Читать книгу Peritos ambientales - Ana M. Vidal de Lamas - Страница 39

Es evidente que hay muchos otros casos de contaminación de manera gradual y persistente en los entornos urbanos, que se producen como consecuencia de actividades humanas de diferente tipo, comerciales, industriales, almacenamiento de sustancias o productos. Algunos de estos casos, en particular cuando tienen origen en actividades industriales llevadas a cabo a lo largo de mucho tiempo y luego se desactivan, ya sea por obsolescencia, ya sea por cambios urbanísticos, o por la propia evolución de la sociedad y la economía, terminan en verdaderos pasivos ambientales o «sitios tóxicos«, tal como han sido abordados en la legislación norteamericana.

Uno de los conflictos ambientales más comunes en el entorno urbano es, seguramente, la contaminación de suelos con hidrocarburos. La coexistencia de estaciones de servicio en las ciudades con otro tipo de usos urbanos lleva en forma inevitable a situaciones de tensión por contaminación del suelo en casos de derrames o filtraciones al subsuelo. En muchos casos, los conflictos son consecuencia de instalaciones antiguas puestas en servicio en tiempos en los cuales la gestión ambiental no era prioridad, o, incluso, no se conocían en detalle los efectos negativos de los hidrocarburos en el subsuelo o en aguas subterráneas.

En la actualidad, existe un énfasis regulatorio importante, tanto a nivel nacional (a través de las exigencias de la Secretaría de Energía o sus sucesores), como a niveles provincial y municipal, sobre las instalaciones de almacenaje y expendio de hidrocarburos, que, más allá de las críticas que se pueden efectuar respecto de su mayor o menor complejidad burocrática, impone miradas de control más precisas sobre la gestión ambiental, tanto desde lo público como desde el ámbito privado.

La Ciudad de Buenos Aires ha sido testigo de varios casos notorios de contaminación con hidrocarburos que han sido judicializados en diferentes instancias. El caso «Subterráneos de Buenos Aires c/Shell s/Daños y Perjuicios«, resuelto originalmente por la Cámara Civil en 1999, es emblemático de estos problemas, además de ilustrar algunas falencias estructurales en el funcionamiento de la Justicia, incluyendo las dificultades prácticas en materia pericial y la gran dificultad que tienen muchos jueces a la hora de aplicar el sentido común en sus pronunciamientos (57).

En otros casos notorios, como fue el de una estación de servicio desactivada en el barrio de Belgrano, sobre la calle Echeverría, el cierre y desconexión de infraestructura en forma apurada, desaprensiva y sin la descontaminación apropiada con el fin de autorizar rápidos cambios de uso del suelo para un aprovechamiento económico más rentable, terminó con accidentes graves, necesidad de evacuación de gente afectada e incluso con funcionarios responsables penalmente procesados. ¡Más que ser ejemplos de casos ambientales, estos merecen ser la trama de una novela policial!

Relato a continuación un caso que tiene un poco de todo lo anterior: algo de intriga policial e intentos de eludir controles por parte de los involucrados, notoriedad mediática por el lugar de los incidentes en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires, el perfil de la empresa involucrada, los rumores conspirativos respecto de los intereses en juego, la espectacularidad de las evacuaciones preventivas que se hicieron ante el temor de un accidente, y, finalmente, las pericias y trabajos de investigación técnica que se hicieron para llegar a una verdad material.

Esta historia es ilustrativa también de las reticencias que impone en muchas ocasiones el marco socio-político para llevar adelante soluciones que, pese a estar a plena vista de todos en la legislación vigente con la aplicación del sentido común, se descartan o se dejan a un lado con la excusa de que «falta una ley« o «es demasiado complejo«.

Este caso comienza con la evacuación de un edificio, prácticamente lindero a una estación de servicio, en una madrugada lluviosa, con intervención de la policía y los sistemas de defensa civil, a cargo de la Guardia Urbana de la propia ciudad. La evacuación fue preventiva y tuvo su origen en una inundación en la playa subterránea del estacionamiento del edificio, ocupado en parte con residencias y en parte con oficinas. El agua en el estacionamiento inundado tenía un fuerte olor a combustible y la administración del edificio, luego de dar intervención a las autoridades policiales, prefirió evitar en forma preventiva cualquier riesgo y evacuar a todas las personas.

Transcurría el año final del siglo pasado y las preocupaciones ambientales pasaban en aquel momento no tanto por el cambio climático u otras cuestiones globales como en la actualidad, sino por temas locales, tales como la calidad del aire o la contaminación de suelos. Los medios tomaron como emblemático el caso, por el impacto de una evacuación en una zona central de la ciudad y porque todas las evidencias apuntaban a una estación de servicio vecina, propiedad de una firma petrolera emblemática.

