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3.4. Colaboración con otros departamentos corporativos

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Si bien la integración con el negocio es esencial, no lo es menos la necesaria colaboración con otros departamentos corporativos que juegan también un papel importante en el diseño y la ejecución de la estrategia de la empresa. En particular, los equipos de Auditoría Interna, Control y Finanzas cumplen funciones de identificación y cuantificación de riesgos que son complementarias a la función de la Asesoría Jurídica en materia de gestión de riesgos, razón por la que es prioritario mantener cauces continuos de intercambio de información y consulta entre la Asesoría Jurídica y cada uno de estos equipos.

Del mismo modo, los departamentos de Reputación Corporativa y Relaciones Institucionales (“Public Policy”) son aliados naturales de la Asesoría Jurídica:

En mi experiencia, resulta determinante que la Asesoría Jurídica colabore estrechamente con el departamento de Reputación Corporativa en varios frentes a fin de conseguir la mayor efectividad posible en el desempeño de sus funciones respectivas: es habitual que ambos departamentos trabajen juntos mano a mano a la hora de modular conjuntamente aquellos mensajes y comunicaciones públicas o dirigidos a empleados que puedan tener implicaciones jurídicas. Pero la colaboración no debe terminarse ahí. Es aconsejable que la Asesoría Jurídica y el departamento de Reputación Corporativa elaboren de forma conjunta estrategias de comunicación pública destinadas a afrontar ciertos retos regulatorios o de cumplimiento que puedan tener impacto reputacional o dirigidas a influir la opinión pública en una determinada dirección en relación con este tipo de retos o, al menos, diseñadas para contrarrestar una cierta percepción pública negativa sobre la empresa que a su vez podría llamar la atención del regulador. Es también una buena práctica que el Departamento de Reputación Corporativa cuente con un plan de crisis para situaciones de emergencia en el que se involucre activamente a la Asesoría Jurídica.

Otro equipo interno con el cual la Asesoría Jurídica debe asegurarse una colaboración estrecha es el equipo de Relaciones Institucionales. De hecho, no es infrecuente encontrar en la práctica casos en que dicho equipo depende del Director de la Asesoría Jurídica. La línea divisoria entre las funciones de uno y otro equipo no es siempre fácil de trazar, pues existen áreas de intersección entre ellas. Los interlocutores externos de ambos equipos (legislador, reguladores y asociaciones sectoriales) son muchas veces comunes, lo que contribuye a posibles solapamientos. Por ello, ambos equipos se deben esforzar en trazar y respetar dicha línea divisoria así como identificar las áreas de intersección en las que se ha de trabajar conjuntamente y hacer un esfuerzo recíproco de coordinación. Un mecanismo habitual que suele dar buenos resultados para facilitar esta colaboración es la fijación de objetivos comunes, de los cuales ambos equipos serán igualmente responsables.

Los posibles solapamientos entre ambos departamentos tienen lugar, habitualmente, en torno a proyectos de normas y la relación con los reguladores. Ello es así porque la función del departamento de Relaciones Institucionales consiste, en parte, en detectar con suficiente antelación la existencia de borradores legislativos que puedan afectar al negocio de la empresa, informar con prontitud a los stakeholders internos sobre el contenido de dichos borradores y su posible impacto en la compañía y la estrategia empresarial y hacer oír la visión de la compañía frente al legislador –directamente o a través de asociaciones sectoriales– a fin de influir en dicha normativa de forma que se favorezcan o al menos no se perjudiquen los intereses de la empresa. Asimismo, en ocasiones, la función del Departamento de Relaciones Institucionales va más allá y éste adopta un papel proactivo dirigido a promover la eliminación de obstáculos de tipo regulatorio a la actividad de la empresa, normalmente a solicitud del negocio y, en ocasiones, de la propia Asesoría Jurídica, que debe lidiar con dichos obstáculos en su quehacer diario.

Pues bien, en el desempeño de ambas funciones (reactiva y proactiva), la Asesoría Jurídica es un aliado fundamental, por diversos motivos: de una parte, por su formación técnica y su proximidad al negocio, está en una posición privilegiada para interpretar el impacto que los borradores normativos puedan tener en la empresa y su estrategia futura. De otra parte, la Asesoría Jurídica está habituada a formular soluciones orientadas a negocio y puede ser de gran ayuda para diseñar propuestas normativas alternativas que se adecuen a los fines perseguidos en el borrador de norma mientras se preservan los intereses de la empresa. En mi experiencia, no es infrecuente que sea la Asesoría Jurídica, a través de sus propios medios y gracias también al apoyo de su red de despachos de abogados externos, quién haga saltar las alarmas e identifique proyectos de normas que puedan tener impacto en el negocio y que quizá hubieran podido pasar desapercibidos a primera vista, con lo cual juega un papel complementario.

Además, como decíamos antes, muchas veces los interlocutores externos de ambos equipos son los mismos ya que la Asesoría Jurídica mantiene también contactos frecuentes con los reguladores en relación con todo tipo de expedientes jurídicos (requerimientos de información, inspecciones, procedimientos sancionadores, etc.), motivo por el que es también esencial que ambos equipos compartan sus agendas de reuniones con los reguladores, se coordinen en cuanto a los objetivos y mensajes de dichas reuniones y se apoyen recíprocamente cuando sea conveniente. Es más, mientras la Asesoría Jurídica debe mantener su independencia de criterio a la hora de determinar la estrategia a seguir en relación con dichos expedientes (es decir, qué alegaciones realizar, qué recursos interponer, en su caso, etc.), es aconsejable que consulte su estrategia jurídica con el Departamento de Relaciones Institucionales en la medida que ésta pudiera impactar en los objetivos de la empresa en relación con borradores de normas que el regulador en cuestión pueda estar tramitando o en los que pueda tener influencia.

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