Читать книгу Prueba Digital - Gastón Andres Navarro - Страница 24

En un caso sobre administración fraudulenta (51) se presentaron como elementos de prueba varios correos electrónicos. La cámara de apelaciones elevó la causa a juicio por el delito de defraudación por administración fraudulenta. El Defensor interpuso un recurso de queja contra dicha decisión y el tribunal de Casación Penal, lo admitió por considerar que, al no haber existido orden judicial para obtener dichos e-mails, se invadió el ámbito de privacidad de los defendidos.

Así el Tribunal de Casación Penal resolvió que:

“…1 - La utilización de correos electrónicos hallados en un disco rígido como elementos de cargo para fundar la elevación a juicio por el delito de administración fraudulenta debe excluirse, dado que no ha sido peticionada su interceptación y secuestro por un juez competente, en franca violación a lo establecido por el art. 218 del Código Procesal Penal de Buenos Aires, fueron obtenidos de modo ilegal y significaron una intromisión indebida a la privacidad de las personas resguardada por los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional. 2 - Los correos electrónicos contenidos en un disco rígido deben excluirse como elemento de prueba para fundamentar la elevación a juicio por el delito de administración fraudulenta, ya que los medios técnicos que revolucionan hoy las comunicaciones quedan comprendidos en el derecho a la intimidad y, conforme ello, gozan de las mismas garantías que la correspondencia epistolar, las cuales han sido violadas al no existir pedido de intervención alguna a la autoridad judicial (del voto del Dr. Kohan)….”.

La obtención del correo electrónico y su utilización como prueba en el proceso, será admisible y contará con validez probatoria en la medida que dicha prueba se obtuviera de modo lícito.

Frente a las nuevas tecnologías, es necesario contar con autorización judicial para inspeccionar el contenido de computadoras, correos electrónicos, teléfonos celulares (52).

Por otra parte, son equiparables los correos electrónicos a la correspondencia privada, contando con protección constitucional y de los tratados de derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN).