Читать книгу Autonomía, dependencia y servicios sociales - Carmen Alemán Bracho - Страница 44

En España, el reconocimiento y consolidación de la dependencia como problema social se ha centrado en la cuestión de la discapacidad y en la atención de las personas mayores, sobre todo a partir de los 65 años.

Con anterioridad a la década de 2000, discapacidad y envejecimiento son gestionados como condiciones separadas. La discapacidad era considerada como una cuestión de integración social (educativa, laboral y sanitaria) en la población menor de 60-65 años y el envejecimiento, transformado en la “tercera edad”, se estableció a partir de los 60 años.

En la década de 1990, se va desarrollando un proceso de visibilización y reconocimiento de la cuestión de la dependencia iniciados a partir de diversas actividades, como el Plan Gerontológico Estatal de 1991-2000, consolidadas por comités de expertos, fueron introduciendo en el debate la cuestión de la dependencia vinculada a la edad y centrada en las personas mayores (IMSERSO, 1995). “Al mismo tiempo se propusieron modelos alternativos de protección social y se trasladó a las Administraciones públicas y a los partidos políticos la necesidad de abordar formalmente el tema de la dependencia” (Escudero, 2007: 68).

La visibilización de la dependencia como problema social se caracteriza por la intervención de comités de expertos y de grupos de trabajo que además monopolizan el debate desde el envejecimiento de la población y las necesidades resultantes de los cuidados de larga duración.

En 1999, el debate sobre la cuestión de la dependencia y su inclusión en la agenda política es activado por grupos de presión relevantes en el escenario sociopolítico y económico español (IMSERSO, clase política, sindicatos y patronal) y se articuló con relación a la Seguridad Social y a los seguros sociales públicos o privados. Este proceso se caracterizó por los siguientes hitos (Rodríguez Cabrero, 2002):

• El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales planteó un seguro de protección social pública y universal integrado en la Seguridad Social, mientras que en el Congreso y en el Senado se apostaba generalizadamente por la promoción de medidas legislativas encaminadas a la protección de la población dependiente.

• El informe del Defensor del Pueblo (2000) a favor de un seguro público de protección a la dependencia.

• Los sindicatos proponían un seguro público de dependencia enmarcado en el Pacto de Toledo de 2001 sobre pensiones.

• La Patronal CEOE y las compañías privadas proponían un seguro privado de dependencia.

Resultado de las relaciones de fuerza entre los actores intervinientes en el debate, se optó por un seguro mixto de protección a la dependencia: “un seguro público para las personas que no dispusiesen de recursos y un seguro privado complementario con apoyos fiscales para las que pudieran permitírselo, opción que fue bien vista por las compañías de seguros” (Rodríguez Cabrero, 2000: 41).

En esta actividad orientada a la categorización y reconocimiento del problema social de la dependencia destaca el papel del IMSERSO que, a partir de la década de 2000, asume el estudio y la competencia en esta materia, publicando en el año 2004 el Libro Blanco de la Atención a las Personas en Situación de Dependencia en España como paso previo a la creación de un Sistema Nacional de Atención a las Personas Dependientes y “cuarto pilar” del Estado de Bienestar. En la elaboración del documento intervienen el Consejo Estatal de las Personas Mayores, al CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

La crisis y presión fiscal de la Seguridad Social también suponía incluir un sistema de prestaciones y servicios sociosanitarios de atención a la dependencia externos, aunque complementarios, a la Seguridad Social con la creación del SAAD16. Tomando como base el libro blanco de la dependencia (IMSERSO), en el año 2005 la patronal, los sindicatos y el gobierno firman el “acuerdo social sobre la acción protectora de la atención a las situaciones de dependencia”.

Este proceso culmina con la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (en adelante LAPAD), con un elevado apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios y se crea el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, circunscrito al IMSERSO.

Como resultado del proceso descrito, la cuestión de la dependencia quedó desplazada definitivamente a las últimas etapas del ciclo vital de las personas, excluyendo o limitando su acción protectora a otros grupos de personas en situación de dependencia: niños, niños pequeños con necesidad de atención temprana, jóvenes y adultos con diversidad funcional, personas con enfermedad mental, etc.