Читать книгу Derecho y energías renovables - Germán Valencia Martín - Страница 10

Entre los principios ya consolidados que se mencionan en la LCCTE, y que tienen una peculiar relevancia en este ámbito, hay que destacar al principio de precaución o cautela, en su conexión con otro de los denominados principios por la LCCTE, esto es, “la mejor y más reciente evidencia científica disponible, incluyendo los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), de las Naciones Unidas” que proporciona la base científica sólida –como apunta la “legislación europea sobre el clima”– para adoptar apropiadas medidas y decisiones y fijar la necesaria ambición de los objetivos, aun con incertidumbre científica, elemento propio, por otra parte, del principio de cautela. Actuación fundamentada en una sólida base científica que, además, opera como mecanismo de revisión de los objetivos, rol al que luego me referiré.

Un segundo principio, de los mencionados en la LCCTE, con singular relevancia en la política climática es el de resiliencia, conectado con la necesaria reducción de la vulnerabilidad social al cambio climático (también con referencia en la LCCTE). Sin entrar ahora en todo el elenco de medidas de resiliencia puestas en marcha por la crisis sanitaria, lo cierto es que este principio tiene un particular protagonismo en el importante aspecto de la adaptación a los efectos del cambio climático19. De hecho, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia es uno de los objetivos del Acuerdo de París20. Por ello, los instrumentos generales de planificación sobre la adaptabilidad climática (el Plan Nacional de Adaptación, en primer término), así como la integración de la adaptación climática en los distintos sectores han de articular medidas resilientes a los perjudiciales efectos del cambio climático. No te trata solo de mitigar, por importante y esencial que ello sea, también es necesario adaptarnos a los eventuales efectos climáticos, teniendo en cuenta no solo nuestros derechos sino también los de las futuras generaciones.

Otros de los principios con un relevante alcance en la transición energética es el principio de neutralidad tecnológica, definido por la Comisión hace varios lustros como aquel principio que impide el fomento artificial de determinadas opciones tecnológicas en detrimento de otras21. Principio al que, sin citarlo, se refiere el preámbulo de la LCCTE al resaltar las transformaciones tecnológicas que el cambio climático y la transición energética van a producir en la industria, y a la necesidad de establecer “mecanismos de apoyo a la industria para que la transición tecnológica genere mayor competitividad y un mejor posicionamiento de la misma, y resulte en generación de riqueza y empleo de calidad”. Es uno de los principios en los que se fundamenta la senda establecida en nuestro PNIEC para alcanzar los objetivos del 203022, en el marco de la actual agenda España Digital 202523. No obstante, este principio no es recogido por el artículo 2 de la LCCTE, aunque esta disposición dedica un precepto a la digitalización para la descarbonización de la economía en la que impulsa nuevos elementos tecnológicos, como la inteligencia artificial24.

Esta ausencia en la LCCTE del citado principio me permite señalar otras. En efecto, uno de los pilares de la transición energética es la justicia social. La transición justa y todo el importante conjunto de instrumentos y mecanismos creados con este fin25 constituyen expediente justificativo más que suficiente para haber articulado un particular principio de justicia social, con una especial relevancia en la transición energética26. También el principio de integración de los condicionantes climáticos en las políticas sectoriales sirve de fundamento a buena parte de la LCCTE y, sin embargo, no ha merecido ni una simple mención que, como antes apunté, ningún esfuerzo hubiese costado teniendo en cuenta la enumeración de principios que incorpora.