Читать книгу Autonomía, dependencia y servicios sociales - Carmen Alemán Bracho - Страница 59

En España, como en Europa, se viene trabajando en materia de discapacidad desde los años 80. Ya en 1982 se aprueba la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), que reguló el sector. La Ley 16/1990 reguló las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.

En la década siguiente tuvieron lugar en España más avances, como la aprobación de la Ley 18/1991 que permitía a las familias que tuvieran algún mayor ascendiente acogido, una deducción. Y la Ley 40/1998, de reforma del IRPF, que actuó directamente sobre la base del impuesto, prestando una mayor atención fiscal a una familia cuando dedicaba ayuda y cuidados de larga duración a alguno de sus miembros. Cuando el mayor discapacitado contaba con ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional el sujeto pasivo aumentaba el mínimo familiar, exento en una cuantía diferente dependiendo del grado de minusvalía. La Ley 39/199924 facilitó a los trabajadores ocuparse de los familiares dependientes, siguiendo al mismo tiempo con la actividad desempeñada en el mercado laboral a través de excedencias y reducciones en la jornada (Castón y Ramos, 2006).

La Ley 51/2003 de 2 de diciembre estableció la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Conocida como LIONDAU, recogió los objetivos y acciones a realizar sobre la discapacidad y estableció los principios básicos que sobre discapacidad se desarrollaron en normativas posteriores. Fijó las obligaciones de las Administraciones Públicas para promover la protección jurídica, de fomento de la calidad, de desarrollo de actividades de información y campañas de sensibilización, así como de innovación técnica en áreas relacionadas con la discapacidad. Esta medida permitió el desarrollo de otras medidas contra la discriminación, de acción positiva y sobre la accesibilidad. La Ley 26/1125, de 1 de agosto, adaptó la LIONDAU a la normativa de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Será la publicación del Libro Blanco. Atención a las personas en situación de dependencia en España (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004) el que modifique el enfoque que en España se venía dando a la discapacidad, en esta ocasión muy ligado a las recomendaciones de la UE26. Sus principales propuestas planteaban futuras líneas de actuación administrativa adoptadas en la elaboración de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.