Читать книгу Contra la política criminal de tolerancia cero - María Isabel Pérez Machío - Страница 110

Las migraciones responden fundamentalmente a causas económicas. De ahí que la política migratoria española y europea del último tercio del siglo pasado acogiera con hospitalidad a la mano de obra extranjera necesaria para el desarrollo económico. Por lo mismo, cuando, en marzo de 2020, los hospitales públicos españoles colapsados por la pandemia COVID-19 necesitaron sanitarios extranjeros, se facilitó la homologación, antes obstaculizada por barreras burocráticas, de sus títulos académicos7. Simultáneamente, como el confinamiento impedía la movilidad laboral, se concedieron permisos de trabajo temporales a jóvenes inmigrantes para evitar que las cosechas de primavera se perdieran en el campo8. Cuando la pandemia pareció amainar en mayo, con el sistema sanitario restablecido y las verduras y hortalizas recogidas, el útil invitado foráneo dejó de serlo y volvió a recuperar su condición de herramienta desechable9. En el otoño, una vez confirmada la resiliencia y vigor del virus, se relanzó, para sanitarios y braceros del agro, el bucle de la hospitalidad10.

La consideración del inmigrante no requerido por la economía como convecino disfuncional e indeseado se basa en un argumentario sencillo: es mano de obra que cotiza a la baja y que acepta trabajos precarizados y salarios de subsistencia, lo que erosionará la calidad de los derechos de los trabajadores nativos11, la asequibilidad de los servicios públicos y la seguridad ciudadana.

Esta imagen desconoce que el acceso al trabajo ha devenido un bien escaso como consecuencia de las características del sistema productivo del capitalismo avanzado: protagonismo creciente del sector terciario, descentralización productiva, reestructuración del sistema industrial, etc., que generan, necesariamente, un excedente de mano de obra no asimilable. La precarización y disminución del trabajo golpea, pues, a todos. Pero se distribuye de forma desigual: la tasa de desempleo entre los inmigrantes se sitúa, en 2020, diez puntos por encima del nivel general entre la población, y, sin embargo, su contribución al sistema de SS (10%) es, en mucho, superior a su participación en el disfrute de prestaciones (entre 1,5 y 4,5%)12. La desigualdad no es solo cuantitativa: los inmigrantes, víctimas propiciatorias –y no agentes– de la marginalización y la explotación laboral, asumen porcentajes significativos de los trabajos “clave”13, de baja cualificación y peor remuneración, rechazados por los autóctonos, pero esenciales para el mantenimiento del modelo social y económico.

A espaldas de los datos, el discurso de la suspicacia se expande entre la ciudadanía, y no solo entre sus sectores privilegiados. En efecto, las viejas subjetividades sociales de clase basadas en la igualdad han sido sustituidas por “nuevas subjetividades políticas de signo identitario” que enfrentan no a los de abajo con los de arriba, sino “a los de abajo con quienes están más abajo todavía, a los pobres con los pobrísimos y, sobre todo, a los ciudadanos con los migrantes, transformados en enemigos sobre los que descargar la rabia y la desesperación generadas por el crecimiento de las desigualdades y la pobreza”14. De este modo, a pesar de la baja representación cuantitativa de las migraciones laborales en las poblaciones de acogida –el 2.1% de extranjeros proviene de áfrica y el 2,2% de Sudamérica15–, etnofobia y aporofobia crecen en simbiosis.

El movimiento Black Lives Matter ha hecho visible cómo, en USA, un racismo insoportable se yuxtapone a unos niveles de pobreza de la población negra (20,08%) que duplican de largo los de los blancos (8,1%). El discurso racista se teje sobre la inferioridad del sujeto previamente despojado, por razones económicas, de la titularidad de sus derechos: “no se trata de la biología, … sino de las condiciones históricas, materiales y educativas en las que la población negra se ha visto obligada a vivir. Esa es la base del racismo”16. En la UE el décalage económico reproduce la discriminación etnófoba. A finales de 2020, la pobreza del inmigrante ha generado un movimiento dominó determinante de la caída de sus derechos a la vivienda digna, al empleo, y al desarrollo y educación infantiles17. En España el porcentaje de extracomunitarios triplica al de españoles en riesgo de pobreza, y casi lo quintuplica en privación material severa18.