Читать книгу Estado y Mercado - Adolfo Menéndez Menéndez - Страница 19

Las economías mundial y española siguen enfrentándose a una crisis sin precedentes en la historia reciente, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. El origen sanitario de la pandemia y el hecho de que la única forma de combatir la expansión del virus sea, fundamentalmente, a través de las medidas de distanciamiento social, explica tanto la virulencia de sus consecuencias sociales y económicas, como la dificultad para hacerle frente. Se trata, en este caso, de una crisis que ha venido determinada por factores tanto de oferta, con una drástica reducción inicial de la producción agregada, como por factores de demanda, con la contracción del consumo privado y la inversión.

A lo largo de todo 2020 y lo que llevamos de 2021 y gracias a la experiencia de la crisis anterior, aún reciente, las instituciones de los respectivos países han reaccionado rápidamente y han puesto en marcha medidas de política econó-mica de amplio calado. Por el lado de la política monetaria, lo han hecho a través de importantes inyecciones de liquidez, adquiriendo activos financieros públicos y privados, para tratar de asegurar la existencia de recursos financieros en el sistema, con el consecuente incremento del tamaño de los balances de los bancos centrales.

En consonancia con la política monetaria, los gobiernos han llevado a cabo una política fiscal expansiva a través de distintas medidas de apoyo, aunque su intensidad se ha visto influida por el margen de maniobra con el que contaban las cuentas públicas nacionales. El esfuerzo global a través de aumentos del gasto, compras públicas, moratorias fiscales, avales para empresas y ayudas directas a pymes y autónomos, ascendía en el tercer trimestre de 2020 a cerca del 12% del PIB mundial y se espera se prolongue durante el año 2021.

Al mismo tiempo, la ingente compra de las emisiones deuda pública por parte de los principales bancos centrales, está permitiendo financiar todas estas medidas de política fiscal expansiva que la práctica totalidad de los gobiernos están llevando a cabo. Sin embargo, la acumulación de deuda pública está provocando una importante inquietud ante el reto de la sostenibilidad de la deuda y de cómo abordar los procesos de consolidación fiscal en el medio plazo. De igual modo, se reabre el debate sobre el impacto de esta intervención masiva del Estado en la economía y sobre el PIB potencial, el cálculo de los multiplicadores fiscales, el papel de la iniciativa privada, la necesaria financiación de este elevado volumen de gasto vía incremento del endeudamiento y de impuestos y sus distorsiones sobre la economía y, por último, también sus efectos sobre el equilibrio intergeneracional.

Esta mayor intervención del Estado para conservar el nivel de empleo y preservar la actividad de las empresas durante la crisis ha realzado el papel de los Estados en la sociedad, reabriendo el debate sobre la conveniencia de reforzar la intervención en la actividad económica. Como si de un péndulo temporal se tratara, en el breve transcurso de tiempo necesario para la elaboración de este artículo, nos adentramos en un periodo de transformación y nuevas reglas económicas, con un Estado más intervencionista, previsiblemente recuperando incluso su rol más activo, como en el pasado, de proveedor de bienes y servicios en paralelo al reforzamiento e intensificación de su papel como regulador de la actividad económica privada.

El Estado y su sector público al intervenir en la economía operando bajo un programa eficiente, debería poder alcanzar sus objetivos con las menores distorsiones del mercado posibles. En otras palabras, se trataría de diseñar una política no tanto basada en la cuantía de los recursos a gastar y cuántas empresas públicas gestionar sino, más bien, en cómo hacerlo en aras de garantizar la calidad de las decisiones públicas y la maximización del producto del país.

Es en esta capacidad de creciente y muy profunda importancia en donde, cada vez más, el Estado está más activo, considerando además la relevancia de la elaboración de una regulación de calidad para favorecer la actividad económica, la productividad y el PIB potencial de un país. Y, recordando en esta ocasión a BLINDER (2018), una regulación de calidad, que forma parte del conjunto de una política económica y que debe de estar basada en el rigor intelectual. En este contexto el papel del economista es producir buenas ideas, ideas valiosas, que sean prácticas. Y tiene, en definitiva, que recordar que la economía es también política económica, cuyo elemento fundamental y básico es la política. El análisis de este proceso evolutivo y de la calidad actual de las normas regulatorias se convertirán por tanto en el núcleo de las ideas reflejadas en este artículo.

Y para ello, en el primer epígrafe de este trabajo, revisaremos la evolución de las funciones del Estado a lo largo de la historia, donde se evidencia que el debate y su aplicación práctica, sobre su mayor o menor intervención, con frecuencia, está asociado a momentos de crisis sociales, políticas o económicas. Tras una revisión de las principales motivaciones que justifican desde la teoría económica la intervención del Estado en los mercados, en el presente artículo abordaremos ciertos aspectos relacionados con la calidad de la regulación y sus instituciones, las aportaciones más recientes referidas a una regulación “justa”, así como su importancia para el desarrollo económico. En las conclusiones volveremos a incidir en las características más relevantes del momento actual y en el renovado protagonismo del Estado, que pone más en valor si cabe, las reflexiones desarrolladas en los capítulos precedentes.