Читать книгу Observatorio de los contratos públicos 2020 - Jose María Gimeno Feliu - Страница 18

Los desequilibrios generados por la globalización de los mercados requieren una reorientación de las pautas actuales de desarrollo económico al comprobar cómo alguno de los factores que han dinamizado la economía, han provocado también parte de los problemas actuales. Entre los desafíos a los que nos enfrentamos como colectividad destacan la erradicación de la pobreza y garantizar que la prosperidad y el bienestar sean sostenibles tanto para la generación actual como para las venideras.

Para afrontar estos desafíos, en el año 2000, con la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas la comunidad internacional adoptó los Objetivos de Desarrollo del Milenio para fijar medidas concretas en ocho ámbitos de actuación con el límite temporal del 201549.

A pesar de los logros cosechados, las desigualdades persisten y la sostenibilidad queda lejos de ser una realidad. Siendo conscientes de ello, y reconociendo que el reto del desarrollo sostenible requiere que se integren en él aspectos económicos, sociales y ambientales, los Estados miembros de Naciones Unidas, en septiembre de 2015, aprobaron el documento Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el propósito de establecer y desarrollar modelos de desarrollo incluyentes y sostenibles, tanto a nivel internacional, nacional como local.

Este nuevo compromiso, que consta de 17 ODS y 169 metas, implica introducir cambios profundos y acelerados en nuestro modelo de desarrollo y, de manera más específica, en distintos ámbitos de actuación. Entre estos ODS –y aun cuando todos se encuentran interrelacionados entre sí– dirijo la atención al Objetivo número 12 que tiene por objeto garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

El modelo de producción, comercio y consumo actualmente dominante parece inviable dentro de los límites del planeta. Es por ello que la promoción de un desarrollo sostenible requiere aplicar políticas que transformen los sistemas productivos y comerciales hacia modelos más responsables, más respetuosos con el medio ambiente y también con las personas.

La transformación, sin embargo, no debe proceder únicamente de políticas activas que aboguen por una estrategia de competitividad ligada a la sostenibilidad. Así pues, y aun cuando la dimensión política deviene fundamental, es igualmente necesaria la activación de la sociedad civil hacia la concienciación de un consumo responsable que provoque la modificación de los actuales patrones de consumo50.

Nuestra capacidad de compra puede convertirse en un instrumento de presión que fortalezca los bienes y servicios con un valor añadido. En este sentido, observamos que, además del importante factor del precio, en las decisiones de los consumidores influyen otros elementos tales como la calidad, la seguridad, la durabilidad de los productos y si estos son –o no– elaborados o producidos de modo respetuoso con el medio ambiente y en condiciones laborales y de bienestar animal adecuados. Asimismo, en algunos ámbitos, se han emprendido acciones dirigidas a disuadir de la compra de productos sobre los que recaen sospechas sobre sus precarias condiciones de producción y comercialización y se han llevado a cabo campañas de sensibilización en favor de productos que respetan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la cadena de producción.

La posibilidad de comprar estos productos debe abordarse también desde los poderes públicos que deben desempeñar un papel activo para cambiar las modalidades de consumo y producción insostenibles. En este sentido, la contratación pública debiera contribuir a las acciones emprendidas para alcanzar el ODS 12 y así se recoge en la meta 12.7 que lleva por título Adquisiciones públicas sostenibles.

La necesidad de un enfoque coordinado entre el ODS 12 y las medidas emprendidas a favor de una Europa sostenible exige cambios en el comportamiento de las entidades públicas como consumidores responsables, aun cuando el refuerzo de los criterios de sostenibilidad en las adquisiciones públicas aumenta la complejidad de los procedimientos de adjudicación en comparación con un escenario de compra basado en el precio más bajo. Para lograrlo será fundamental el fortalecimiento de las competencias y la profesionalización del personal dedicado a la contratación pública, fundamentalmente de los órganos de contratación.