Читать книгу Salud y asistencia sanitaria en España en tiempos de pandemia covid-19 - Juan Carlos Alvarez Cortes - Страница 191

El mutualismo administrativo establece una fórmula de colaboración entre el Sistema público y el Sector privado para facilitar la asistencia sanitaria de la población. Favorece el equilibrio entre ambos sectores.

El mutualismo administrativo gestiona la cobertura sanitaria del régimen especial de la seguridad social de los funcionarios del Estado. Las entidades gestoras son la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

El mutualismo administrativo aporta eficiencia en la prestación de un servicio público y garantiza la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Bajo este modelo, no bien visto por ciertos sectores políticos, el Estado mantiene las funciones de regulador, garante y financiador –financiación pública– de las prestaciones sanitarias, trasladando su implementación –gestión– al Sistema Nacional de Salud o a entidades de seguro libre, a elección de los asegurados. Son los funcionarios de la Administración central –funcionarios civiles del Estado, funcionarios de justicia y fuerzas armadas– los encargados de decidir de forma libre y voluntaria si quieren ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud o por una entidad aseguradora privada –centros sanitarios privados– con el mismo nivel de prestaciones. Esta última opción es escogida por aproximadamente el 84% de los funcionarios, dato que induce a pensar el grado de satisfacción de los usuarios con el modelo. Los beneficiarios eligen cada año recibir provisión pública o privada.

En 2019, la población cubierta por el sistema de mutualismo administrativo ascendió a aproximadamente 1,8 millones de personas –funcionarios– a través de las entidades gestoras MUFACE, MUGEJU e ISFAS.