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Tal y como se ha comentado con anterioridad, entre las funciones tradicionales de los Estados se encuentra la de proporcionar bienes y servicios a la población, algunos de los cuales son de su exclusiva competencia, como la administración de justicia y la redistribución de los ingresos, a través de transferencias y beneficios sociales. La mayor presencia del estado del bien-estar ha provocado que, de forma generalizada, en la segunda mitad del siglo XX se haya producido un crecimiento del tamaño de la participación del Estado.

Una posible aproximación para analizar la participación de los Estados en la actividad económica es medir el nivel de gasto público en términos de la producción agregada, de modo que la ratio permitiría establecer comparaciones homogéneas entre países. En este caso, tal y como se observa en el siguiente gráfico (Gráfico 3), los datos evidencian la disparidad que existe entre países, incluso del mismo continente, en cuanto a la magnitud del gasto público y su nivel de influencia en la economía. Así, en países como Suecia, Dinamarca o Francia la ratio de gasto público sobre PIB superaba, tanto en 1998 como en 2018, el 50%. En España, el gasto se ha mantenido en el entorno del 40%, mientras que en Estados Unidos, el porcentaje se situaba por debajo del 40%.

Por otro lado, puesto que la gran mayoría de las partidas de gasto público se muestran menos flexibles, elásticas, que los ingresos, ya que tienen una menor vinculación al ciclo económico, los cambios identificados en esta ratio estarían reflejando alteraciones en el ideal de modelo económico preferido por las autoridades políticas. En este caso y básicamente, la información confirma la relativa estabilidad a lo largo del tiempo del gasto destinado por los gobiernos con relación al PIB. Del mismo modo, parece advertirse la tendencia a aumentar el tamaño del sector público en aquellas economías que partían de unos porcentajes de gasto sobre PIB más bajos, como Reino Unido y Estados Unidos, frente a la reducción que exhiben países que partían de tasas de gasto más elevadas, como Dinamarca y Suecia.

Gráfico 3. Evolución del gasto público sobre el PIB en algunas economías seleccionadas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE.

Si bien un determinado nivel de gasto público es necesario para garantizar el funcionamiento de una economía de mercado y para promover el crecimiento económico, su expansión no necesariamente puede ser consistente con la maximización de la tasa de crecimiento del PIB a largo plazo. De hecho, en determinadas condiciones, el aumento del tamaño del Estado provocará una reducción de la actividad derivada del libre mercado. Este podría ser el caso a través del denominado efecto expulsión de la inversión privada, provocado por el aumento de los tipos de interés o por la escasez de fondos financieros que tiene que enfrentar el sector privado ante la mayor necesidad de captación de recursos por parte del sector público para financiar así su nivel de gasto. Por tanto, lo deseable sería encontrar un equilibrio entre ambos, tratando de seleccionar entre los diferentes objetivos de la política pública para tratar de conciliar ambos y, en la medida de lo posible, mejorar la calidad del sector público y del proceso de crecimiento.

En Europa, la tasa de crecimiento económico ha experimentado una reducción sistemática a lo largo del tiempo. Además de factores entre los que se incluye el envejecimiento de la población, la preferencia por el ocio o los excesos de regulación de la economía real junto con la falta de regulación en el ámbito monetario y el sector financiero, FORTE y MAGAZZINO (2011) añadían como causa el aumento “excesivo” de la relación entre el gasto público y el PIB. Los autores encuentran esta evidencia para los 27 países miembros de la Unión Europea y argumentan que el aumento del 10% de la relación gasto público sobre PIB, en promedio, traería consigo una disminución de la tasa de crecimiento de la actividad del 2,1%. Además, un aumento de 1 punto porcentual en la variación del gasto público correspondería a una reducción de, aproximadamente, el 0,04% en la tasa de crecimiento de la actividad. En este caso, el motivo radica en que los costes para la economía de mercado de la financiación de dicho aumento del gasto público pueden exceder su productividad marginal que, por otra parte, se sitúa en niveles inferiores a la productividad marginal derivada de la economía de mercado al estar, esta última, sometida a competencia.

Pero la evidencia empírica no sólo ha encontrado una correlación entre el tamaño del Estado y el crecimiento económico. También ha justificado el papel de unas buenas instituciones como parte del Estado y su influencia sobre la riqueza, el crecimiento y la distribución de la renta. ACEMOGLU, JOHNSON Y ROBINSON (2005) argumentaban que la evidencia disponible era consistente con la opinión de que el posible crecimiento de una sociedad depende de cómo esté organizada su economía, es decir, de sus instituciones económicas. De hecho, los autores encontraron en el surgimiento de la democracia en la Europa del siglo XIX una muestra de cómo las instituciones políticas determinan las políticas e instituciones económicas y, por lo tanto, la distribución de recursos, y cómo las instituciones políticas cambian, especial-mente en respuesta a un desequilibrio del poder político de facto, con el fin de aumentar su poder político de jure en el futuro.

En la misma línea, los resultados de las investigaciones de ALESINA (1997) apuntaban a que la calidad institucional, medida por la eficiencia burocrática, la ausencia de corrupción, la protección de los derechos de propiedad y el Estado de derecho, resultan junto con la estabilidad política y las libertades civiles y económicas, variables fundamentales para el desarrollo económico. De hecho, entre las conclusiones de su análisis destaca la ausencia de correlación entre el aumento del consumo público y la mejora de los indicadores sociales o la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos, especial-mente en los países con instituciones débiles. En este caso, el autor advertía a los organismos internacionales que proveen asistencia financiera que, a la vista de estos resultados, la retirada de los recursos financieros y la ayuda técnica a aquellas economías cuyas instituciones no cumplieran unos mínimos requisitos de calidad, favorecería el crecimiento y fomentaría el desarrollo social en el medio plazo, puesto que esto generaría incentivos para el desarrollo institucional.