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Montoro, al galope en el Congreso, muestra la cabeza de Pujol con un mensaje: soberanismo es corrupción

En una misma jornada, se produce en Madrid una significativa coincidencia. Comparecencia del ministro de Hacienda en el Congreso para informar «sobre los avances en la lucha contra el fraude fiscal» y visita del jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Martí, al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, en el palacio de la Moncloa.

Montoro ha hablado por la mañana, con gran dureza dialéctica, sobre los cuantiosos fondos que la familia Pujol ha reconocido tener en Andorra, después de haber sido detectados por la policía española, presuntamente gracias a la delación de un empleado de banca. Martí y Rajoy hablarán, oficialmente, de las negociaciones en curso entre España y Andorra para evitar la doble imposición, medida útil para la prevención del fraude fiscal. Hablarán también, sin duda alguna, del caso Jordi Pujol, un bombazo del que aún no se conocen todas las consecuencias, jurídicas y políticas, más allá de la fulminante muerte civil del expresidente de la Generalitat. En una misma mañana, potente foco sobre la familia Pujol en el Congreso e imagen de colaboración de Andorra con España. En la Moncloa no habrá conferencia de prensa, ni están previstas declaraciones del señor Martí a la prensa.

Había expectación esa mañana en el Congreso para escuchar a Montoro. Había interés por ver con qué intensidad el Gobierno del PP manejaba el foco. Máxima intensidad. Alto voltaje. Montoro ha salido en tromba, presentando el caso Pujol como el gran paradigma del fraude fiscal en España. El más escandaloso. El más pérfido. Cima de la corrupción. Con un lenguaje descarnado, jamás empleado por el Gobierno en otros casos recientes, Montoro ha intentado pulverizar lo poco que queda de la imagen pública del expresidente de la Generalitat, subrayando la fuerte vinculación de su figura con el movimiento soberanista catalán. Y ha enviado un mensaje a CiU: «Iremos hasta el final».

Independentismo igual a corrupción. Soberanismo igual a corrupción. Catalanismo igual a corrupción. Gracias al Estado, gracias a la fortaleza del Estado central, los ciudadanos catalanes, honrados y trabajadores, no acabarán de ser esquilmados por una élite corrupta que pretende manipularlos y embarcarlos en aventuras políticas equivocadas. En síntesis, este ha sido el mensaje del ministro de Hacienda, redactado en lenguaje «montorés», es decir, directo, rudo, sin rodeos y directo a la cabeza. Un comentario en Twitter de Carlos Cué, corresponsal político de El País, me parece relevante: «Llevo unos cuantos años en el Congreso y nunca había visto una comparecencia así». El lenguaje «montorés» es eficaz para el telediario de las tres, pero en algunas curvas derrapa. Ha hablado de Jordi Pujol, en términos durísimos, y de «don» Luis Bárcenas.

La conclusión es clara, el Gobierno está dispuesto a explotar a fondo el caso Pujol con cinco objetivos, al menos: advertencia a CiU, desmoralizar al soberanismo, alejar a los ciudadanos catalanes que no están por la independencia de la zona de influencia del «derecho a decidir», aparecer ante el conjunto de la población española como un rocoso adversario de cualquier tentación separatista y atravesar el bucle de la desconfianza ciudadana, reivindicando el papel del Estado como garantía última de estabilidad. El PP forma parte del problema, es verdad —caso Bárcenas, don Luis Bárcenas—, pero la derecha española se aferra al misterio de la Santísima Trinidad. Un discurso trinitario: partido, Gobierno y Estado; tres figuras distintas que, en última instancia, se funden en la autoridad el Estado. Todo está muy mal, nosotros hemos pecado, es cierto, pero la fuerza suprema del Estado nos redimirá a todos. El Gobierno comienza el curso con el objetivo de apoderarse de la bandera de la regeneración. El primer paso ha consistido en aparecer en el Congreso y ante las cámaras de televisión con la cabeza de Jordi Pujol en la mano. Será exhibida en público dentro de una jaula para escarnio y escarmiento general.

