Читать книгу La sostenibilidad y el nuevo marco institucional y regulatorio de las finanzas sostenibles - José María López Jiménez - Страница 35

No solamente los grandes clientes de perfil institucional se interesan por la oferta de productos sostenibles, por su mayor rentabilidad o por su mayor estabilidad ante cambios en el ciclo económico, sino que, cada vez más, son los particulares los que tratan de alinear sus preferencias ASG con la actividad de una concreta entidad financiera o con el destino que se dé a sus ahorros o inversiones.

Cuando un usuario de servicios financieros se aproxima a una entidad financiera podemos pensar que lo que le interesa tiene más que ver con las tres variables básicas de las finanzas, es decir, con la rentabilidad, el riesgo y la liquidez del servicio que pretende contratar, que con la sociedad o el clima. Sin embargo, los clientes están cada vez más interesados, como parte de su evaluación de conjunto previa a la toma de la decisión, en saber cómo las entidades identifican y gestionan sus propios impactos de naturaleza no financiera, especialmente en los ámbitos medioambiental y social (López Jiménez, 2020c).

Determinados colectivos, sobre todo los formados por los más jóvenes, sopesan antes de contratar un producto financiero cuál es la contribución del proveedor del servicio a la mejora de la sociedad, a la preservación de la biodiversidad o a la conservación del ecosistema marino, por ejemplo. Ciertos estudios sugieren la existencia de correlación entre la edad y el género de los inversores y unos patrones más sostenibles de inversión y de consumo (Autoridad Bancaria Europea, 2020c, pág. 34).

La graduación de la mayor o la menor ambición de un contrato financiero sostenible también podría facilitar una mejor ordenación de la oferta “verde” o “social” en interés de los clientes, tanto dentro de una misma entidad como entre entidades, introduciendo un elemento de comparabilidad, partiendo de que las preferencias de sostenibilidad de los usuarios no tienen por qué ser siempre idénticas (López Jiménez, 2020c).

También se espera que algunas entidades financieras, como las empresas de servicios de inversión, los fondos de inversión y los distribuidores de seguros, evalúen con carácter previo los objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo y la “sensibilidad ASG” de los clientes, con el fin de poder recomendarles instrumentos financieros o seguros adecuados. Todo ello motiva la necesidad de revisión de determinados actos delegados de las Directivas MiFID II y sobre distribución de seguros, o la aprobación de nueva normativa, como el Reglamento (UE) 2019/2088, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, con entrada en vigor en 2021.

Otra materia controvertida, no resuelta todavía, es la de si los clientes de las entidades financieras deben ser los que expresamente soliciten la contratación de productos sostenibles o si, por el contrario, deben ser las entidades las que tomen la iniciativa, especialmente si, como acabamos de señalar, éstas tendrán que someter a los clientes a “examen”.

No parece que sea casual que en el documento de consulta (Comisión Europea, 2020c) para la revisión del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles de 2018, se plantee abiertamente, entre otras muchas cuestiones, cuál debería ser la relación entre las áreas de la educación financiera y de la sostenibilidad. En especial, se somete a la consideración de las personas y de las instituciones interesadas en la revisión del Plan de Acción, cuáles de las siguientes iniciativas deberían ser prioritarias:

– Integración de la educación financiera sobre sostenibilidad en los requerimientos de formación de los profesionales de las finanzas.

– Impartición de formación sobre finanzas sostenibles en las escuelas, en el marco más amplio de la sensibilización sobre el cambio climático y la sostenibilidad.

– Al margen de la escuela, impartición de formación a los ciudadanos sobre la reducción de su huella ambiental y la toma de decisiones de inversión.

– Reforzamiento de los programas de educación financiera ya implantados en beneficio de la ciudadanía.

– Reforzamiento de los programas de protección de consumidores e inversores, y de los ciudadanos como integrantes activos de sus comunidades.

– Promoción de la inclusión de la sostenibilidad y las finanzas sostenibles en el currículo de los estudiantes, particularmente de los futuros profesionales de las finanzas.