Читать книгу Autonomía, dependencia y servicios sociales - Carmen Alemán Bracho - Страница 33

La cuestión de la Dependencia se encuentra articulada en todos los instrumentos que forman parte del mundo social: organizaciones, políticas, leyes y normativas, representaciones e imágenes colectivas, etc.

A nivel internacional, el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia ha sido recogido por numerosos documentos y decisiones de organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y el Consejo de Europa. En España, la cuestión social de la Dependencia se instituye con la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Estos instrumentos normativos funcionan como narrativas públicas y constituyen, en definitiva, marcos de referencia para las prácticas sociales vinculadas a formaciones culturales e institucionales, tanto a nivel macro como micro (Somers, 1994: 619). Por tanto, sirven para justificar o para legitimar nuevas visiones y prácticas políticas (Kjørholt, 2008: 153) en torno a la dependencia.

De hecho, para los servicios de atención a la dependencia, ambos, cuidadores y personas dependientes son posicionados en un discurso cultural que abre el camino para ciertas formas de acción y significados, mientras que se prohíben otras. Es por ello también, a lo largo de la historia, las personas en situación de dependencia han sido denominadas de distintas formas (tullidos, disminuidos, minusválidos, discapacitados, etc.). Cada una de esas acepciones contienen lo que es políticamente correcto o no, en función de los valores morales y culturales donde se producen. Respecto a la relación con el cuidador –sea individual o institucional– implica también una delimitación de lo que se puede o no hacer y desde qué forma se hace.

Es por lo que, a partir de la década de 1990, la cuestión de la dependencia suscitó un mayor interés en las agendas políticas, fundamentalmente, asociada al creciente proceso de envejecimiento de la población. La preocupación por la población de 65 años o más ha liderado la formulación de políticas internacionales y nacionales para dar respuesta a la gestión de los cuidados de larga duración y para evaluar el impacto económico del envejecimiento de la población sobre los Estados de Bienestar (en lo que se refiere al problema de las pensiones, al decrecimiento de la población activa y a las cotizaciones a la seguridad social). De esta manera, aunque dependencia y vejez no son términos sinónimos, el problema social de la dependencia se ha ido articulando en relación con el envejecimiento de la población.