Читать книгу Lecciones Fundamentales de Derecho Administrativo - José Miguel Bueno Sánchez - Страница 176

Seguramente el concepto de servicio público sea uno de los más debatidos entre las instituciones que conforman el Derecho Administrativo. Para acercarnos a dicho concepto haremos una referencia, ya clásica, al «arrêt Blanco» y al «arrêt Terrier», para adentrarnos rápidamente en el concepto de servicio público en el Derecho español actual, especialmente influido por el proceso liberalizador impulsado desde el Derecho de la Unión Europea.

Pues bien, en el «arrêt Blanco», a la luz de las conclusiones del Comisario de Gobierno David, el Tribunal de Conflictos Francés el 6 de febrero de 1873 concluyó que el atropello de la señorita Agnes Blanco, producido por un vehículo de la Administración de Tabacos, derivaba de un acto de autoridad (y no de gestión privada aplicando la vieja teoría hoy superada de la doble personalidad del Estado, pública y privada, actos de autoridad frente a actos de gestión patrimonial), al considerar que los daños imputables a los empleados en un servicio público estaban sujetos a un régimen jurídico especial, propio del Derecho Administrativo, y en consecuencia los Tribunales competentes eran los contencioso-administrativos y no los civiles. En el «arrêt Terrier» el Consejo de Estado francés en 1903, confirma el criterio del «arrêt Blanco» y lo declara aplicable también en el ámbito local.

Leon Duguit, fundador teórico de la Escuela de Servicio Público en Francia, dio un paso más, afirmando que el servicio público es el fundamento de todo Derecho público, no el poder público, basándose según él el sistema administrativo en la obligación que los gobernantes tienen de satisfacer las necesidades sociales básicas, fin para el que el pueblo les designa y les otorga el poder. Para Duguit el servicio público es, en consecuencia, «cualquier actividad cuyo desempeño debe ser garantizado, regulado y controlado por los gobiernos, debido a que esta actividad es esencial para la realización y desarrollo de la interdependencia social, y es de tal naturaleza que no puede realizarse plenamente sino a través de la intervención de las fuerzas gobernantes ».

En el dictamen número 1.116/2015 del Consejo de Estado en Pleno, sobre el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público (hoy Ley 9/2017, de 8 de noviembre), se refiere al concepto de la siguiente manera cuando trata la supresión de la categoría del contrato de gestión de servicios públicos (no compartida por el Alto Cuerpo Consultivo):

«En la valoración de esta decisión normativa no puede orillarse la importancia que la noción de servicio público ha tenido y tiene en el Derecho continental, como elemento vertebrador, no solamente de la contratación, sino en general de la actividad de los poderes públicos. Desde la Escuela de Burdeos, para la que la noción del servicio público sustituye el concepto de soberanía como fundamento del Derecho público, dicha noción abarca toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y controlado por los gobernantes, porque es indispensable para la realización y desarrollo de la interdependencia social y porque es de tal naturaleza que no puede ser asegurada completamente más que por la intervención de la fuerza gobernante. –77– Pronto reflejado en la doctrina del Consejo de Estado francés (asunto Terrier, de 6 de febrero de 1903), el concepto de servicio público se traslada con naturalidad al ámbito de la contratación, en la medida en que, para hacer frente a su responsabilidad de garantizar la prestación regular a los ciudadanos de los servicios englobados en dicho concepto, la Administración, además de poder realizar la actividad por sí misma, puede asegurarse su ejecución por terceros a través de la gestión contractual. Esta ha dado lugar a la construcción de los principios inspiradores de la prestación de los servicios públicos, que de nuevo debemos, en buena medida, a la doctrina francesa y entre los que destacan los principios de continuidad, igualdad y mutabilidad».