Читать книгу El peronismo y la consagración de la nueva Argentina - Carlos Piñeiro Iñíguez - Страница 11

Junto con esa preocupación por la estabilidad del orden socio-político del país, en materia internacional la inquietud central estaba planteada en torno al “equilibrio de fuerzas” regional, que se consideraba roto por la provisión de equipamiento militar estadounidense, mediante el régimen de préstamo y arriendo, a Chile y Brasil, sobre todo a este último país.

La Argentina, tradicionalmente, había contado con un equipamiento militar que compensaba el mayor número de efectivos que podía movilizar Brasil y que superaba cuantitativamente al arsenal chileno, por lo general bastante moderno. Esas ventajas relativas eran consideradas las bases de un equilibrio de fuerzas que contribuía al mantenimiento de la paz en el sur del continente y, en el peor de los casos, aseguraba una adecuada defensa de nuestro territorio. Toda vez que las Fuerzas Armadas advertían que la modernización de equipos o la capacitación del personal se encontraban demoradas o retaceadas, se provocaba inquietud entre los cuadros. Así había ocurrido en las dos presidencias de Yrigoyen. El general Justo, tanto como ministro durante el gobierno de Alvear como luego al frente del Poder Ejecutivo, se encargó de impulsar, como ya se ha referido, ambiciosos planes de reequipamiento y modernización, y a ello debió gran parte de su prestigio y apoyo entre la oficialidad. Ortiz y Castillo mantuvieron esa política, pero en circunstancias que, a partir de la guerra mundial, dificultaron su realización.

Parte de esos planes incluyó la compra, a partir de comienzos de 1938, de treinta aviones Northrop 8A-2, versión del A-17, biplaza utilizable como caza y caza-bombardero que había entrado en servicio en el United States Army Air Corps (USAAC)¹⁰ apenas dos años antes. Estados Unidos mostraba por entonces interés en mantener buenas relaciones, lo que incluía la venta de material y adiestramiento. Para la asunción del presidente Ortiz, en febrero de 1938, en visita de cortesía y “buena voluntad”, vino al país una escuadrilla de bombarderos cuatrimotores Boeing B-17, las “fortalezas volantes”, para participar de las celebraciones. El propio Ortiz pidió luego el envío de asesores aeronáuticos estadounidenses, que se sumaron a los instructores ya presentes, y avanzó en la compra de nuevos artefactos. En marzo de 1939 llegaron a la Argentina veintidós Curtiss H75O Hawk, también de fabricación estadounidense. Se trataba de una versión avanzada de un caza cuyo prototipo había volado por primera vez en 1935, y que, bajo la denominación P-36, equipó desde 1937 las fuerzas aéreas estadounidense, francesa, holandesa y de los dominios del Commonwealth británico. Pero más ambiciosa aún que esas adquisiciones fue la producción del Hawk en la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, bajo licencia de la empresa estadounidense Curtiss-Wright. El primer FMA H75O salido de la planta cordobesa tuvo su vuelo inicial el 16 de agosto de 1940, bajo el mando del teniente primero E. Correa. El contrato con la Curtiss-Wright, la mayor empresa de aeronáutica militar en esa época, autorizaba producir hasta doscientas unidades de ese modelo en Córdoba, e incluía la fabricación local, aunque con componentes importados, del motor Wright Cyclone R-1820-G5, también utilizado por los Northrop 8A-2, lo que representaba una ventaja por la racionalización de materiales. Sin embargo, solo se pudieron construir localmente ventiún aviones H75O, ya que pronto comenzaron las dificultades para proveerse de los insumos importados, como parte de las restricciones estadounidenses destinadas a que la Argentina abandonase la neutralidad¹¹. Paralelamente, en marzo de 1942, Brasil recibió un lote de diez Curtiss P-36A del USAAC. Era el inicio de un reequipamiento militar del país vecino que, a partir de su declaración de guerra a las potencias del Eje, ocurrida en agosto de ese año, se fortalecería, al tiempo que el de la Argentina se hacía cada vez más dificultoso.

Si bien el peso de las erogaciones de defensa pasó del 17 a casi el 23% del presupuesto nacional entre 1940 y 1942, a partir de este último año comenzó a crecer la inquietud entre los mandos y la oficialidad. Todavía era significativa la ventaja naval argentina, con una Flota de Mar integrada por dos acorazados, tres cruceros, tres cruceros-acorazados, doce torpederos (destructores), seis barreminas, dos submarinos y más de otras veinte naves, entre las de transporte y las de la Flota de Ríos. Pero el material terrestre, con pocas unidades motorizadas y apenas una docena de tanques ligeros¹², era considerado insuficiente y preocupaba que, en el contexto del gran impulso dado a las innovaciones técnicas por la guerra mundial, el proceso de obsolescencia se aceleraba de manera muy marcada. A pesar de las medidas de Castillo, como la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), que proyectaba la construcción de un tanque mediano nacional, se consideraba indispensable la adquisición de material en el exterior para un reequipamiento cuya urgencia no podía aguardar la producción de los desarrollos locales.

