Читать книгу Manual de contratación del sector público - José Luis Domínguez Alvarez - Страница 8

Desde la adhesión de España a las Comunidades Europeas, hoy Unión Europea, la normativa comunitaria ha sido el referente obligado de nuestra legislación de contratos públicos, de forma que, en los últimos 30 años, las sucesivas reformas que se han venido produciendo en esta materia han tenido como una de sus principales justificaciones la necesidad de adaptar dicha legislación a los requerimientos provenientes del derecho de la UE, y así se manifiesta también en la Exposición de Motivos de la actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público –en adelante, LCSP–.

En efecto, sin dejar de reconocerse que la legislación de contratos públicos tiene un marcado carácter nacional, sin embargo, el fundamento de muchas de sus instituciones se encuentra más allá de nuestras fronteras; en nuestro caso, especialmente, en el seno de la Unión Europea.

De otra parte, debemos tener presente que actualmente nos encontramos ante un panorama legislativo marcado por la denominada “Estrategia Europa 2020” (COM/2010/2020), dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave, ya que se configura como uno de los instrumentos que debe ser utilizado para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en el seno del mercado interior, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos. Sin duda, ello es comprensible si tenemos en consideración el porcentaje que supone la contratación pública –es decir, lo que las Administraciones públicas, empresas públicas, organismos autónomos, etc., demandan, solicitan o encargan a las empresas privadas– para el producto interior bruto (PIB) de la Unión Europea –el 18%–, aproximadamente unos 25.000 millones de euros anuales.