La visita de Martí a Rajoy ofrece una estampa de subordinación de Andorra al Gobierno de España. Lo parece y probablemente lo es. Quizá por ello, la magistratura andorrana anunció ayer —precisamente ayer— que acepta con condiciones la comisión rogatoria solicitada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, para investigar las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola en el principado, por un posible delito de blanqueo de capitales. La juez encargada de elaborar el dictamen ha decidido mantener en suspenso, durante un mes, la citada comisión rogatoria, para que la parte afectada pueda aportar elementos en su defensa. Al cabo de treinta días tomará una decisión definitiva. Garantismo.

En pocas palabras, la magistratura del principado ha venido a recordar que Andorra se halla a mitad de camino entre las islas Caimán y Luxemburgo. No es un paraíso fiscal —en el 2009 logró ser excluida de la lista de paraísos fiscales de la OCDE—, pero tampoco es un enclave bancario miembro de pleno derecho de la Unión Europea. A Andorra le interesa seguir teniendo una banca atractiva por su discreción —baja fiscalidad y mucha privacidad, sin llegar a la total opacidad—, y a la vez necesita mantener las mejores relaciones posibles con los estados español y francés y con las autoridades comunitarias. Diversos bancos andorranos tienen ficha para operar en España y hay importantes inversiones andorranas en territorio español, no solo en Barcelona.

El primer ministro Martí tiene una buena sintonía personal con Rajoy (lo recordaba el periodista Ramon Aymerich en un imprescindible informe sobre Andorra y el caso Pujol publicado en La Vanguardia). El antecesor de Martí, el socialdemócrata Jaume Bartomeu (presidente entre el 2009 y el 2011), artífice de la salida de Andorra de la lista de paraísos fiscales, simpatizó de joven con el grupo Bandera Roja en la Universitat de Barcelona y cuenta con buenos amigos en la izquierda catalana. Y atrás han quedado dos relevantes figuras de la política y la economía andorranas, Marc Forné y Òscar Ribas, con estrechos vínculos con el nacionalismo catalán en los años ochenta y noventa. Dicho en pocas palabras, la influencia política de CiU en Andorra es hoy limitada. Los tiempos han cambiado. Matices, matices, matices que conviene tener en cuenta para descifrar el código 11-9-11.

El caso Pujol incomoda a Andorra. Sus bancos no quieren perder la atractiva marca de la privacidad, pero su actual estatus internacional exige buenas relaciones con Madrid, Bruselas y otras capitales europeas. Andorra tiene mucho que ver con Cataluña, pero no es un anexo de Cataluña. Moviéndose por este enrevesado cruce de intereses, la unidad de delitos fiscales de la policía española consiguió perforar en junio algunas de las cuentas de la familia Pujol en Andorra y generó lo que en Rusia llaman un kompromat, contracción de komprometiruishiy material: material comprometido, susceptible de ser utilizado políticamente mediante filtración. Un potentísimo kompromat que colocó contra las cuerdas a toda la familia Pujol, obligó a Jordi Pujol a una tremenda confesión pública —se supone que en beneficio de la defensa de su hijo mayor—, lo que provocó un cráter de colosales dimensiones en la política catalana en vísperas del 11-9-11. Una sacudida cuyas importantes consecuencias a corto y medio plazo no se pueden negar, ni minimizar. Se ha hundido un mito político y se han roto los últimos diques que impedían una mayor ola de desconfianza social en la política, una ola que recorre toda España, sin excepción, ni distinción. Como decía el semanario británico The Economist: «El constructor del orgullo nacional catalán ahora lo está minando».

El cráter es enorme y la radiación intensa. Algo importante se ha roto en Cataluña. Ha podido comprobarse en el Congreso de los Diputados. Mejor será no ignorarlo.