Читать книгу Contra la política criminal de tolerancia cero - María Isabel Pérez Machío - Страница 125

Toda forma de intervención social y más aún cuando se recurre a la pena, para alcanzar la protección de bienes jurídicos (seguridad), supone un coste (restricción de libertades). La pena es un mal (un sujeto en la cárcel, su familia sin protección, etc.), las medidas de intervención preventivas, también lo son y, en muchos casos, con menos garantías ante lo etéreo de las amenazas. Por tanto, es preciso comprender que cualquier medida de prevención supone un coste para los derechos individuales. Póngase como ejemplo el uso de videocámaras en las vías públicas, o las escuchas telefónicas en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción, o los acuerdos de colaboración eficaz también frente a estas formas de delincuencia. Tales intervenciones deben tener como objetivo rebajar los índices de violencia y/o delincuencia; como se ha dicho, al menos ponérselo difícil al delincuente para que no consiga sus objetivos criminales. Aunque dichas medidas pueden suponer una restricción de derechos fundamentales, se entiende que se realizan para salvaguardar un bien mayor que es evitar la dañosidad social frente a la delincuencia grave.

La ponderación permite calibrar los costes de la seguridad (cuánta libertad perdemos) frente a las amenazas que se pretenden conjurar. Técnicamente lo que se tendría que hacer es ponderar (principio de proporcionalidad) si dicha medida es adecuada, necesaria y en la medida suficiente para alcanzar dicho objetivo. Si no lo es, resulta ilegítima. Ante las diversas formas de delincuencia grave, como pueden serlo la corrupción, el terrorismo y la criminalidad organizada, puede ser ponderada la intervención penal con medidas restrictivas de derechos, siempre con el respeto del principio de proporcionalidad y judicialidad.

No es necesario caer en el dilema libertad vs. seguridad. Es posible conciliar ambos ideales, pero para ello es preciso una Política Criminal integral, global, transparente, con objetivos claros y viables, respetuosa de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales.