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La regla de conflicto como propuesta

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La delicuescencia de la majestad de la regla de conflicto ha llegado a un punto tal, que en ocasiones ya no se considera que ésta produce una solución definitiva en la determinación de la ley aplicable sino más bien que realiza una simple propuesta, sugiere un proyecto, el cual será el inicio de un camino hacia la mejor solución sustancial y conflictual, tarea en la que se verán involucradas el resto de las leyes conectadas, además de la ley elegida en primera instancia.119

En otros casos el método repartidor de competencias se transforma en un proyecto de regulación directa a cumplir por etapas.120 En mayor o menor medida y según el caso, la regla de conflicto va perdiendo la calidad de centro de gravedad en la regulación.121 Ante este panorama ya no sorprende que cada «parte» de una misma relación privada internacional pueda ser regulada por leyes de Estados diferentes. Y tampoco llama la atención que el legislador se abstenga de redactar una regla de conflicto aludiendo únicamente a orientaciones o a conceptos más o menos vagos: como el de los vínculos más estrechos o a los contactos objetivos o subjetivos que el caso tenga con un determinado Derecho.

Adoptada esta última solución, la regla de conflicto va a emerger, pero no ya en el ámbito hasta ahora natural —que es el parlamentario— sino que se aposentará en los escritorios de los jueces, a quien se le proporcionarán índices para hallar la solución y no normas a aplicar. Las soluciones universales —por su racionalidad intrínseca— se han visto reemplazadas por fórmulas legislativas precarias, provisionales o coyunturales. Este enfoque blando de tratamiento de lo legal se va consolidando, al permitir acudir no solo al Derecho extranjero seleccionado por la regla de conflicto sino también a «tener en cuenta» o «tomar en consideración» los demás Derechos extranjeros involucrados, con el objetivo de encontrar una solución pero en conjunto, tarea inédita bajo el funcionamiento de la regla de conflicto clásica.122

Ley general de Derecho internacional privado  de la República Oriental del Uruguay 19.920,  de 17 de noviembre de 2020

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