Читать книгу Las políticas sociales que vendrán - Monica Campos Carrau - Страница 20

Este trabajo muestra el incremento del riesgo de pobreza y exclusión social que ha tenido lugar en España durante la última década, 2009-2019, y las importantes divergencias regionales existentes; corroborando lo también señalado en otros estudios recientes22. Lejos de contrarrestar esta situación, los recortes sufridos en los presupuestos públicos hasta 2014 han debilitado el modelo social español y su potencial integrador23. El gasto social español se sitúa por debajo del promedio europeo, presentando notables diferencias territoriales y una escasa capacidad redistributiva, como reflejan los elevados niveles de riesgo de pobreza y exclusión social observados y confirman diversas investigaciones24.

La crisis sanitaria y socioeconómica sobrevenida con la pandemia por coronavirus no ha hecho sino agravar esta situación, al afectar de forma asimétrica a territorios y grupos de población, como se ha visto aquí y también apuntan otros trabajos25.

En España, el proceso de descentralización del gasto social hacia las comunidades autónomas, unido a las divergencias socioeconómicas entre ellas, otorgan relevancia a los factores territoriales, además de los ligados a las situaciones personales y familiares, para explicar las desigualdades sociales en nuestro país26. En consecuencia, resulta necesario implementar políticas dirigidas a corregir estos desequilibrios que, necesariamente, deben considerar el diferente contexto socioeconómico de cada territorio27.

Asimismo, conviene recordar su carácter estructural, debido a la evolución registrada en las últimas décadas en los sistemas económico y de bienestar en España, en particular, y en el resto del mundo, en general; observándose un claro avance hacia la precarización de las relaciones laborales, en el caso del primero, y hacia el debilitamiento redistributivo, en el del segundo. Dicha evolución se explica por del modelo socioeconómico imperante desde principios de los años ochenta, de marcado corte neoliberal. Los recortes de los presupuestos públicos durante la crisis de 2008-2014 agudizaron aún más los problemas, evidenciando el divorcio entre las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables y las políticas económica y social aplicadas.

Tras constatar los efectos negativos sobre la competitividad y el crecimiento económico derivados de unos elevados niveles de desigualdad y pobreza, las directrices políticas de la UE han cambiado ante la nueva crisis económica sobrevenida por la pandemia de COVID-19 y con ello, también, la actuación de los gobiernos españoles, central y autonómicos. En esta ocasión, se han tomado medidas expansivas del gasto social buscando contrarrestar la notable gravedad de la crisis.

Por otro lado, la comunidad ha demostrado en este contexto su gran capacidad de apoyo social en momentos de crisis. Sin embargo, lo comunitario no puede convertirse en una opción de desresponsabilizar al Estado, garante de los derechos del conjunto de la ciudadanía y particularmente de los más vulnerables, o de delegar en el mercado o de sustituir a la familia28. Se trata más bien de buscar un equilibrio donde lo público, lo privado y lo comunitario fomenten una responsabilidad compartida que supere la individualización.

Ante los nuevos riesgos de exclusión y vulnerabilidad, la política social afronta importantes retos, vinculados con los distintos ámbitos de la exclusión social, que ahora más que nunca se han visto interconectados. En este sentido, la Fundación FOESSA sintetizó la opinión de expertos nacionales, recogiendo los principales retos que debía afrontar la política socioeconómica tras la crisis sanitaria29. Se trata de viejos y nuevos retos, donde cabe destacar tres aspectos clave: la necesidad de evitar el aumento estructural de la exclusión social más grave; reducir la desigualdad en sus diferentes expresiones; y desarrollar políticas públicas que reduzcan la incertidumbre. Respecto a la intervención, urge fomentar nuevos mecanismos de participación social, integrando en la planificación de la política social a un tercer sector renovado y profesionalizado. En el ámbito económico, sin duda, es necesario transitar hacia dos grandes cambios: un modelo productivo y un sistema fiscal diferentes, que pongan en el centro la protección de las necesidades humanas. Para ello es clave instaurar una serie de medidas de rentas, como consolidar el ingreso mínimo vital en el sistema de garantía de ingresos en España y sobre todo, en el ámbito laboral, fomentando el empleo como mecanismo de inclusión, mediante una serie de medidas que reduzcan las condiciones de precariedad en la contratación laboral, reduciendo así la segmentación, regular las condiciones del teletrabajo, sensibilizar sobre el valor del emprendimiento en el ámbito del trabajo, entre otras.

En definitiva, minimizar los nuevos riesgos sociales requiere actuaciones estructurales, estatales y autonómicas, siendo imprescindible fomentar la inclusión por la vía de los derechos sociales en un modelo social más participativo y coordinado territorialmente.