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3.2. Derecho público digital

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La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a la actividad de las Administraciones públicas, tanto la europea como las de los Estados miembros, crea una problemática singular respecto a los límites legales y éticos que han de considerarse aplicables, legales y éticos, en los términos que se analizan más adelante (Infra Tercera Parte).

Esta problemática gira alrededor del uso de Big Data en un nuevo Derecho público que en consecuencia debe regular el uso de la inteligencia artificial y con ella las decisiones algorítmicas que puedan afectar las políticas públicas y su política de transparencia. Singularmente en tres áreas: salud pública, fiscalidad y educación.

En la actualidad la transición hacia una Administración pública completamente digitalizada presenta desafíos de gran calado, tecnológicos, presupuestarios y de selección de herramientas que eviten vulneren derechos individuales de los ciudadanos.

Esta transición se encuentra, a día de hoy, acelerada por el contexto pandémico.

Un singular desafío para el Derecho europeo y para las jurisdicciones estatales, en cuanto no existe una competencia exclusiva de la Unión, deriva de la globalidad o no territorialidad de los datos que exige encontrar soluciones a fin de crear un concepto de territorialidad dinámica dirigida a la busca y en su caso control o incautación de la información digitalizada.

Tras la declaración de Tallin sobre una Administración digital, los 27 realizaron en marzo de 2021 una manifestación conjunta en apoyo de la década digital 2020-203040.

Se volverá sobre ambas cosas.

El Derecho privado europeo en la transformación digital

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