279 | 97,1 | 2.750 | 100,8 | 2.409 | 97,8 | 20,7 |
Cataluña | 2.393 | 102,0 | 2.744 | 100,6 | 2.480 | 100,7 | 14,7 |
Total regional | 2.346 | 100,0 | 2.728 | 100,0 | 2.462 | 100,0 | 16,3 |
Baleares | 2.005 | 85,4 | 2.538 | 93,0 | 2.217 | 90,0 | 26,6 |
Canarias | 2.076 | 88,5 | 2.506 | 91,9 | 2.238 | 90,9 | 20,7 |
Andalucía | 2.206 | 94,0 | 2.475 | 90,7 | 2.272 | 92,3 | 12,2 |
Madrid | 2.201 | 93,8 | 2.471 | 90,6 | 2.266 | 92,0 | 12,3 |
Distancia autonómica | 1.109 | 1.111 | - | 1.044 | - | - |
Nota: Orden descendente según el valor del 2019.
Fuente: Elaboración propia a partir de Intervención General de la Administración del Estados e INE, Cifras de población.
Para el conjunto del periodo, el gasto social autonómico por habitante alcanza un promedio para el total regional cercano a los 2.500 euros anuales, habiendo aumentado un 16,3% entre 2012-2019 (tabla 2). Se puede ver, por tanto, que el nivel del gasto social autonómico en España se ha recuperado globalmente, tras los recortes sufridos por las medidas de ajuste implantadas entre 2010 y 2013, creciendo en todas las autonomías desde 2014, con la reactivación de la economía española. Este incremento ha sido más intenso, superando ampliamente el promedio global, en Baleares, Navarra y Asturias; registrando cifras más moderadas en Andalucía y Madrid.
Por otro lado, la brecha autonómica en términos del gasto social por habitante se mantiene en torno a los 1.100 euros por habitante en 2012 y 2019, registrando un promedio para el total del periodo 1.044 euros por habitante. Navarra y País Vasco realizan el gasto social per cápita más elevado durante esos años, superando en 2019 el gasto medio regional en un 30%. Ese mismo año, 2019, se sitúan en la cola de la clasificación Madrid y Andalucía, con un gasto social per cápita que representa un 90% del correspondiente al total regional.