Читать книгу Autonomía, dependencia y servicios sociales - Carmen Alemán Bracho - Страница 46

El envejecimiento de la población y el aumento de población en la “vejez” generó la redefinición de ciertas relaciones intergeneracionales, la percepción de la actividad profesional como trabajo, la edad de jubilación y el reconocimiento de las actividades domésticas y de cuidados desde la norma del empleo y regulada por la Seguridad Social.

La “vejez” no es una propiedad sustancial que llega con la edad (Lenoir, 1993). Es una categoría social cuya definición varía como resultado y distribución de las relaciones de fuerza entre generaciones y entre clases, no sólo etarias. La edad de jubilación constituye claro un ejemplo de ello, debido, en gran parte, a la centralidad del empleo en el disfrute de la ciudadanía y de los derechos civiles, políticos y sociales.

Por ello es por lo que, a lo largo del tiempo, se asiste a la institución de narrativas públicas de reformulación de la edad de jubilación o de las condiciones en las que esta se produce, así como la introducción de la dependencia en las agendas políticas. El año 2012 fue proclamado como el año europeo del envejecimiento activo y de solidaridad intergeneracional. Mediante esta iniciativa, se pretendía concienciar a los ciudadanos del envejecimiento de la población europea y promover la convivencia entre generaciones.

Al tiempo que la dependencia se instituye como problema social y se constata la crisis fiscal de los Estados y el crack de la economía, se desarrollan estudios y programas para promover un envejecimiento saludable y activo (Cylus, et. Al, 2019). A modo de ejemplo, en 1998 se creó el European Observatory on Health Systems and Policies22, una institución internacional para apoyar y promover la formulación de políticas de salud en esta línea. En ella, participan expertos, centros de investigación, gobiernos y organizaciones internacionales dirigidos a analizar los sistemas de salud e influir en las tendencias políticas, así como en la formulación de medidas concretas.

La delimitación, proposición, gestión y planificación de las políticas sociales de dependencia– incluyendo el sistema de atención a la dependencia y los servicios sociales-responden a criterios que trascienden a los factores demográficos y que se relacionan con intereses de índole política, económica y cultural.

Es en esta dimensión de los cuidados donde operan los patrones morales y culturales y es donde se activa el discurso sociopolítico de la autonomía personal, entendida como independencia o la no necesidad de cuidados. No es fortuito que la ley española para la atención a la dependencia se denomine Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

En contraposición al estado de dependencia, emerge el concepto de autonomía. La LAPAD define la autonomía como “la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria” (art. 2.1). En esta definición se propone un modelo de autonomía como la independencia respecto a otros (iniciativa propia) y dirigido al cumplimiento de las normas.

Los discursos de la autonomía hacen referencia a la independencia de los sujetos en las relaciones, no a la interdependencia y esto genera una crisis estructural en esas mismas relaciones –la de los cuidados–, así como se activan mecanismos de exclusión que se tratan de paliar con prestaciones, servicios y asistencias externalizadas.