Читать книгу La sostenibilidad y el nuevo marco institucional y regulatorio de las finanzas sostenibles - José María López Jiménez - Страница 84

En la medida en que históricamente la mayor parte del consumo de bienes y servicios globales ha venido de la mano de los países más acaudalados, con el consecuente crecimiento en la acumulación de gases con efectos nocivos para el clima planetario, parece sensato pensar que la principal respuesta a la emergencia climática debería corresponderse con una mayor contribución por parte de estos para su mitigación. Es significativo en este sentido, que el fenómeno del cambio climático contribuye a incrementar la nada despreciable brecha entre ricos y pobres, que presenta una polaridad tal que en torno al 10% de los individuos con rentas más altas genera hasta un 45% de las emisiones contaminantes, mientras que el 50% menos afluente, genera el 13% restante (Chancel, 2017).

Adicionalmente, se da la circunstancia de que muy probablemente las crisis relacionadas con el calentamiento global y sus efectos, según el Fondo Monetario Internacional, desplegarán sus efectos con mayor concentración en los países con climas relativamente más cálidos. Dicho problema, se adiciona al fenómeno de la superpoblación mundial, impactando en aquellas regiones y núcleos urbanos altamente poblados. Lo anterior su pone un factor desencadenante del incremento de las migraciones humanas, que según las estimaciones del Banco Mundial (The World Bank, 2018), al menos alcanzarán los 143 millones de habitantes para 2050, solamente considerando regiones como India, Sur América y África. Del total de la población mundial, alrededor del 61% vive en Asia, el continente más poblado y el que mayor riesgo de inundación presenta. Solo China acoge a 1.440 millones de habitantes y la India a 1.390 millones, por lo que representan el 19% y el 18% de la población total respectivamente. De los 300 millones potencialmente afectados, 237 millones pertenecen a seis países: Bangladesh, la India, China, Vietnam, Tailandia e Indonesia. En el caso de la capital de este último, Yakarta, los resultados son especialmente catastróficos ya que se prevé la posibilidad de trasladar la capital (con una población de 30 millones de habitantes) a riesgo de que acabe plenamente hundida para el año 2050, según algunas estimaciones realizadas (Takagi, 2016).

Parece evidente en este punto, que en la batalla contra el cambio climático habrá países ganadores y perdedores, más aún si con carácter adicional a los enormes costes de transición de modelo productivo aquellos que directamente contribuyen al agravamiento del problema sufren en menor medida sus efectos. Lo anterior colocaría directamente el oneroso coste social (de la externalidad que supone el cambio climático) en los países que menos han contribuido históricamente al problema y que disponen de mecanismos más limitados para combatir sus efectos. Dicha situación produce la aparición del problema del free-rider (“oportunista”), en la medida en que se incentiva una actitud pasiva para el que puede seguir extrayendo recursos sin sufrir tan directamente el impacto, quedando a la espera de que sean el resto de los países los que den el paso hacia el esfuerzo de reducir las emisiones.

Tal y como menciona el preámbulo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: “la naturaleza mundial del cambio climático requiere la cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas y sus condiciones sociales y económicas”. El fin del Acuerdo de París consiste en lograr una transición hacia una economía sostenible de manera pacífica, ensalzando la importancia de contar con mecanismos de compensación entre economías desarrolladas y emergentes, que permita reflejar cómo en la estrategia global contra el cambio climático, se tienen en cuenta las distintas etapas de industrialización y riqueza de los distintos países.