Читать книгу Autonomía, dependencia y servicios sociales - Carmen Alemán Bracho - Страница 37

Desde la década de 1980, se viene advirtiendo y desarrollando la una crisis en las democracias representativas, manifestada por una situación extendida de desafección política y de desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes y hacia el funcionamiento de las instituciones básicas de las democracias contemporáneas (partidos políticos, elecciones y poderes de gobierno). Además, como señaló Eberhardt (2015), la modernización social y tecnológica ha mermado la centralidad de los partidos como agentes de representación política “viendo disputado su rol histórico como organizadores de la sociedad civil por grupos de interés, movimientos sociales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG)” (2015: 88).

La crisis de legitimidad de las instituciones y la creciente desafección política ha impactado notablemente en los Estados de Bienestar. La preocupación política por el rescate de las democracias ha buscado fórmulas económicas y electoralistas centradas en el sostenimiento del orden social instituido y, en los últimos 30 años, se ha ido produciendo un deslizamiento hacia la población pensionista.

El deslizamiento demográfico y electoral de las democracias a favor de los pensionistas (mayores de 65) se inicia ya a finales de la década de 1980; lo que presiona en la redistribución de las políticas sociales y contribuye a situar la cuestión de la dependencia asociada al envejecimiento de la población en el centro del debate político, económico y social.

En la década de 1990, países europeos con sistemas de bienestar corporativos comienzan a centrar su interés en la gestión de la dependencia, aumentando el peso de esta política en los presupuestos públicos, orientados a manejar el poder electoral de los pensionistas.

Dada su envergadura, los sistemas públicos de pensiones se presentan como un elemento central en la cohesión social y en la legitimación política (Rodríguez-Cabrero, 2020). En este escenario, no es de extrañar el peso extraordinario de los pensionistas en el censo electoral de las democracias avanzadas; lo que les confiere una especie de veto electoral a cualquier intento de corregir el sistema de redistribución en contra de sus intereses (González, 2005; González y Requena, 2008: 119), pero también a ubicar la cuestión de la dependencia en el centro del debate público y en el corazón de los derechos sociales.

En consecuencia, la cuestión de la dependencia se centra en el envejecimiento de la población como problema social y en la vejez como centro de su gestión, desplazando del debate el efecto de procesos demográficos parejos (bajas tasas de fecundidad y de natalidad) y socioeconómicos (altas tasas de desempleo, precariedad laboral, ausencia de políticas de conciliación familiar, etc.).

La situación expuesta, marca un punto de inflexión en la gestión política y en la financiación de las áreas del bienestar, situando la dependencia como uno de los pilares fundamentales de las sociedades del bienestar (Alemán-Bracho y Ramos, 2020). La dependencia como problema social se relaciona además con la trasformación del orden social y político.