Читать книгу Participación política y derecho a la objeción de conciencia al aborto - Santiago Leyra Curiá - Страница 13

Uno de los primeros documentos que argumentan a favor de la participación democrática en la historia de la teoría política es un texto del sofista Protágoras12 en el que sostiene, contra la opinión de Sócrates, que todos los ciudadanos deben participar en el gobierno de la ciudad, puesto que todos ellos poseen igual competencia política e igual capacidad de juicio para los asuntos políticos. En efecto, el sentido moral y el sentido de la justicia son compartidos por todos los ciudadanos y esto les permite participar, deliberar, discutir y decidir en conjunto sobre lo público. Debido a que todos poseemos lo que podemos llamar capacidad de juicio político (la elemental combinación de sentido moral y justicia), todos podemos y debemos participar. Es la posesión de esa capacidad la que justifica un sistema político democrático.

Cuando no hace tanto tiempo se excluía a los trabajadores del derecho al voto o cuando se negaba el sufragio a la mujer o cuando se relegaba a la condición de paria político a una minoría racial (o a una mayoría racial), la razón esgrimida para hacerlo siempre era la misma: esos grupos sociales carecían de capacidad de juicio político. De hecho, hoy se sigue utilizando esta argumentación para justificar exclusiones que consideramos razonables: los niños o los locos. ¿Por qué excluimos a niños y a locos? Porque suponemos que su incapacidad para el autogobierno les excluye del gobierno común. Y este fue casi siempre el caso de las diversas exclusiones: a las mujeres, por ejemplo, se les negaba autonomía individual tanto o más que capacidad de participación política; si los trabajadores no poseían otra propiedad que su fuerza de trabajo, esa era razón suficiente para demostrar su falta de autonomía en la esfera económica, que tenía como consecuencia la exclusión de la esfera política, etc.

Como se ha señalado con acierto “con un papel mejor ponderado de los poderes públicos, es previsible que se fortalezcan las nuevas formas de participación en la política nacional e internacional que tienen lugar a través de la actuación de las organizaciones de la sociedad civil; en este sentido, es de desear que haya mayor atención y participación en la res publica por parte de los ciudadanos”13.

Para la teoría tradicional de la democracia, cuanto mayor sea la participación, más democracia habrá y, en principio, mejor será la calidad del gobierno. A partir de los años cincuenta del siglo XX esta idea fue cuestionada por la llamada Escuela Elitista de la Democracia, de origen norteamericano, según la cual la democracia moderna funciona mejor con niveles relativamente bajos de participación, ya que ello permitiría una mayor autonomía de las élites especializadas. Según esta escuela, una participación moderada resultaría conveniente para el mantenimiento de las libertades políticas, en condiciones de mayor cultura política y democrática de las élites con respecto a las masas. Basándose en ello se afirma que altos niveles de participación política podrían tener un efecto desestabilizador sobre el sistema político. A juicio de esta escuela, la participación es un instrumento para el logro de un mayor bienestar colectivo y no un fin en sí mismo, como parece suponer la teoría tradicional de la democracia, de modo que, si el objetivo final puede ser alcanzado mejor mediante gobiernos puramente representativos y no participativos, esto sería lo preferible14.

La respuesta a estas conclusiones y proposiciones vino de parte de otra corriente que ha sido llamada la Escuela de la Democracia Participativa15, con antecedentes en los planteamientos de Jean Jacques Rousseau, y que sostiene la necesidad de concebir la democracia, en su sentido moderno, como un proceso en el cual la medida del progreso hacia niveles más altos de democratización es precisamente el desarrollo de mecanismos participativos que incrementen el poder de dirección y control de los gobernados sobre los gobernantes. La relativamente baja participación existente en la mayoría de las democracias, comparada con las posibilidades que brinda la tecnología moderna para la expresión de la opinión ciudadana, no puede ser vista como un dato inmutable sobre todo cuando algunos países han avanzado bastante en el desarrollo de modernas formas de participación. Estas últimas ciertamente no aseguran que las decisiones colectivas sean las ideales, pero no parece haber prueba irrefutable alguna de que una élite iluminada sea mejor garantía de un gobierno en función de los intereses de la mayoría, que las decisiones libremente expresadas por la propia mayoría.