Читать книгу Autonomía, dependencia y servicios sociales - Carmen Alemán Bracho - Страница 32

La noción de dependencia supuso la extensión y transformación del concepto de discapacidad en dos sentidos. En primer lugar, trasladó el debate de la asistencia pública a la discapacidad hacia el derecho sustantivo de las personas en situación de dependencia. En segundo, lugar puso de manifiesto la cuestión de la crisis de los cuidados, unida las transformaciones del bienestar en los países industrializados.

El concepto de discapacidad se introdujo en la década de 1960, de acuerdo con los valores de justicia social e igualdad de oportunidades y como garantía de los derechos sociales de ciudadanía, en el periodo de consolidación y expansión de los Estados de Bienestar.

La discapacidad designa la disminución de la capacidad (discapacidad) de una persona o grupo para vivir de acuerdo con la norma social en condiciones de integración. Por ello, la Carta Social Europea (1961)1, revisada en 1996, estableció “el derecho de las personas con discapacidades a la integración social y a la participación en la vida comunitaria” (art. 26). En este marco, los Estados de Bienestar tenían la obligación de responder a esa demanda, desde una mayor o menor cobertura dependiendo del régimen de bienestar.

Décadas después, el Consejo de Europa (1998), definió la dependencia como un “estado en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal”.

Acorde con esta definición –asumida en las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la UE– lo que esencialmente caracteriza a la dependencia es la falta o pérdida de autonomía en las rutinas (actividades de la vida diaria) y/o en el cuidado personal. Por tanto, la dependencia designa una condición relacional de una persona hacia otra o de un grupo de personas hacia una sociedad y esta condición implica cuidados.

Tradicionalmente, los cuidados han sido considerados una práctica privada donde la familia (y la mujer) ha asumido el rol principal en su provisión. Cuando a finales de 1990 se incluyó la dependencia en términos de categoría social, se hizo nombrable y público lo que, hasta entonces, se encontraba reprimido y se reservaba a la esfera de lo privado (la familia); en un contexto sociodemográfico, económico y cultural en el que los cuidados se subjetivan como una carga para las familias (cambios de modelos familiares) y para los regímenes de bienestar (presión fiscal y crisis del modelo).

En el trabajo social y político de nombrar la dependencia, la demografía, los comités de expertos y otros grupos de presión han jugado un papel fundamental, posibilitando una definición consensuada de la dependencia (basada en datos, cifras y tendencias) y la estandarización de las necesidades de aquellas personas que forman el grupo de dependientes como son los Grados de dependencia.

En el trabajo de visibilización de la dependencia resulta especialmente relevante la actividad gerontológica. La disciplina gerontológica se consolida a partir de mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la mayor parte de las asociaciones de Gerontología, comenzando con la norteamericana en 1945. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología se funda en 1948 (Rojas; Silveira y Martínez, 2014).