Читать книгу El gobierno de la función legal en las organizaciones - Miguel González Inés - Страница 46

El principal problema con el que se encuentran los inversores y otros stakeholders de las compañías es poder comparar la información no financiera de las empresas, ya que hasta la fecha no existía la obligación de presentar la información a los mercados de forma homogénea. Existe una necesidad urgente de armonizar el alto número de metodologías de reporting alternativas. La exigencia de los inversores es “números y no palabras” para ayudar a la comparativa y la verificación independiente de los datos.

El esfuerzo global para identificar y reportar riesgos materiales de ESG ha resultado en la proliferación de los estándares de reporting. En 2020, los autores de los mayores estándares y marcos de divulgación de sostenibilidad anunciaron su intención de trabajar conjuntamente para crear un sistema completo de reporting corporativo. De esta forma, los inversores podrán disponer de las herramientas necesarias para comparar la información sobre los riegos materiales de las empresas, incluyendo los riesgos ESG.

Estos estándares facilitarán el aseguramiento, implementación y digitalización utilizando un estándar de taxonomía y datos estructurados. La Fundación de Estándares Internacionales de Reportes Financieros (IFRS) tendrá que incorporar orientaciones sobre la materialidad del riesgo climático y las formas en las que ha de reflejarse en los estados financieros.

En palabras de Larry Fink en su carta a los CEOS5: “para valorar los riesgos de sostenibilidad, es necesario que los inversores tengan acceso a información pública coherente, de elevada calidad y relevante. Por ello, el año pasado solicitamos a todas las empresas que divulgaran información de conformidad con las recomendaciones del Equipo de Tareas sobre la Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) y el Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (Sustainability Accounting Standards Board, SASB), que abarca un abanico más amplio de factores relevantes en materia de sostenibilidad. El progreso que hemos observado en el último año —un incremento del 363 % en la presentación de información de conformidad con los estándares del SASB y la aceptación por parte de más de 1.700 empresas de divulgar información en línea con las recomendaciones del TCFD— es para nosotros sumamente halagüeño…”

Numerosos inversores han presionado para que los emisores se adhieran a SASB y TCFD, mientras que IFRS ha anunciado que desarrollaría su propio estándar de sostenibilidad e IIRC se ha fusionado con SASB para formar la “Value Reporting Foundation”.

Por su parte, la UE ha establecido la Taxonomía para proporcionar a las compañías, instituciones financieras e inversores un lenguaje común para identificar en qué grado las actividades económicas pueden ser consideradas “ambientalmente sostenibles” como parte del Pacto Verde.

Se enfoca en umbrales de desempeño para seis objetivos clave ambientales, exigiendo una actividad económica sostenible que contribuya al menos a una de ellas sin dañar el resto: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección del agua y recursos marinos, transición a la economía circular, prevención y control de la contaminación y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

La regulación es aplicable a los gestores de activos con un producto financiero que tenga la sostenibilidad ambiental como objetivo o promueva aspectos ambientales y a los estados miembros y a determinadas grandes empresas, pero continuará con exigencias a otros partícipes de los mercados financieros y emisores que busquen atraer capital enfocado en la sostenibilidad y se espera que conlleve mayores exigencias de información.

Las obligaciones de información en relación con la mitigación de cambio climático y objetivos de adaptación serán de aplicación desde el 1 de enero de 2022 y los requisitos relativos a otros objetivos ambientales a partir del 1 de enero de 2023.

Los consejos de las empresas deberían esperar empezar a ser considerados responsables de la divulgación en materia de sostenibilidad por parte de los stakeholders.