El gobierno era consciente de esas necesidades, aunque no parecía en condiciones de resolverlas. En marzo de 1941, el Congreso estadounidense aprobó la Act to Promote the Defense of the United States (“Ley para promover la defensa de los Estados Unidos”), que por sus disposiciones sería más conocida como Lend and Lease Act (“Ley de Préstamo y Arriendo”). Por ella, el gobierno estadounidense quedaba autorizado para proveer material bélico a “naciones amigas”. Constituía la legalización de su mayor involucramiento en la guerra mundial, ya que esas naciones fueron, inicialmente, el Reino Unido, la República China y el gobierno de la Francia Libre, a las que posteriormente se agregaría la Unión Soviética. En abril de 1941, el subsecretario Sumner Welles comunicó que también los países latinoamericanos podrían reequiparse con las facilidades de esa ley. Welles incluso informó a Felipe A. Espil, embajador argentino en Washington desde 1931, que se preveía una partida de 21 millones de dólares para la Armada Argentina, si nuestra Marina estaba interesada. El embajador norteamericano en Buenos Aires, Norman Armour, en julio del mismo año informó que, en total, los fondos previstos en los términos de la Ley de Préstamo y Arriendo para los países latinoamericanos ascendían a unos 400 millones de dólares¹³. Sobre esa base, el 19 de agosto de 1941, el decreto 106.056 firmado por Castillo creó una comisión presidida por el contraalmirante Sabá H. Sueyro, quien años antes se desempeñó como agregado naval en Washington, y el general de brigada Eduardo T. Lápez para viajar a negociar la adquisición de material en esos términos. La llamada “Comisión Lápez- Sueyro” estaba integrada por oficiales de ambas fuerzas: los capitanes de fragata Harold Cappus, Aureliano G. Lares y Carlos Garzoni, y el teniente de navío Manuel N. Bianchi, por la Armada; y el teniente coronel Raúl Ruiz Díaz, el mayor Emilio Loza y el capitán Luis M. Terradas, por el Ejército. El doctor Espil se sumaría para cuidar los aspectos referidos a cuestiones de política internacional. A pesar de las expectativas, las negociaciones resultaron frustrantes: la Comisión arribó a Washington en diciembre de 1941, con el ingreso de Estados Unidos de lleno en la guerra y su nueva diplomacia presionó para obtener la ruptura de relaciones con las potencias del Eje de todas las naciones americanas. Las tratativas del canciller Ruiz Guiñazú en el marco de la Tercera Reunión Interamericana de Consulta, en enero de 1942 en Río de Janeiro, y las llevadas adelante, principalmente por Sueyro y Espil ante el subsecretario Welles, no llegaron a buen puerto. Estados Unidos reclamaba que la Argentina diese, por lo menos, algún “gesto” de alineamiento con la nueva orientación diplomática de Washington, lo que comenzó a ser puesto como condición. Una propuesta reiterada fue que buques argentinos sirviesen en tareas de protección de convoyes en el Atlántico, por lo menos hasta las costas del Brasil, lo que fue rechazado por el gobierno de Castillo, ya que implicaba dejar de lado la neutralidad. Una nota del secretario Cordell Hull, del 13 de mayo de 1942, virtualmente daba por cerrado el tema. La diplomacia estadounidense consideraba que la presión ejercida y el malestar militar consiguiente obrarían a su favor. El embajador Armour le aseguraba a Welles, en telegrama del 10 de abril de 1942, que “en el plazo de seis meses la presión ejercida por las Fuerzas Armadas habrá modificado radicalmente la política aislacionista de Castillo”. En cambio, el embajador Espil había advertido a los funcionarios del Departamento de Estado que el regreso a Buenos Aires de la delegación naval-militar sin un acuerdo, “no podía sino producir una pésima impresión en nuestras instituciones armadas, fomentando resentimientos que conviene de todas maneras evitar”¹⁴.

Ese “resentimiento” se traducía ya entonces en un fortalecimiento de las alas nacionalistas dentro de las Fuerzas Armadas, incluida la más vinculada al Eje y con mejores relaciones con la Embajada alemana. Según surge de la correspondencia de Otto Meynen, encargado de negocios del Reich en Buenos Aires, desde febrero de 1942 habían comenzado gestiones “oficiosas”, por medio de “intermediarios privados”, para estudiar la posibilidad de adquirir armamento y aviones de origen alemán. Las tratativas se intensificaron desde julio de ese año, al quedar evidenciado el fracaso de las negociaciones con Estados Unidos, y en ellas se vieron involucrados el jefe de la Policía de la Capital, general Domingo Martínez, y el jefe de la delegación comercial de España, conde Eduardo Aunós. La forma más avanzada de estas iniciativas, realizadas sin conocimiento de los respectivos ministerios, aspiraba a concertar una operación triangular, mediante la cual el material, formalmente, provendría de España. El Oberkommando der Wehrmacht (OKW, Alto Mando de las Fuerzas Armadas alemanas) recomendó llevar a la larga esas negociaciones. Más allá de la desconfianza que en Berlín generaba en ese momento la presencia del general Tonazzi, justista y pro-aliado, al frente del Ministerio de Guerra, lo cierto es que Alemania no estaba en situación de proveer a terceros de material que ya casi no podía abastecer de manera suficiente a sus propias unidades¹⁵. El relevo de Tonazzi por el general Pedro Pablo Ramírez no alteró esta última circunstancia y, aunque las expectativas de algunos oficiales en el Tercer Reich parecían inagotables, a comienzos de 1943 la guerra ya estaba decidida en su contra. En ese contexto, la expulsión del agregado naval alemán, capitán de navío Dietrich Niebuhr, por acciones violatorias de la neutralidad argentina, parecía una respuesta tibia de Castillo y su canciller Ruiz Guiñazú a las presiones del Departamento de Estado, pero que preocupaban a los más decididos a mantener la neutralidad¹⁶.