Читать книгу Autonomía, dependencia y servicios sociales - Carmen Alemán Bracho - Страница 36

Los factores demográficos descritos (envejecimiento de la población y aumento de las tasas de discapacidad) se gestan y desarrollan en un contexto de crisis económica, caracterizado por la quiebra del paradigma del pleno empleo (base de la financiación del bienestar) y por el cuestionamiento de los sistemas de bienestar, ambos iniciados en la década de 1970 con la crisis energética de 1973.

Ya en la década de 1960, países europeos como Francia y Alemania –fundamentalmente aquellos que contaban con Estados de Bienestar conservadores y basados en la Seguridad Social– comienzan a tratar la cuestión de la vejez y del envejecimiento de la población como un tema central en sus agendas políticas7. Aunque se trata de un periodo de expansión y consolidación de los estados de bienestar (Gough, 2000) y a nivel demográfico se habla del baby boom, la preocupación por el envejecimiento de la población se va orientando a resolver la crisis del orden social, relacionada con los procesos de reproducción social.

Desde entonces, se han manifestado desequilibrios en la financiación de los diferentes modelos de Estados de bienestar y de sus políticas sociales sectoriales, servicios y prestaciones conexas, principalmente, en los modelos de bienestar corporativistas y familistas y en lo relativo a la Política de Seguridad Social y a los sistemas públicos de pensiones.

A nivel internacional, como apunta Rodríguez-Cabrero (2020), los sistemas públicos de pensiones suponen el centro de los sistemas de protección del modelo social europeo, debido a su dimensión financiera, su repercusión en las condiciones de vida de los ciudadanos y su relevancia en los debates políticos iniciados en la década de 1970.

Como se ha señalado, el envejecimiento de la población conlleva que la proporción de población activa (personas en edad laboral) está reduciéndose, mientras que el número relativo de personas jubiladas va en aumento. Por ejemplo, la UE estima que la proporción de personas mayores respecto al total de la población crecerá significativamente en las próximas décadas. Esto supone:

• El aumento de la carga sobre las personas en edad laboral para hacer frente al gasto social derivado del envejecimiento de la población.

• Una mayor presión fiscal, dado el incremento del gasto social en pensiones. El aumento de pensionistas supone, por un lado, la disminución de los ingresos que proviene de la población activa y, por otro, el aumento de las transferencias sociales destinadas a pensiones ya sea en su modalidad contributiva o no contributiva y, sobre todo, aquellas que se refieren a la jubilación.

Además, los Estados de Bienestar corporativistas –el grosso del modelo europeo– tienen sistemas de pensiones fuertes difíciles de sostener con bajas tasas de ocupación (Esping-Andersen, 2000). Estas afectan principalmente a las mujeres, generando problemas de inserción laboral y bajas tasas de fecundidad. Y todo ello dificulta el reemplazo generacional y la financiación a mediolargo plazo del sistema de pensiones.

En cuanto al gasto social destinado a salud, según los análisis llevados a cabo por Cylus, Figueras y Normand (2019), el envejecimiento de la población no supone el principal factor del crecimiento de este tipo de gasto. Para los autores, la clave reside en el tipo de políticas aplicadas en la asignación de los recursos y servicios sanitarios, así como los patrones de gasto adoptados para los distintos grupos de edad. Resulta interesante reseñar que la inversión del PIB destinado al gasto sanitario no es uniforme en la EU27 y que la tendencia, incluida la española, presenta una clara reducción de este hasta el año 2019.