Читать книгу Autonomía, dependencia y servicios sociales - Carmen Alemán Bracho - Страница 42

Como señalan González y Requena (2006: 118), el Estado de Bienestar español, además de tardío, es deudor de la tradición corporativa, característica de los modelos del centro y del sur de Europa. Entre sus limitaciones, se encuentra la preeminencia de los criterios contributivos en la financiación de las políticas; lo que hace que el sistema y garantías de derechos sociales dependa fundamentalmente de la capacidad de cotización de los ciudadanos (condición que deja en una situación de vulnerabilidad a aquellos grupos y/o personas cuya relación con el mercado de trabajo sea frágil o inexistente).

El Estado de Bienestar español se basa eminentemente en la Seguridad Social, en el sistema público de pensiones y en la familia, aunque haya incorporado con el tiempo elementos universalistas en sanidad, educación o, incluso, respecto a las pensiones y prestaciones no contributivas en la Seguridad Social (actualmente se considera un sistema mixto, aunque el alcance de las prestaciones y pensiones no contributivas resulte muy limitado).

Por tanto, como sucediera en otros países con modelos corporativistas y familistas, en España la cuestión de la Seguridad Social, referido al sistema público de pensiones, ha generado gran debate y preocupación política. La cuestión del sistema público de pensiones resulta central en la agenda política porque (Rodríguez-Cabrero, 2020):

• Asegura unas condiciones de vida dignas a las personas mayores y jubiladas, partiendo de los derechos sociales generados, mediante las cotizaciones.

• Esperanza a los futuros pensionistas (presente población laboral activa).

• Resulta un objetivo de los sistemas financieros globales en la participación o reconversión a fondos privados de pensiones.

Dadas las recurrentes crisis económicas, la debilidad estructural del mercado de trabajo español, las cíclicas altas tasas de desempleo y la precariedad laboral han hecho que este modelo de Bienestar y de Seguridad Social eminentemente corporativista se encuentre en crisis desde sus inicios. De ahí, por ejemplo, la Reforma de 1985, las sucesivas leyes sobre pensiones, etc.13 y la firma del Pacto de Toledo en 1995 que buscaba, entre otras cuestiones, “evitar cambios estructurales sin acuerdo que pusieran en riesgo el sistema en su doble dimensión de gobernanza y sostenibilidad” (Rodríguez-Cabrero, 2020: 301).

Esta tendencia de crisis y presión fiscal sobre el sistema de Seguridad Social se ha visto agravado por el creciente envejecimiento de la población y por el aumento de los jubilados, en un contexto donde el familismo ha operado como sostén ante la inestabilidad estructural. Lo que supone que, ante los cambios en los modelos y posibilidades de las familias, la inestabilidad se agudice, dificultando los proyectos vitales y las transiciones a la vida adulta de jóvenes y de la población en edad de trabajar (Benedicto, 2017).

Otro proceso político interviniente en la construcción de la dependencia como problema social asociado a la edad, lo constituye la falta de confianza en los gobiernos nacionales y la crisis de las democracias representativas, con especial mención al caso español. Esta tendencia ha quedado agravada por la crisis de la Covid-19, tal y como recoge el informe Vida, Trabajo y Covid 1914 (Eurofound, 2020).

En consecuencia y, como ocurrió en otros países europeos, desde la década de 1990 se produce en España el deslizamiento demográfico y electoral a favor de los pensionistas mayores de 65, trasladando el debate de la discapacidad hacia el de la dependencia desde el punto de vista del envejecimiento de la población y de la sostenibilidad del sistema.