Читать книгу La insolvencia del deudor persona natural ante la transposición de la Directiva 2019/1023 - Carlos Gómez Asensio - Страница 18

El objetivo de la exoneración del pasivo insatisfecho es la rehabilitación del deudor con la finalidad de que iniciar nuevas actividades empresariales, evitando su exclusión social. De poco valdría el sistema si tras la exoneración se mantuvieran vigentes sanciones por inhabilitación que pueden variar de dos a quince años (art. 451.2.º LC) cuando el concurso se ha declarado culpable.

Lo razonable es que un deudor cuyo concurso ha sido declarado culpable, no pueda acceder al régimen de exoneración. En el hipotético caso de que tal circunstancia no prive a tal deudor del derecho a solicitar la exoneración, sino que lo retrase, algo factible con base en el art. 23 DRI, la inhabilitación debe dejar de ser efectiva cuando se logre la exoneración.

Dispone en este sentido el art. 22 DRI que:

1. Los Estados miembros velarán por que, cuando un empresario insolvente obtenga una exoneración de deudas de conformidad con la presente Directiva, cualquier inhabilitación para iniciar o continuar una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional dictada por el mero hecho de que el empresario es insolvente deje de tener efecto, a más tardar, al final del plazo de exoneración.

2. Los Estados miembros garantizarán que, en la fecha de vencimiento del plazo de exoneración, dejen de surtir efecto las inhabilitaciones indicadas en el apartado 1 del presente artículo, sin necesidad de interponer ante una autoridad judicial o administrativa un procedimiento adicional a los indicados en el artículo 21, apartado 1.

Por su parte, el Considerando 83 DRI señala que “Si la autorización o la licencia de un empresario para ejercer una determinada actividad artesanal, industrial, comercial o profesional ha sido denegada o revocada como resultado de una orden de inhabilitación, la presente Directiva no debe impedir a los Estados miembros exigir que el empresario solicite una nueva autorización o licencia al término del período de inhabilitación. Cuando la autoridad de un Estado miembro adopte una decisión relativa a una actividad sujeta a una supervisión específica, debe poder tener en cuenta también, incluso tras expirar el período de inhabilitación, el hecho de que el empresario insolvente haya obtenido una exoneración de deudas, de conformidad con la presente Directiva”.

En la misma línea de evitar todo estigma del empresario que ha obtenido la exoneración, el art. 20.3 DRI señala que “los Estados miembros velarán por que los empresarios que obtengan la exoneración de sus deudas puedan disfrutar del apoyo empresarial que los marcos nacionales existentes ofrecen a los empresarios, incluido el acceso a información pertinente y actualizada sobre tales marcos”.

Si no se optara en la transposición de la DRI por establecer un régimen único para toda persona física, se podría producir un agravio comparativo entre el empresario insolvente que podría dejar de estar inhabilitado cuando cumpliera el plazo para la exoneración (insisto, en el caso de que el concurso culpable no sea hecho impeditivo para obtener la exoneración y solo se prolongue el plazo para su obtención) y los administradores de las sociedades mercantiles que no sean empresarios en sentido técnico y no podrían acceder a la exoneración del pasivo113. En este caso tendrían que soportar la inhabilitación. Sirva de argumento adicional para establecer un régimen único para toda persona física, empresaria o no.