Читать книгу El gobierno de la función legal en las organizaciones - Miguel González Inés - Страница 44

La preocupación por el cambio climático ocupa un papel cada vez más central en las agendas de gobiernos, instituciones y empresas a nivel global, en gran parte debido a la creciente presión que ejercen los ciudadanos de los distintos países, determinadas organizaciones sin ánimo de lucro centradas en el medioambiente, y cada vez más inversores, proxy advisors y fondos activistas.

Cabe citar como ejemplos recientes las duras críticas vertidas por el fondo activista Engine No. 1 contra ExxonMobil por haber establecido objetivos poco ambiciosos en relación con la reducción de emisiones, o el voto en contra de más del 60% de los accionistas de la empresa minera anglo-australiana Rio Tinto, entre los que se encuentra del Fondo Noruego de Pensiones, al informe de remuneraciones de la compañía, tras la voladura de dos cuevas aborígenes en Australia para expandir las operaciones de extracción de hierro.

Por su parte, Larry Fink, presidente y CEO de Blackrock, en su carta a los CEOs de 20212, destaca que el riesgo climático es también un riesgo de inversión, que está provocando que los inversores reevalúen los supuestos básicos sobre las finanzas actuales debido al impacto del riesgo climático tanto en “nuestro mundo físico” como en “el sistema global que financia el crecimiento económico”. Por ello, avisa de su intención de tener en cuenta los criterios medioambientales y el riesgo climático a la hora de invertir en las compañías y predice que en un futuro muy cercano “habrá una importante reasignación de capital” y que “las empresas que no se están preparando con la suficiente celeridad –(en referencia a la transición a una economía con cero emisiones netas de carbono)– sufrirán una penalización en sus negocios y valoraciones, a medida que estas mismas partes interesadas dejarán de confiar en que estas empresas pueden adaptar sus modelos de negocio a los drásticos cambios que se avecinan.”

Los inversores esperan de las compañías no sólo que se aseguren de que la actividad que desarrollan sea respetuosa con el medioambiente, sino que se fijen objetivos específicos de sostenibilidad y que incluso la remuneración del equipo ejecutivo esté vinculada a la consecución de los objetivos concretos de sostenibilidad.

Así, cada vez son más las empresas que incluyen objetivos relacionados con el clima en los esquemas de remuneración variable de sus directivos. Es el caso de Iberdrola, con el Bono Estratégico o el Santander, con las metas de banca responsable. De hecho, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado una serie de recomendaciones dirigidas a entidades de crédito y empresas de servicios de inversión sobre la integración de la sostenibilidad en los KPIs de las remuneraciones variables.

Según Willis Towers Watson3, el 51% de las compañías del S&P 500 tiene métricas ESG en sus variables anuales, con un peso entre el 15% y 20% sobre el total del variable anual. Respecto del IBEX 35, el porcentaje es del 80%, con ponderaciones de entre el 10% y el 30% del variable anual total.

Además, algunas compañías han comenzado a primar al empleado verde. En empresas de Palo Alto (California) ya se tiene en cuenta en los KPIs, por ejemplo, si el empleado utiliza vehículo eléctrico, bicicleta o uno que emita CO2, para primarles o no. Pero la tendencia es evaluar no sólo los indicadores que midan el impacto en el medioambiente de la propia compañía, sino también el impacto de la cadena de suministro.

Pero no sólo son los inversores los que presionan a las empresas para avanzar en materia de sostenibilidad. Como ya se ha adelantado en el apartado anterior, el 11 de diciembre de 2019 la Comisión Europea presentó el Pacto Verde Europeo, a modo de hoja de ruta para la sostenibilidad de la economía de la UE, impulsando el uso eficiente de los recursos para conseguir una economía limpia y circular y detener el cambio climático, revertir la pérdida de biodiversidad y reducir la contaminación, abarcando todos los sectores de la economía y, en particular, el transporte, la energía, la agricultura, los edificios y las industrias. La finalidad última es ser el primer continente climáticamente neutro en 2050. Como parte del Pacto Verde Europeo, la Comisión puso en marcha en 2020 el Pacto Europeo por el Clima, para implicar a los ciudadanos y las comunidades en la acción por el clima y el medio ambiente.

El 14 de julio de 2021, la Comisión Europea adoptó una serie de medidas legislativas destinadas a alcanzar un objetivo de reducción del 55% de las emisiones netas de gases con efecto invernadero respecto de 1990 y la neutralidad climática en 2050, que tendrán un efecto considerable en las empresas y en los ciudadanos de la UE.

Para algunos países e inversores, especialmente nórdicos, la protección de la biodiversidad está creciendo como una prioridad alta en conjunto con la reducción de carbón. Los consejos necesitan nombrar consejeros que sepan cómo monitorizar la transición a una economía low-carbon. Los accionistas se están volviendo cada vez más insistentes en que las compañías informen de cómo están teniendo en cuenta los riesgos de cambio climático, y cada vez están más preparados para votar contra los consejeros si ha habido un fracaso colectivo en hacerlo.

La implementación de criterios de sostenibilidad también se está reflejando en la financiación de las empresas. El sector financiero está incorporando criterios de monitorización y selección de la financiación vinculados a factores medioambientales y climáticos, a exigencias de buen gobierno y buenas prácticas en los órganos de administración de las empresas e instituciones que financian, especialmente en determinados sectores como los de la energía, el tratamiento del agua y residuos, las infraestructuras, la construcción, el transporte y otros sectores potencialmente contaminantes. Es la denominada Financiación Verde y Sostenible.

Por su parte, en julio de 2021, la Comisión Europea ha publicado una propuesta para regular los bonos verdes europeos, para impulsar las emisiones de deuda con criterios medioambientales. La norma obliga a dedicar todo el capital obtenido con la emisión a financiar actividades económicas que sean sostenibles y cumplan con los requisitos de taxonomía de la UE y se espera que contribuya a abaratar el coste de las emisiones.

A la luz de todo ello, los consejos deben asegurarse cada vez más de que los asuntos relacionados con el medioambiente y el clima se incorporan y abordan debidamente en las reuniones del consejo, si los objetivos de sostenibilidad forman parte de la estrategia de la compañía, si se han implantado los mecanismos adecuados de supervisión en estas materias, si se tienen datos adecuados y suficientes en comparación a los competidores y cómo se reportan, y si se tienen en consideración los intereses de los stakeholders más allá de los accionistas cuando se elaboran iniciativas ESG.