Читать книгу Contra la política criminal de tolerancia cero - María Isabel Pérez Machío - Страница 120

Las propuestas de Política Criminal deben partir del estudio criminológico de un particular fenómeno criminal, por lo que se trata de programas especializados para determinadas formas de criminalidad (corrupción, tráfico de drogas, violencia de género, etc.), en determinadas circunstancias de lugar y tiempo. Especial relevancia cobran en este ámbito el análisis de las estadísticas criminales, para saber de qué diagnóstico se parte. Ahora bien, es importante tener en cuenta qué estadísticas criminales se utilizan, cuál es el indicador que se ha utilizado, etc., por tanto, su tratamiento debe ser cuidadoso. De acuerdo con TORRENTE (2001, 92): “La delincuencia abarca una variedad de situaciones sociales. Unas son identificables claramente como delitos, otras son ambiguas, ambivalentes y equívocas; las hay que son complejas de definir técnicamente y otras, sencillamente, escapan del control policial. Los delitos son situaciones sociales dinámicas mientras las estadísticas son registros estáticos”. Por ese motivo las estadísticas criminales no suelen registrar los delitos cometidos por la criminalidad organizada o los vinculados a la corrupción o al terrorismo. Tampoco le es accesible la numeración de delitos financieros, por supuesto no capta la cifra negra de la criminalidad, ni los “delitos invisibles”, es decir, aquellos en los que no son perceptibles las víctimas porque obtienen un beneficio (tráfico de drogas, corrupción) o están silenciadas por la violencia física o estructural (la trata y el tráfico de personas). En suma, necesitamos el estudio de las estadísticas, puesto que se trata de evidencias empíricas imprescindibles para el diseño de la Política Criminal, pero es preciso trabajar con sumo cuidado con ellas, pues depende de su utilidad, qué organismos las elabore y cuál sea el indicador (víctima, autor, delito, etc.).

La Política Criminal como parte de las políticas públicas del Estado, especialmente encaminada a la prevención de la criminalidad, necesariamente está orientada por valoraciones acordes al modelo social correspondiente. De ahí que sea imprescindible partir de datos objetivos como son las evidencias empíricas, de lo contrario las discusiones son estériles. Como recuerda BENITO SÁNCHEZ, 2020, 27), existe un distanciamiento entre el académico y el operador político, o entre la doctrina y la legislación. Mientras la doctrina suele regodearse en el ensimismamiento de la teoría, el legislador (o el político) pretende actuar eficazmente, pero tampoco constata sus resultados. Ambos olvidan que la norma penal tiene (o debe tener) una finalidad en la realidad social, que es precisamente la contención real del crimen. En muy pocos casos, se observa en la Academia referencias a datos empíricos, el auxilio de la Criminología y, menos aún, en la política legislativa.

El gran pensador BOBBIO (2009, 429), nos recuerda que el científico y el político tienen tiempos diferentes: el primero, puede concederse tiempos largos, mientras que el segundo debe decidir en el estado de necesidad y urgencia. También sus responsabilidades son distintas. La responsabilidad de un científico es aclarar los términos de un problema, la del político es resolverlo con una decisión que no puede aplazarse de manera indefinida. Mientras que al científico le cabe el privilegio de la duda –es más, en muchos casos ha de fomentarla–, el político tiene que tomar decisiones.

Ello explica los dos planos tan divergentes en que se desarrolla la Política Criminal, pero precisamente para resolver estas divergencias es preciso un norte: los resultados, la evidencia empírica, la evaluación de las finalidades propuestas, la transparencia en la consecución de objetivos.

El punto de partida en la evidencia empírica indudablemente sienta el protagonismo de la Criminología como disciplina fundamental que nos aporta datos clave para entender el fenómeno criminal. La superación de una criminología positivista hacia el análisis crítico de todos los procesos de selectividad penal ensancha la comprensión de la delincuencia, algo eminentemente relevante cuando se trata de dinámicas que tienen causas y consecuencias transnacionales, como sucede con los fenómenos criminales más acuciantes de los últimos tiempos como el tráfico de drogas, de inmigrantes, los delitos contra el medio ambiente, tráficos de flora y fauna, etc.