Читать книгу El gobierno de la función legal en las organizaciones - Miguel González Inés - Страница 48

En las últimas décadas, hemos presenciado la proliferación de inversores activistas que buscan compañías con baja rentabilidad y una gestión mejorable, para, a través de una participación en el accionariado, presionar al equipo ejecutivo para que lleve a cabo determinados cambios en la gestión de la empresa. Tras un cierto parón durante la parte más dura de la pandemia, se espera un incremento de la actividad del activismo y una mayor exigencia en materia de asignación de capital y métricas clave de negocio, dado el elevado volumen de capital disponible y la consiguiente búsqueda de operaciones.

Hedge funds activistas como Elliott Management, fundado por Paul Singer, están ejerciendo cada vez más influencia en determinadas empresas y están provocando cambios en la estrategia de las empresas y en la composición de los equipos gestores.

Por otro lado, se ha incrementado exponencialmente el tamaño e influencia de inversores institucionales en compañías cotizadas. BlackRock controla más del 5% de acciones en más de la mitad de todas las compañías listadas del mundo, mientras que Vanguard también lo hace en más del 40% de empresas. Aunando el volumen de las tres gestoras de activos más grandes del mundo (que representan más de USD 8 trillones de activos bajo gestión), consiguen ser el mayor accionista en, al menos, el 88% de empresas del S&P 5006.

Los activistas en Europa están buscando cada vez más tomar el control de las empresas cuando están en desacuerdo con la estrategia o la dirección de las mismas (incluyendo operaciones de M&A y compañías de capitalización mediana). Los principales focos en 2020 por orden de importancia fueron las fusiones y adquisiciones, los cambios en el consejo, la estrategia y operaciones, el retorno de capital, el gobierno corporativo y el cambio de gestores.

Los inversores están aumentando el escrutinio en materia de compensación de los ejecutivos, especialmente a raíz de la pandemia, con la concesión de ayudas públicas, despidos, tratamiento de la salud de los empleados, etc.). Los consejos deberán considerar los riesgos reputacionales que acompañan a las decisiones sobre las remuneraciones de los ejecutivos, en particular cuando se cumplan los objetivos financieros vía despidos u otras medidas que afectan a los empleados. La inclusión de métricas medioambientales y sociales en las decisiones de compensación servirán como referencia para valorar si el consejo ha integrado realmente estos parámetros en su estrategia.