Читать книгу Derechos humanos y empresa en el sector minero-petroleo - Luis Bustos - Страница 9

El enorme crecimiento mundial e impacto de las empresas comerciales ha supuesto un reto para los derechos humanos, el derecho internacional y las legislaciones internas de los diversos Estados del mundo. El análisis y cuestionamiento constante sobre el actuar y las responsabilidades que las empresas puedan tener en materia de derechos humanos ha llevado a la inclusión de estas como auténticos agentes responsables del impacto que sus actividades puedan causar en el entorno social en donde desarrollan las mismas y reconsiderar así el hecho de que esta sea una carga exclusivamente del Estado. El desafío que se genera es cerrar la brecha entre los procesos económicos transnacionales, por un lado, y la regulación de los deberes y las responsabilidades de las empresas y los Estados, por el otro, para proteger, respetar e implementar los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial y asegurar la responsabilidad de los autores en caso de violaciones¹.

Naciones Unidas ha pretendido hacerle frente a esta realidad mediante la incorporación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (en adelante PR) al panorama del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; un documento que ha suscitado simpatía y críticas a lo largo de estos años de implementación. Sin embargo, al erigirse como la única herramienta jurídica internacional en la materia, diversos tribunales en el mundo han venido haciendo uso de ellos para dirimir conflictos en la materia; uno de ellos ha sido la Corte Constitucional colombiana. En este acápite vamos a plantear algunos apuntes de lo que son los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, algunas de las críticas que en torno a ellos se han venido planteando y, seguidamente, mostraremos de qué manera el máximo Tribunal en materia constitucional colombiana ha venido incorporándolos a sus decisiones.