Читать книгу Peritos ambientales - Ana M. Vidal de Lamas - Страница 36

Como consecuencia directa de la reforma constitucional de 1994, el Congreso comenzó a sancionar las leyes de presupuestos mínimos previstas en el artículo 41, destacándose la Ley 25675, verdadero marco general para la política ambiental y la actuación del Estado en defensa de los intereses colectivos y los recursos naturales, incluyendo un papel tutelar y proactivo para los jueces en causas ambientales, ya no como árbitros imparciales en disputas bilaterales, sino como defensores del bien común (56).

Una simple revisión del crecimiento de causas judiciales en todo el país, desde la puesta en vigencia de la Ley de Presupuestos Mínimos hasta el presente, es un reflejo claro de este fenómeno. Las causas han involucrado conflictos urbanísticos, por el uso de suelos o por edificaciones en contravención a las normas de zonificación, cuestiones rurales relacionadas con los desmontes o las amenazas a los bosques nativos, conflictos por el uso de aguas compartidas, impactos ambientales derivados de diferentes actividades extractivas (hidrocarburos y minería), manejo de sustancias peligrosas, derechos de los pueblos originarios, hasta los impactos de grandes obras de infraestructura en contextos de planificación a una escala estratégica.