Читать книгу Peritos ambientales - Ana M. Vidal de Lamas - Страница 42

Promediaban los primeros años del milenio y Argentina se recuperaba ya de la implosión socio-económica de los años 2001-2002. Con un contexto internacional favorable, venía con tasas de crecimiento más que alentadoras. El complejo hidroeléctrico binacional Yacyretá se aprestaba a concluir con las etapas retrasadas durante los años anteriores, incrementando la potencia instalada con el fin de aproximarse a la capacidad original de diseño. A esos efectos, la administración de la entidad procedió al paulatino llenado del embalse con el fin de elevar su cota. Se procedió al avance con el traslado de afectados en el margen derecho más bajo del Río Paraná, previas las indemnizaciones del caso, no exentas de los conflictos socio-ambientales asociados y polémicos.

El llenado del embalse coincidió con una elevación llamativa de los niveles promedio de los Esteros del Iberá, situación que produjo una consternación generalizada entre diferentes actores de la sociedad civil en Corrientes, incluyendo productores agropecuarios, empresas forestales y ganaderas, ONG vinculadas a la conservación ambiental y algunas reparticiones de la propia administración pública correntina.

El municipio de Ituzaingó, comuna más cercana a las obras, al embalse y al propio río, también mostró su preocupación por el crecimiento de los niveles de agua en los esteros y la posibilidad de un vínculo causal directo entre el llenado del embalse y el crecimiento de la cota en el humedal aledaño. Tal fue la consternación de la comuna que su titular, en defensa del patrimonio colectivo potencialmente afectado, interpuso un recurso de amparo para prevenir el potencial daño al ambiente ante la Corte Suprema de Justicia, atendiendo a su competencia originaria y tratándose de un conflicto entre el Estado nacional, una provincia y un municipio, siguiendo las reglas en materia de competencia establecidas en la Constitución nacional.

Esta acción de amparo en sí no prosperó, entre otras razones, por la enorme incertidumbre científica en torno a la hipótesis de traspasamiento que subyacía en el reclamo de la ciudad de Ituzaingó, y la dificultad de acreditar el peligro en la demora y la relación causal y los riesgos más bien obvios que podrían surgir de la relación causa y efecto entre el llenado y el efecto directo sobre los esteros (73).

El amparo, cabe recordar, es un remedio procesal de urgencia que, para prosperar en la Justicia, requiere que se cumplan 3 condiciones en forma simultánea: 1) menoscabo o amenaza cierta, verosímil e inminente a un derecho constitucional amparado, como es el caso del derecho a un ambiente sano, 2) que la amenaza sea grave e inminente y en su caso pueda ocasionar un daño irreversible que no admita dilaciones o demoras, y 3) que no exista otro remedio procesal que pueda lograr un resultado similar.

El verdadero talón de Aquiles con la acción incoada por la Municipalidad de Ituzaingó era la enorme dificultad de demostrar la urgencia del caso y la verosimilitud del potencial daño a los Esteros del Iberá, precisamente con la enorme incertidumbre que rodeaba el caso y la dificultad de justificar cualquier tipo de medida judicial sin tener elementos de prueba que justifiquen su dictado. En función de ello, el amparo fue rechazado por la Corte, no siendo considerados suficientes los argumentos esgrimidos con base en los Principios Precautorio y Preventivo invocados por la parte actora.

En paralelo a estos acontecimientos, las diferentes organizaciones vecinas preocupadas por la hipótesis de un incremento vertiginoso en el nivel de los esteros, ya sea por los impactos en la actividad turística, por los perjuicios a la ganadería, por la inundación de campos forestales, o por las consecuencias imprevisibles sobre el ambiente de un humedal de importancia central para la región, comenzaron a gestar encuentros con las autoridades de la EBY, de la cartera de energía de la Nación, y con referentes provinciales, tales como el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente.

Una ONG ambientalista, la Fundación Vida Silvestre Argentina, junto a otros actores locales, ocupó un papel central en la articulación de esfuerzos y reclamos de personas, organizaciones y entidades bien diferentes entre sí y con intereses primarios muy divergentes, aunque con una convergencia en una preocupación centrada en los efectos negativos de un trasvase de aguas por efecto de la mayor presión y volumen desde el embalse hacia los esteros.

En un primer momento, luego de encuentros tanto informales como formales entre las partes, con un involucramiento de autoridades provinciales y locales, y la participación de referentes de la comunidad científica relacionados con la cuestión, se fueron consolidando posiciones diferentes en torno a la polémica, con una suerte de consenso esencial respecto de la hipótesis de un eventual trasvasamiento de aguas desde el embalse hacia los esteros aguas abajo.

Por un lado, las autoridades de la EBY y otros referentes de la cartera energética de la Nación negaban rotundamente cualquier posibilidad de fuga de agua desde el embalse hacia los esteros, ya sea por debajo del albardón costero del margen izquierdo de la presa, ya sea por fracturas estructurales en la roca basáltica sobre la cual se asentaba la estructura de la presa. Por otro lado, sin embargo, las diferentes organizaciones potencialmente afectadas por los cambios en el nivel de agua de los esteros esgrimían argumentos de peso con mediciones y estudios de las series históricas de datos hidrometeorológicos que reflejaban una correlación más que sugestiva entre el llenado del embalse y los cambios de niveles en los esteros.

Como suele suceder en estos casos donde confluyen diferentes saberes de las ciencias naturales con el derecho, los elementos de prueba que cada parte esgrime son sometidos al riguroso debate y contraste con estudios, metodologías e hipótesis de trabajo que, en la mayoría de los casos, requieren de extensos y detallados trabajos de evaluación y estudio para arribar a conclusiones definitivas.

En procura de soluciones al interrogante sobre el eventual trasvasamiento y sus causas, los diferentes sectores preocupados iniciaron una tarea de investigación, en parte policial, en parte científica, en parte de revisión de documentos históricos, incluyendo entrevistas y conversaciones con quienes protagonizaron los primeros estudios y trabajos geotécnicos y de ingeniería, con el fin de juntar información y datos que pudieran ilustrar o brindar pistas sobre la hipótesis del trasvasamiento y sus posibles causas.

La inicial negativa tajante y terminante de la EBY a considerar o contemplar la posibilidad de un trasvasamiento parecía más una negativa formal y leguleya que una respuesta ponderada o razonada, que obedecía quizás más a una exigencia institucional que a una ponderación razonada de los hechos, con base en sus propios méritos y datos empíricos. Tampoco ayudaba demasiado la historia del emprendimiento desde la década del setenta, rodeada de rumores de corrupción y manejos poco transparentes en los estudios técnicos, licitaciones y procesos de expropiación (74).

En función de la hipótesis del trasvasamiento, se tomó contacto con profesionales y técnicos que participaron en etapas anteriores e iniciales de las obras, en las instancias de factibilidad y estudios de campo, incluso con revisión de documentos y estudios de los primeros tiempos del emprendimiento, en un intento de «reconstruir« su historia desde la perspectiva de los múltiples actores técnicos, empresarios y referentes políticos involucrados (75).

Planteado en estos términos el conflicto y fuera de la vía judicial frustrada en un primer momento, en parte a instancias de las autoridades correntinas, en parte por un cambio en la política de la EBY, relacionada por las miradas críticas que recibía el organismo de algunos organismos multilaterales por otros conflictos socio-ambientales, tales como los mencionados reasentamientos de pobladores, tanto en Argentina como en el Paraguay, se desarrollaron una serie de reuniones de intercambio de datos e información entre referentes técnicos de ambos lados.

Más allá de las fuertes tensiones entre los actores en estos encuentros, tanto por su intensidad, como por la pasión puesta en juego, se fue gestando un consenso en cuanto a la existencia de una hipótesis, afirmada por algunos y negada por otros, que, para ser probada o desestimada en forma contundente, precisaba una mayor cantidad de información de la que disponían los actores en esa instancia. Nuevamente, y al igual que en el caso River descripto en las páginas anteriores, se hizo presente el fenómeno de la incertidumbre científica y la necesidad de aportes desde la academia para desentrañar el misterio.

Aparecía también un elemento no menor a la hora de ponderar la información y los datos sobre la mesa de debate: la dificultad de contar con elementos objetivos o cierto grado de imparcialidad entre todos los antecedentes esgrimidos. La mayoría abrumadora de los estudios y antecedentes disponibles se encontraban teñidos de una parcialidad por el vínculo con una u otra de las partes en la disputa.

Por la gravitación que tuvo y tiene Yacyretá en la economía regional, casi todos los geólogos, ingenieros, geofísicos u otras disciplinas científicas con experiencia y experticia en las cuestiones en debate tenían o tuvieron en un pasado no muy lejano vínculos profesionales o laborales con la EBY, y cualquier opinión que pudiesen aportar al debate quedaba de inmediato teñida de parcialidad. Similares objeciones y con iguales argumentos de justicia se hacían a quienes efectuaban aportes o brindaban informaciones contrarias a la Entidad, por el riesgo de una subjetividad militante que quitase validez a cualquier sustento técnico que pudieran tener.

Atento a esta situación estancada, surgió una propuesta superadora y de consenso con pocos antecedentes en Argentina, consistente en efectuar un llamado a investigadores o instituciones técnicas que reuniesen las condiciones de solvencia y excelencia técnica debidamente reconocidas, y de no haber tenido hasta ese momento ningún vínculo profesional o comercial con ninguna de las partes, recibiendo una remuneración a ser acordada por ambas partes en conflicto, pagadero por partes iguales, mediante un aporte irrevocable a un fideicomiso bajo la administración del Banco de Corrientes.

Con este mecanismo fiduciario, se buscó mantener distancia entre los eventuales ganadores de lo que era en rigor de verdad una verdadera pericia técnica compleja y por demás controvertida, separando su ejecución de cualquier vínculo administrativo o financiero de quien «pagaba« la labor, una crítica permanente hecha hacia la EBY e indirectamente al Estado nacional, desde los mismos inicios del conflicto.

El proceso se llevó a cabo con éxito, con una activa participación de la EBY, las ONG comprometidas en su preocupación por las consecuencias para los esteros y las autoridades de la provincia de Corrientes, en cabeza del ICAA, invitándose a unas 6 o 7 empresas, universidades y centros de estudio de reconocida trayectoria a elaborar un dictamen con base en una revisión sistemática de toda la documentación «puesta en la mesa« por ambas partes a los efectos de elaborar su parecer pericial. La adjudicataria de la contratación por parte del fideicomiso podía pronunciarse por un dictamen claro y sin ambigüedades por una u otra posición, o bien podía identificar falencias o faltantes en la información de base, incluso con la alternativa de proponer estudios, pericias o trabajos técnicos adicionales con el fin de despejar las dudas y arribar a una conclusión a la controversia (76).

Así las cosas, poco tiempo después y por razones políticas definidas en el Poder Ejecutivo Nacional, en parte ligadas a las relaciones internacionales con el país vecino, en parte por la definición de maximizar la generación de energía eléctrica proveniente de Yacyretá, se definió elevar la cota del embalse para alcanzar los óptimos niveles de generación de diseño. Como consecuencia de esto, la iniciativa desarrollada con tanto esfuerzo por diferentes organizaciones ciudadanas, entes públicos provinciales, municipales y nacionales quedó inconclusa.

Pese a no haber podido concluir satisfactoriamente un proceso innovador y creativo para la búsqueda de soluciones a cuestiones ambientales complejas, signadas por altos niveles de incertidumbre científica, la experiencia deja algunas enseñanzas importantes para casos futuros. Estas son:

 Aun con diferencias e intereses políticos divergentes, fue un éxito la posibilidad de generar un ámbito de discusión e intercambio de ideas entre expertos con base en la ciencia y en el análisis de datos objetivos.

 El reconocimiento de la necesidad de contar con labores periciales independientes y dictámenes no «contaminados« con posiciones subjetivas o influenciadas por vínculos profesionales preexistentes con alguna de las partes involucradas.

 La utilización de un mecanismo fiduciario con el fin de asegurar la transparencia en el manejo de fondos asignados a un fin específico, que evita además los cuestionamientos que pueden aparecer cuando un estudio técnico es solventado por una de las partes involucradas en la polémica.