Читать книгу Manual de contratación del sector público - José Luis Domínguez Alvarez - Страница 6

El sector del ordenamiento jurídico que disciplina la contratación pública regula una realidad económica considerable al mover miles y millones de euros. Esta realidad económica supone la implicación de los particulares en tareas de responsabilidad de los entes públicos ya que éstos no pueden llevar a cabo aquéllas, siempre, con sus propios medios. De esta forma, las Administraciones y demás entes públicos suelen encargar normalmente a empresas privadas la construcción de obras e infraestructuras públicas, la gestión de servicios, la prestación de actividades, el suministro de bienes, así como la realización de numerosos trabajos que implican intercambios económicos importantes. Así, mientras la administración elige al contratista para que consiga el resultado por ella querido, el contratista ejecuta la actividad a cambio de un precio. En consecuencia, ambos se convierten en colaboradores necesarios.

Ahora bien, esta relevante realidad económica exige el que deban afrontarse cuestiones jurídicas de importancia, al estar en juego la eficacia, el resultado y el buen fin del contrato, pero también el correcto destino del dinero público empleado. En suma, los dos grandes valores que están en la base del Derecho Público: la eficacia y el control. Así es, a la Administración le interesa la eficacia, la rapidez en la realización de las obras o la prestación de los servicios que encarga a los particulares y a éstos les interesa el pago en su debido momento de lo pactado. Y a todos nos interesa que exista publicidad y transparencia.

Pues bien, a fin de que estas cuantiosas inversiones se canalicen y distribuyan siguiendo criterios de transparencia e igualdad de oportunidades, las instituciones europeas y el Estado, con carácter básico, vienen dictando normas que regulan la contratación administrativa, sin perjuicio de las iniciativas autonómicas al respecto1. Normas todas que regulan distintas cuestiones esenciales como quién puede contratar y con qué garantías, cómo se selecciona el contratista, qué poderes tiene la Administración en el desarrollo del contrato, qué derechos tiene el contratista o quién resuelve los eventuales conflictos que surjan en la ejecución del contrato, etc.