En un inicio, en parte como medida preventiva y en parte como necesidad política de demostrar iniciativa ambiental frente a una empresa ícono del complejo hidrocarburífero, se procedió a la clausura inmediata y preventiva de la estación de servicio, mientras en paralelo la Justicia federal abrió una causa por presunta violación a la Ley 24051 (58).

Durante las intervenciones preliminares con el secuestro de documentación en la estación de servicio, surgieron algunas situaciones curiosas con documentación contradictoria referida a las auditorías de tanques subterráneos de almacenamiento de combustibles, llamando además la atención la vehemencia con la cual los representantes y empleados de la firma petrolera negaban toda relación con la presencia de hidrocarburos en el edificio vecino, incluso con la formulación de acusaciones contra el operador del servicio de cloacas (a la sazón, Aguas Argentinas) y contra una concesionaria de autos, pendiente arriba (o aguas arriba) de la estación de servicio, ubicada en la antigua barranca del Río de la Plata. El personal de la firma operadora de la estación de servicio también acusó a una empresa usuaria de un depósito de combustible en las instalaciones ferroviarias, a pesar de que las instalaciones en cuestión, incongruentemente, se encontraban aguas abajo de la estación de servicio y del edificio afectado (59).

En función de los datos recabados, con las inconsistencias descriptas como marco de investigación, se tomaron muestras de los hidrocarburos presentes en los sótanos del edificio, enviando algunas a laboratorios de la ciudad y, en forma reservada, otra muestra a un laboratorio altamente calificado fuera de la jurisdicción, sin perjuicio de las contramuestras tomadas conforme a la ley, en poder de los operadores de la estación de servicio (60).

Con el fin de conjugar los objetivos de asegurar, por un lado, la legalidad administrativa, y, por otro, la tutela del ambiente y una ponderación de los riesgos para terceros, se hizo un levantamiento parcial de la clausura de la estación de servicio, ordenando una pericia global de los alrededores con el fin de determinar los alcances y dirección de una contaminación y su eventual pluma de contaminación.

Para llevar adelante esta labor, se formalizó un convenio con el Instituto Nacional del Agua (INA) para efectuar una caracterización del subsuelo de la zona, los niveles freáticos y la detección eventual de contaminantes, con las direcciones, intensidad y velocidades de flujo. Se planificó la tarea con perforaciones y pozos de monitoreo, aguas arriba, aguas abajo y dentro del predio de la estación de servicio bajo investigación.

Este tipo de trabajos periciales en entornos urbanos son complejos desde la logística y la ejecución, requieren cortes de tránsito en lugares concurridos y arterias principales de la ciudad, apoyo policial y mucha coordinación entre los involucrados, circunstancia nada sencilla cuando hay un conflicto de fondo por una responsabilidad ambiental y cuando además intervienen muchos organismos y prestadores de servicios públicos, dependientes de diferentes jurisdicciones (61).

Luego de varias semanas de trabajo, el INA halló una pluma de contaminación aguas abajo de la estación de servicio con hidrocarburos correlacionables con los combustibles almacenados en forma subterránea, identificando el tanque desde el cual se produjo la pérdida. La pericia era además coincidente con las muestras que el equipo de trabajo había tomado y analizado en un principio, confirmando y validando las sospechas iniciales y la hipótesis de trabajo posterior.

El caso es ilustrativo del papel clave que juegan las pericias e investigaciones científicas en casos que involucran contaminación de suelos. En el plano judicial, la causa iniciada por violación a la Ley 24051 fue archivada por las razones informales esgrimidas por los referentes del juzgado a cargo de la investigación, en coincidencia además con la posición que adoptaría la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN) en el célebre caso «Lubricentro Belgrano« en el sentido de reservar la intervención de la Justicia Federal, únicamente para casos de contaminación interjurisdiccional (62).

La titular de la estación de servicio encaró tareas de remediación, aunque no en el marco de acciones civiles conforme al Código Civil, ni en virtud de la figura de recomposición del daño ambiental establecida en la Constitución reformada en 1994. En parte esto fue producto de una decisión política de no impulsar acciones de recomposición, en ese momento histórico, poco utilizadas y desarrolladas en la Justicia (63).

Cabe recordar que los acontecimientos descriptos se produjeron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley General del Ambiente y, por lo tanto, previo a las amplias facultades concedidas a los jueces por esta en procesos ambientales. Dicho eso, no obstante, nada impedía la utilización de los remedios procesales civiles vigentes, con apoyo directo en la Constitución reformada, aplicando criteriosamente el derecho y el sentido común, incluso con antecedentes de peso ya resueltos en los tribunales argentinos.