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1.3. Los cuidados familiares en España

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La incorporación de la mujer al mercado de trabajo se produce en circunstancias de dificultades en el acceso de la vivienda, la ausencia de políticas de desfamiliarización de las funciones reproductivas insertas en los servicios sociales públicos (Garrido y Chuliá, 2005; González y Requena, 2006) y la precarización laboral; lo que genera, como se ha señalado, un efecto negativo en las tasas de reemplazo de la población, la postergación de la maternidad y la disminución del número de hijos.

Diversos estudios (Crespo y Moretón, 2010; Borrás, Torns y Morena, 2007) muestran cómo conciliar requiere del acceso a medios privados para responder a las exigencias laborales y atender a los cuidados familiares, recayendo dicha responsabilidad mayoritariamente en la mujer, tal y como pone de manifiesto la encuesta de empleo de tiempo periodo 2009-201015, publicada por el INE.

Pese a que en los últimos años se propone un modelo de corresponsabilidad en la distribución de los cuidados, las expectativas en el ámbito laboral (Corró y García, 2013) y la falta de servicios públicos para la conciliación de la vida familiar repercuten negativamente en la percepción de estas tareas como carga y en la desigual distribución de estas. En adición, el impacto de la crisis Covid-19 ha contribuido a desequilibrar aún más la relación entre la vida laboral y personal de las mujeres respecto a la de los hombres, asumiendo más la reducción de las horas de trabajo y una mayor probabilidad de pérdida de este. En definitiva, la carga de las responsabilidades de cuidado durante la pandemia ha crecido más en el caso de las mujeres (Eurofound, 2020).

En relación con los cuidados a personas con discapacidad en los hogares españoles, la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008 elaborada por el INE, encontró que el perfil del cuidador principal es la mujer entre 45 y 65 años que reside en el mismo hogar que la personas a la que cuida (tres de cada cuatro cuidadores es mujer). En cuanto a la percepción de los cuidados, estas manifiestan dificultades para realizar las tareas, afectadas en su salud y en su vida personal. Y es que, en términos generales, los cuidados y la conciliación de estos con la vida laboral, cuando la hay, son percibidos desde el estrés y desde la incompatibilidad entre las exigencias laborales y las necesidades de las familias (Tobío 2005), incluyendo la atención a personas mayores y dependientes a cargo (Corró y García, 2013).

Desde un punto de vista cualitativo, la cuestión de la dependencia pone de manifiesto cambios profundos en los modos de solidaridad, la fragmentación de lo público y lo privado e importantes transformaciones en las relaciones (inter)generacionales (vejez versus juventud, jubilados versus población activa, longevidad versus fecundidad, etc.). Por tanto, la distribución y las relaciones de poder entre los actores que intervienen en su categorización, resultan cruciales. Ese proceso es el que va a marcar: (1) Qué es la dependencia; (2) Quién es considerado dependiente y en qué términos sociales se percibe; (3) Cuáles son los servicios y cuidados instituidos para la persona dependiente; y (4) Quién cuida y atiende a quien y bajo qué condiciones lo hace.

Autonomía, dependencia y servicios sociales

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