Читать книгу Observatorio de los contratos públicos 2020 - Jose María Gimeno Feliu - Страница 17

En el marco de la recuperación post-COVID-19, el principal instrumento de actuación de la iniciativa Next Generation EU es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este Mecanismo está diseñado específicamente para financiar inversiones y reformas acordes con las prioridades políticas europeas a fin de mitigar los daños socioeconómicos provocados por la crisis de la COVID-1944.

Su objetivo es apoyar las inversiones y las reformas esenciales para acelerar la recuperación en Europa y reforzar el compromiso político de la Unión alrededor de cuatro ejes principales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

Este Mecanismo ofrece apoyo financiero para las reformas propuestas por los Estados miembros que deberán presentar sus programas nacionales de reforma. Estos planes nacionales establecerán las prioridades de inversión y reforma en cada Estado y los correspondientes paquetes de inversión que se tengan que financiar a través de este Mecanismo en ámbitos tales como el empleo, las capacidades profesionales, la educación, la investigación, la innovación y la salud, pero también en ámbitos relacionados con el entorno empresarial, incluida la modernización de la Administración pública, dando prioridad a los sectores que enfrentan los desafíos más importantes para alcanzar los objetivos en materia de clima y medio ambiente, de sostenibilidad y de transformación digital.

Así pues, teniendo en cuenta el apoyo de este Mecanismo para la consecución de los ambiciosos objetivos europeos –modelo de economía neutra climáticamente, eficiente en el uso de los recursos y circular–, la Comisión debe evaluar los planes presentados por los Estados miembros y, posteriormente, supervisar su aplicación para garantizar, en particular, que al menos el 37 % de la financiación se dedique a inversiones y reformas que apoyen los objetivos de la acción por el clima y que un mínimo del 20 % se destine a apoyar la transición digital.

Los instrumentos desde los que articular los fondos de este Mecanismo son variados (subvenciones, préstamos, contratos públicos, etc.) y cabe recordar que para su ejecución será necesario atender al Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. Este Reglamento establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y el reembolso a los expertos externos.

En todo caso, y como se viene afirmando, las inversiones recogidas en los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben ser coherentes con las estrategias a largo plazo de la Unión y, en particular, con el Pacto Verde Europeo y con las políticas de transformación digital45.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española se estructura en torno a diez políticas que conectan formalmente con los cuatro ejes principales que preconiza el Mecanismo Europeo: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial. Del total de 212 medidas previstas, y por lo que a este trabajo se refiere, se pueden destacar las siguientes:

– Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos (componente 1);

– Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (componente 2);

– Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero (componente 3);

– Movilidad sostenible, segura y conectada (componente 6);

– Despliegue e integración de energías renovables (componente 7);

– Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial (componente 9);

– Estrategia de Transición Justa (componente 10) que forma parte del Marco Estratégico del Gobierno de Energía y Clima (2019);

– Modernización de las Administraciones públicas (componente 11);

– Política Industrial España 2030 (componente 12);

– Impulso a la pyme (componente 13);

– Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (componente 16);

– Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación (componente 17);

– Plan de choque para la economía de los ciudadanos y refuerzo de las políticas de inclusión (componente 22);

– Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo (componente 23);

– Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal (componente 27); y

– Mejora de la eficacia del gasto público (componente 29).

Por lo que se refiere de manera directa a la contratación pública, cabe destacar el componente 12 que trata la figura de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) como una nueva figura de colaboración público-privada, regulada en el artículo 8 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se erige como instrumento básico para la ejecución de los distintos proyectos previstos en el Plan.

Asimismo, el componente 17 menciona brevemente las licitaciones de compra pública precomercial como herramienta para fomentar la innovación desde el sector público; si bien, el grueso en esta materia se encuentra en el componente 11 relativa a la sempiterna modernización de las Administraciones públicas46. En efecto, como parte del propósito de modernización de las Administraciones públicas, se prevé reforzar el marco de la contratación pública poniendo en marcha la Estrategia Nacional de Contratación Pública con una vigencia de cuatro años47.

Según lo dispuesto en el Plan, esta Estrategia debe abordar los siguientes desafíos: impulsar la contratación pública estratégica; construir una arquitectura para la profesionalización de los agentes intervinientes en la contratación pública; mejorar el acceso de las pymes a la contratación pública; revisar los sistemas de información de las Plataformas de contratación para disponer de más datos y de mayor calidad; promover la eficiencia en la contratación pública; impulsar la transformación digital y reforzar la transparencia, la seguridad jurídica, la supervisión y el control de las compras públicas.

Se incluye también una iniciativa singular en el ámbito de la contratación pública electrónica que consiste en el desarrollo de herramientas que permitan digitalizar la tramitación de los expedientes de contratación, así como herramientas basadas en Big Data e inteligencia artificial que faciliten la elaboración de los pliegos.

Llevar del papel a la práctica estos ambiciosos propósitos supondría el ansiado cambio hacia un modelo económico más sostenible, pero difícilmente factible sin financiación como parece deducirse de la lectura del Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde esta misma idea, la Comisión señala que la eficacia respecto del refuerzo del marco de la contratación pública en nuestro país “dependerá fundamentalmente de los recursos que se asignen a su aplicación y del grado en que la asimilen todos los niveles de gobierno”48.