Читать книгу Contra la política criminal de tolerancia cero - María Isabel Pérez Machío - Страница 9

En la resolución del Procurador del Común de Castilla y León, s/f, relativa a los expedientes 1788/2020, 1821/2020, 1844/2020, 1863/2020, 1865/2020, 1873/2020 y 1962/2020, se afirma lo que sigue:

“La organización Médicos sin Fronteras12 ha constatado directamente que muchos residentes vieron denegada la solicitud de acceso a los servicios de urgencias e ingresos hospitalarios. La población más vulnerable, al no ser hospitalizada, fue relegada al cuidado del personal de las residencias, obligadas a mantener alojados a pacientes positivos con pronóstico muy grave, pese a no tener ni la responsabilidad, ni los medios ni conocimientos para atender sus necesidades médicas. Lo que impactó directamente en la calidad y cuidados proporcionados a los usuarios y, probablemente, en bastantes casos, fue causa de fallecimientos. Testimonios recogidos por esa organización confirman la negativa del personal médico de algunos centros de salud a aceptar a pacientes de residencias y de los servicios de emergencias a enviar ambulancias, pese a que la persona para la que se solicitaba atención reunía los criterios clínicos correspondientes.

Muchas personas murieron sin un diagnóstico clínico individualizado o una alternativa de manejo consensuada con la familia y los clínicos. E, incluso, en algunos supuestos con diagnóstico de derivación (en algunas residencias privadas y religiosas que contaban con personal médico), les fue denegada alegando ‘colapso hospitalario’. Los mismos equipos de Médicos sin Fronteras han confirmado que los centros visitados carecían no solo de los equipamientos y la formación médica y emocional necesaria, sino también del número de personas y de los materiales de protección básicos, de forma que no se garantizaba la referencia hospitalaria pero tampoco una alternativa, ni el consentimiento informado del paciente sobre las practicas que debían realizársele, ni el respeto a su autonomía y dignidad, ni sus últimas voluntades, ni la despedida de sus familias. Hubo fallecimientos en soledad, incluso deshidratados, en agonía (por distres respiratorio) y sin cuidados paliativos.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Gobierno estatal, entre 27.000 y 33.000 personas residentes fallecieron sin ser trasladadas a un hospital. En esa situación, el virus se fue extendiendo rápidamente entre residentes y personal, con el inaceptable resultado de un altísimo número de contagios y fallecimientos…

Debemos, pues, insistir en que las personas que enferman en un centro residencial tienen derecho a la atención sanitaria pública. No es admisible que sean privados por su edad avanzada de la asistencia sanitaria en condiciones de igualdad con el resto de la población. Debe proporcionarse, pues, en los centros residenciales la atención médica adecuada y asegurarse la derivación hospitalaria de los enfermos cuando sea necesaria…

Sin embargo, especialmente en las primeras semanas de la crisis, no se tuvieron en cuenta las necesidades físicas, cognitivas y emocionales de las personas aisladas, lo que pudo poner en peligro su salud en todos los demás aspectos no relacionados con la propagación del virus. En el campo de la salud mental, por ejemplo, hay estudios que indican que un 30% de las personas mayores en residencias tienen síntomas de depresión o de ansiedad; de estas, el 30% tienen criterios de enfermedad depresiva o ansiosa. Si se incluye la demencia, hasta un 80% de los mayores residenciados tendrían una enfermedad mental o neurológica diagnosticable. De ahí que sin duda el miedo y la incertidumbre (prolongados por el aislamiento), la soledad y la ruptura de las rutinas, tuvieron que tener un impacto importante en los estados de depresión y de ansiedad comunes a los residentes de estos centros.

Lamentables y totalmente rechazables son, por otra parte, los hechos constatados por dicha Organización: ‘La forma rápida de aislar, sin considerar la convivencia y los cuidados dignos, consistió en mantener a los residentes en sus habitaciones, anulando toda posibilidad de salir a los pasillos y a las áreas comunes. Los casos considerados como positivos en COVID-19, ya fuera por síntomas o por diagnóstico, eran marcados en las puertas para que el personal que debía atenderlos fuera consciente de la necesidad de utilizar allí las medidas de protección asignadas. Los pasillos se convertían así en una sucesión de puertas cerradas, algunas de ellas con llave para contener a las personas más díscolas o más difíciles debido a su estado cognitivo, o que no llegaban a entender lo que sucedía y se rebelaban. En algunos sitios, estas personas pasaron así varias semanas y nos han reportado casos de residentes con deseos de morir que dejaron de comer y de tomar la medicación, que se encontró escondida una vez fallecidos’”.

La morbilidad en las residencias de ancianos de Castilla y León:

MORBILIDAD SEGÚN LA TITULARIDAD DE LOS CENTROS RESIDENCIALES DE PERSONAS MAYORES (30/06/2020)

	CENTROS	OCUPACIÓN INICIAL	%	CONFIRMADOS	%
PÚBLICA	199	10.886	25,4%	2.063	25,5%
PRIVADA	501	31.973	74,6%	6.025	74,5%
TOTAL	700	42.859	100%	8.088	100%

Fuente: Procurador del Común de Castilla y León.

Éste es el resumen de un modelo de negocio.